LUCHA ANTIALCOHOLICA - Administración departamental / ASAMBLEAS - Facultades respecto de consumo de bebidas embriagantes

 

Ajustándose a las prescripciones legales —Leyes 88 de 1923, 88 de 1928 y 47 de 1930—, en forma ejemplar la Asam­blea prohibió en el territorio del Departamento la fabrica­ción, expendio e introducción de bebidas fermentadas que contengan ptomaínas toxinas semejantes, y dispuso que el Gobierno vigilara e inspeccionara la elaboración de aque­llas bebidas que contravengan las disposiciones higiénicas. Al prohibir un decreto de la Gobernación la introduc­ción al mismo Departamento de bebidas fermentadas, a virtud de la consideración de que tales bebidas contienen ptomaínas, no hace sino reafirmar las disposiciones de la ordenanza, por lo cual se impone la confirmación del de­creto a que se alude.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

Consejero ponente: GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS

 

Bogotá, julio veintidós (22) de mil novecientos treinta y ocho (1938)

 

Radicación número:

 

Actor:

 

Demandado:

 

El doctor Manuel Roa Bernal, en ejercicio de la acción pública, de­mandó ante el Tribunal Administrativo de Bucaramanga la nulidad del artículo 69 del Decreto número 564, de 15 de julio de 1936, dictado por el señor Gobernador del Departamento de Santander.

 

El Tribunal de primera instancia, después de haber tramitado el asun­to en forma legal, en sentencia de 20 de noviembre del mismo año, se abstuvo de resolver las peticiones de la demanda, por considerar im­procedente la acción intentada. Venido el asunto al Consejo por apela­ción de la sentencia aludida, éste revocó el fallo y ordenó devolver el expediente para que se decidiera definitivamente sobre la validez o nu­lidad del acto acusado.

 

Con fecha 9 de agosto del año pasado, el Tribunal despachó el nego­cio así:

 

"Es nulo el artículo 6° del Decreto 564 expedido por la Gobernación de Santander con fecha 15 de julio de 1936. Copíese, publíquese en la forma legal, notifíquese y si no fuere apelada la sentencia, archívese el expediente"

 

De este fallo apeló oportunamente el señor Fiscal del Tribunal, y en tal virtud han venido nuevamente los autos al Consejo, donde, surtida la tramitación de rigor, se pasa a decidir.

 

Se considera:

 

La Ley 88 de 1923 facultó a los Departamentos para prohibir la in­troducción de bebidas alcohólicas a su territorio, a condición de que eliminaran la renta de licores y suprimieran o prohibieran la produc­ción y el consumo de éstos, y así, con el fin de propender a la lucha anti­alcohólica (artículo 1°), permitió la los particulares la fabricación, in­troducción y expendio de bebidas fermentadas en las condiciones auto­rizadas por la Dirección Nacional de Higiene o por las autoridades sa­nitarias departamentales (artículo 7°); permitió también a los Depar­tamentos gravar con un impuesto no mayor de cinco centavos ni menor de uno, la producción o el expendio de cada litro de guarapo fermen­tado o de chicha, y facultó a las Asambleas para prohibir, cuando lo estimaran conveniente, la producción, el expendio y la introducción de tales bebidas al territorio del Departamento respectivo (artículo 99).

 

El artículo 14 de la Ley 88 de 1928 decretó un aumento de medio centavo al impuesto mínimo por cada litro, sobre el consumo de chicha y guarapo; impuesto que, debiendo elevarse progresivamente, no podría exceder de cinco centavos. Y, asimismo, autorizó a las Asambleas para eliminar dicho gravamen, sustituyendo el sistema de imposición por el de monopolio de esas bebidas, sobre la base de la fabricación oficial de las mismas, con intervención de la Dirección Nacional de Higiene. Además, prohibió la fabricación, el expendio, el transporte y el consumo de las bebidas fermentadas que contengan ptomaínas.

 

Luego, la Ley 47 de 1930, en su artículo 1°, estableció que las dispo­siciones sobre lucha antialcohólica de que tratan las referidas Leyes "quedarán como facultades a los Departamentos" para desarrollar la correspondiente campaña en sus territorios, y que las rentas de lico­res y bebidas fermentadas fueran administradas directamente por los Departamentos.

 

Hoy rige el artículo 7° de la Ley 88 de 1923, y en cuanto al gravamen a la producción de la chicha y guarapo (artículo 4° de la Ley 47 ci­tada), el impuesto mínimo no puede ser inferior a dos centavos, ni ex­ceder de cinco (cada litro). Por otra parte, han quedado vigentes el inciso 2° y el parágrafo del artículo 14 de la Ley 88 de 1928, o sea la norma que faculta a los Departamentos para sustituir el sistema de im­posición por el de monopolio, lo mismo que la prohibición de fabricar y expender bebidas fermentadas en aquellos Departamentos donde a la sanción de la Ley 88 de 1928 no se hallaba establecida la renta sobre la producción y el consumo de chicha y guarapo.

 

Ajustada, por tanto, la Ordenanza número 25 de 1936 a las prescrip­ciones legales de que se ha hecho mérito, sólo resta saber si el decreto reglamentario, materia de la acusación, se mantuvo dentro de la órbita que es de rigor.

 

Al respecto se ha considerado por el actor, que el Gobierno de San­tander asumió funciones legislativas, "prohibiendo —según afirma— lo que la misma Ordenanza no prohibe." Tal concepto lo prohija el fallo de primera instancia cuando dice: que la Ordenanza "sólo prohibió la introducción de las bebidas fermentadas que contengan alcaloides ve­nenosos, y en ningún caso las que se ajustan a las reglas de las entida­des de higiene." Pero uno y otros conceptos son errados en sentir del Consejo.

