República de Colombia

  

      Corte Suprema de Justicia

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

 

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Radicación No. 30485

Acta No. 63

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010)

 

 

 

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la señora Fabiola Piñacue Achicue contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 26 de octubre de 2010, dentro de la acción de tutela que promovió contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes.

 

I. ANTECEDENTES

 

La señora Fabiola Piñacue Achicue instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la “(…) VIDA, LA EXISTENCIA DIGNA, AL TRABAJO, LA IGUALDAD, A LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA NACIÓN, A LA IDENTIDAD E INTEGRIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, A LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A LA SEGURIDAD PERSONAL, A LA CONSULTA PREVIA, A LA PROTECCIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DE LA NACIÓN Y AL AMBIENTE SANO.”

 

Señaló que desde el 28 de noviembre de 2008 las entidades accionadas emiten, a través de los medios de comunicación, dos comerciales “(…) en los cuales se exhorta a no “cultivar la mata que mata” y un segundo comercial en el que se invita a no “traficar la mata que mata”, como parte de una campaña supuestamente destinada a combatir el narcotráfico.”

 

Indicó, por otra parte, que desde el año 1998, con el apoyo de su comunidad, ha impulsado y desarrollado proyectos de comercialización de alimentos elaborados a base de hoja de coca, en un intento por rescatar las costumbres ancestrales de su pueblo y trasmitir a la sociedad la diferencia que existe entre la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Recalcó que en su condición de indígena NASA, tiene una especial relación con la hoja de coca, la cual le representa una figura materna y de consuelo, que resulta fundamental para sus relaciones con la comunidad y para su vida.  Asimismo, destacó que los pueblos indígenas del Cauca han combatido a las personas que utilizan la sagrada planta de coca para destinarla a la producción de estupefacientes.

 

Adujo, igualmente, que su “(…) actividad de comercialización y difusión de los enormes beneficios que para la salud y el espíritu tiene el consumo de hoja de coca, se ha visto gravemente afectada por la citada campaña que adelantan los accionados.” En la misma medida, que sus hijos y su entorno familiar han sido estigmatizados y su labor públicamente censurada, a raíz de la citada campaña publicitaria.

 

Expuso que “[l]a planta de Coca NO ES UNA DROGA y tampoco es responsable de los males que en los medios de comunicación anuncia la publicidad que diariamente pasa por radio y televisión de una incesante manera, pues no existen plantas o matas de drogas, las drogas son un producto elaborado, que para el caso del clorhidrato de cocaína también usa como insumo la planta de Coca, pero igualmente requiere otros como gasolina, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, éter, etc. y no conocemos de publicidad alguna que culpe por ejemplo a la gasolina de los males que supuestamente provoca la droga o su comercio ilegal.”   

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dio trámite a la acción de tutela por auto del 13 de octubre de 2010 y requirió a las entidades accionadas para que rindieran informe sobre los hechos en ella expuestos. Asimismo, le ordenó a la Subdirectora Científica del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología, que rindieran testimonio sobre los hechos expuestos por la actora, mediante certificación jurada.

 

La Subdirectora Científica del Instituto Humboldt Colombia rindió un concepto sobre los diferentes potenciales de la hoja de coca y su importancia dentro de diversos nichos ecológicos. El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia hizo lo propio respecto de “la evidencia histórica existente del uso, incluido el comercio, de la hoja de coca en distintos lugares del territorio nacional, inclusive antes de la llegada de la invasión española a territorio Abya Yala.” Y, por último, el Ministerio de Cultura presentó un informe sobre el “valor cultural de los símbolos de la identidad nacional y de la obligatoriedad del respeto que las autoridades públicas deben tener por los mismos.”

 

Por otra parte, el Ministerio del Interior y de Justicia arguyó que la acción de tutela resulta improcedente en su contra, teniendo en cuenta que el manejo de las pautas publicitarias relativas a “la mata que mata” estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y porque, en todo caso, las mismas fueron retiradas del aire a partir del 21 de abril de 2010, de manera que se da una carencia actual de objeto.

 

La Dirección Nacional de Estupefacientes reiteró que los anuncios de la campaña publicitaria “la mata que mata” fueron retirados del aire desde el 21 de abril de 2010, por lo que la acción de tutela se torna improcedente, ante la existencia de un hecho superado. Precisó, por otra parte, que el cultivo y la comercialización de la hoja de coca dentro del territorio nacional están prohibidos, salvo en los resguardos indígenas, y que el Gobierno Nacional tiene a su cargo el impulso de políticas de erradicación de los cultivos ilegales de dicha planta.