 

La Asamblea de Santander, en forma ejemplar, dispuso por medio del artículo 1° de la Ordenanza 52 de 1936, que queda prohibida en el te­rritorio del Departamento la fabricación, expendio e introducción de las bebidas fermentadas que contengan ptomaínas y toxinas semejantes. Y agregó que el Gobierno vigilará y controlará la elaboración de aquellas bebidas que contravengan las prescripciones higiénicas.

 

Luego al prohibir por el artículo 6° del Decreto la introducción al Departamento de las bebidas fermentadas conocidas con los nombres de chicha y guarapo, no hizo sino reafirmar la primera parte del artículo de la Ordenanza a virtud de la consideración de que tales bebidas con­tienen ptomaínas.

 

Y tal afirmación del Gobernador tiene fundamento no sólo en la apre­ciación general sobre el carácter tóxico de estas bebidas, sino en mul­titud de conceptos científicos como los siguientes, que aduce en su vista el Fiscal del Tribunal a quo:

 

"El doctor Luis Zea Uribe, dice lo siguiente, con la advertencia de que la Fiscalía subraya lo que es más pertinente a la tesis que sostiene:

 

'El doctor Angel nos dijo que en la descomposición o putrefacción que se le hace sufrir al maíz para preparar la chicha, se produce la des­composición cadavérica, y, efectivamente, esto es así; pero ello se debe a que generaciones sucesivas de microbios se producen en la masa, mueren y se disuelven, para ser reemplazados por otros, que a su vez tornan a morir. El doctor Tapia asegura que la fetidez del putrílago, más hedionda aún que la adipocira cadavérica, no desaparece con la cocción; es posible que sufran estas sustancias algunas transformacio­nes de orden químico, pero todas se encuentran o deben encontrarse luego en la chicha. Indudablemente, a esas ptomaínas, a esas toxinas de origen microbiano, es a lo que se debe la expresión o sello clínico par­ticular que presentan los individuos intoxicados por la chicha. Es ver­dad que en estos individuos se observan las huellas de la acción del alcohol, pero reagravada la situación por una nueva forma de envenenamiento.

 

"A este mismo propósito, el doctor Calixto Torres Umaña se expresa en los siguientes términos:

 

A efecto de estudiar la influencia que pudiera tener nuestra bebida popular, la chicha, sobre el funcionamiento orgánico, tomé seis soldados de un regimiento al comando en esa época del Coronel M. J. Balcázar; los sometí a un régimen de alimentación fijo e hice el estudio de la mane­ra como su nutrición se efectuaba. Después de una serie de experimen­tos, de los que se dedujo un promedio, introduje en la alimentación de cada individuo cuatrocientos c. c. de chicha por día, que iban a re­emplazar una cantidad equivalente de calorías de otros alimentos.

 

'El resultado fue un pronto descenso en los coeficientes nutritivos, una ligera baja en la temperatura y una mayor resistencia a la fatiga tan pronto como la chicha empezó a figurar en el régimen alimenticio.

 

'Estas modificaciones no podían ser debidas al alcohol que tenía la bebida: 19 porque no estaba en suficiente cantidad para producirlas, según experimentos de Maillard en París, y 2° porque no se presenta­ron las perturbaciones que según Benedic se encuentran con las peque­ñas intoxicaciones alcohólicas.

 

'Los efectos debían producirse por uno de tantos venenos como se desarrollan durante la putrefacción del maíz.

 

Si el actor estimaba lo contrario, ha debido probarlo en el juicio, para que entonces sí pudieran introducirse aquellas bebidas que por haberse demostrado que no tenían ptomaínas, quedaban autorizadas por la ex­cepción consignada en la Ordenanza que el Decreto vino a reglamentar.

 

Y no se diga que si la Gobernación, de acuerdo con el artículo 49 del Decreto, no restringió dentro del territorio seccional la fabricación de tales bebidas, no se justifica que pudiera prohibir la introducción de las mismas, pues respecto de las primeras, la Gobernación sí tiene me­dios para imponer en la fabricación todos los requisitos higiénicos, lo que no acontece con aquellas de la misma naturaleza aparente que proven­gan de un territorio no sometido a su jurisdicción.

 

No se trata, pues, de autorizar una reglamentación que exceda el acto que reglamenta, pues, se repite: si la Asamblea facultó al Gobierno para prohibir la importación de bebidas fermentadas que contengan pto­maínas, no se excede aquél al impedir la importación de chicha y gua­rapo, porque, como se ha visto, y no se ha contradicho en el juicio, tales bebidas contienen los elementos tóxicos señalados por la Ordenanza ma­teria de la reglamentación en estudio.

 

Por estas consideraciones, el Consejo de Estado, administrando justi­cia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia recurrida y en su lugar falla:

 

No hay lugar a declarar la nulidad del artículo 69 del Decreto núme­ro 564 expedido por la Gobernación de Santander, con fecha 15 de julio de 1936.

 

Copíese, notifique se, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

 

CARLOS LOZANO Y LOZANO—GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS—PEDRO MARTIN QUIÑONES—ELIAS ABAD MESA—ISAIAS CEPEDA—RAMON MIRANDA—RICARDO TIRADO MACLAS—LUIS E. GARCIA V., SECRETARIO

 Tomado de: http://190.24.134.67/pce/sentencias/

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