 

Explicó, asimismo, que los comerciales de la “mata que mata” tuvieron como fundamento el grave impacto que sobre el medio ambiente producen los cultivos ilícitos y sus actividades conexas, tales como: desplazamiento de poblaciones, afectación de los ecosistemas, fragmentación, desplazamiento de la fauna y alteración de las cadenas alimenticias, erosión, deforestación, etc. En ese sentido, sostuvo que “(…) nunca se pretendió atacar las creencias de la población indígena como a la que representa la hoy actora, sino desestimular que situaciones como las que se expusieron anteriormente se repitan a lo largo y ancho del territorio nacional.”  Asimismo, que “[n]o puede pretender la actora que se emita campaña publicitaria donde se recree el uso lícito y benéfico de la Hoja de Coca, por cuanto entre las funciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes está la de asesorar y ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en materia de políticas para la lucha contra la producción y el consumo de drogas que producen dependencia.”    

 

El Tribunal profirió fallo el 26 de octubre de 2010, en el que negó la acción de tutela. Dicha decisión fue impugnada por la actora.

 

II. CONSIDERACIONES

 

El Tribunal consideró que los hechos expuestos en el escrito de tutela involucran una posible vulneración de derechos colectivos, en la medida en que una hipotética orden de protección constitucional a favor de la actora beneficiaría de manera unitaria a toda la comunidad indígena de la que hace parte. Por ello, concluyó que la acción de tutela no resulta procedente, en virtud de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y, concretamente, de las acciones populares, que debían ser promovidas por los representantes de las respectivas comunidades indígenas.

 

En la impugnación, la actora arguyó que no se podía dar lugar a la declaración de un hecho superado, por cuanto la publicidad que considera contraria a sus derechos fundamentales y a los de su comunidad no ha sido retirada de los medios de comunicación, como lo afirmaron las entidades accionadas. Además de ello, reiteró los fundamentos de la acción de tutela y precisó que la misma resulta procedente, teniendo en cuenta que las entidades accionadas quebrantaron sus derechos fundamentales individuales, al limitarle la posibilidad de gestionar libremente una actividad comercial lícita, así como los derechos fundamentales de su comunidad, que sí son susceptibles de protección por esta vía.

 

Una vez analizadas las anteriores premisas, la Corte considera pertinente referirse, en primer término, a dos temas que revisten fundamental importancia para la resolución del caso concreto: i) la procedencia de la acción de tutela, ante la existencia de otros medios de defensa judicial y, concretamente, dada la posibilidad de acudir a las acciones populares; i) y la presencia de un hecho superado y, con ello, la viabilidad de excusar el debate constitucional de fondo, por una carencia actual de objeto.

 

En torno al primero de los temas planteados, la Corte considera que los hechos planteados por la actora involucran una afectación individual de sus derechos fundamentales, cuya protección por vía de la acción de tutela no puede descartarse de plano, como lo sostuvo el Tribunal, por la vigencia de las acciones populares.

 

En efecto, sin que necesariamente se dé por demostrado, la actuación de las accionadas puede dar lugar a la vulneración de derechos fundamentales individuales, dentro de los cuales se pueden contar: i) la identidad étnica y cultural de la actora, concebida en forma individual, por el potencial que tiene la publicidad discutida de contrariar la visión sagrada, tradicional e histórica que tiene con respecto a la hoja de coca y sobre sus usos tradicionales, así como de limitar la validación y aceptación que sobre dichos tópicos pueda darse por el resto de la sociedad; ii) el trabajo y, con ello, la posibilidad de desarrollar una actividad de cultivo y comercialización lícita de la hoja de coca, por el impacto negativo que pueda representar la divulgación generalizada de un mensaje contrario a dichas labores.

 

En este punto, puede verse que la actora demostró su pertenencia al Resguardo Indígena Nasa de Calderas (fls. 61 y 62) y que varias entidades expertas en la materia ratificaron el valor sagrado que tiene la planta de coca para su comunidad, que, en todo caso, no puede ser controvertido por las entidades accionadas ni por el juez de tutela, en virtud del principio de autonomía indígena. En similares términos, se comprobó que es precursora de una actividad comercial legal, que cuenta con una marca de la cual es titular, así como con registros sanitarios, que fueron concedidos a ella y no a la comunidad a la que pertenece.

 

Tales derechos, por otra parte, tienen una connotación individual en su ejercicio y, por ello, son susceptibles de amparo por vía de la acción de tutela, a pesar de que se reúnan con otro tipo de derechos que sí tienen una dimensión colectiva, tales como la protección de la riqueza cultural de la Nación y el sostenimiento de un ambiente sano.       

 

Ahora bien, de cualquier manera, el hecho de que una hipotética orden de protección de los derechos fundamentales de la actora posibilite rescatar el valor cultural de la hoja de coca para todas las comunidades indígenas, no debe servir de fundamento para negar la procedencia de la acción de tutela, como lo sostuvo el Tribunal. Ello en virtud de que, se insiste, es posible diferenciar y reconocer derechos fundamentales individuales, como los que ya se mencionaron, y porque, en todo caso, también se ha argumentado la violación de derechos fundamentales de la comunidad indígena, como la autonomía, la integridad y la identidad étnica y cultural, que sí son susceptibles de protección por vía de la acción de tutela, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia constitucional[1], y que son diferenciables respecto de los derechos colectivos de cualquier colectividad humana, para cuya protección se prevén las acciones populares.

 

Decantado el anterior tema, antes de definir si la pauta publicitaria “la mata que mata” quebranta los derechos fundamentales expuestos en el escrito de tutela, la Corte debe resaltar que las dos entidades accionadas afirmaron en idénticos términos que dicha publicidad fue retirada de los medios de comunicación y arguyeron que, como consecuencia, se da una carencia actual de objeto que torna improcedente la acción de tutela.

 

A folio 108 obra una comunicación suscrita por el Subdirector de Asuntos Regionales y Erradicación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en la cual informa que “(…) la Campaña Institucional LA MATA QUE MATA fue retirada del aire a partir del 21 de abril del año en curso, de conformidad con las comunicaciones 40000-272-2010 a la 40000-297-2010 enviadas por la Entidad a cada uno de los medios de comunicación (radio y televisión) que mediante la figura de código cívico apoyan la emisión de las campañas sobre droga de manera gratuita.” Asimismo, que “(…) a partir del 21 de abril se programó la difusión de la nueva campaña DISFRUTA TU VIDA LIBRE DE DROGAS, una propuesta nueva y propositiva frente a la oferta de drogas ilícitas en el país.”

 

La anterior situación, sumada a la posición asumida por las entidades accionadas al rendir informe ante el Tribunal, le permite a la Corte concluir que, en efecto, la orden de retiro de la publicidad resuelve plenamente la situación que la actora considera nociva para sus derechos fundamentales y, en el mismo orden, ratifica la existencia de un hecho superado, que hace innecesario referirse al fondo de la controversia planteada.

 

Para refrendar la anterior tesis, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que las autoridades accionadas no controvirtieron los argumentos que tuvo la actora para afirmar que el manejo de la pauta publicitaria no es adecuado, por cuanto desconoce la diferencia que existe entre la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína, o entre la posibilidad de usar la planta para fines ilegales y su concepción dentro de la comunidad indígena, como una planta sagrada, que puede tener varios usos tradicionales, que además de legales, son socialmente aceptados.

 

Tampoco desvirtuaron la importancia cultural que tiene la planta dentro de la cosmovisión de la actora, así como el posible perjuicio que sobre la misma puede causar la difusión de la publicidad que, si bien fue empleada como parte de programas válidos de lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, puede tener efectos colaterales que, aunque no fueron concebidos en dichos términos, lesionan valores trascendentales para la actora y para su comunidad, por transmitir un mensaje equivocado sobre el mal que representa la planta de coca y su responsabilidad en problemas sociales derivados del narcotráfico.

 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la pauta publicitaria constituía la causa principal de la presunta vulneración de derechos fundamentales que se denunció y que, por ello, su retiro de los medios de comunicación remedia efectivamente la situación, que es precisamente la finalidad de la acción de tutela. Por tal razón, los perjuicios que la actora considera se pudieron generar o la reparación que por tales razones se pueda disponer, constituye un tema que debe tratarse ante las autoridades competentes, por las vías ordinariamente establecidas para ello.

 

En ese mismo sentido, resulta improcedente ordenar a las entidades accionadas que promuevan otro tipo de pautas publicitarias, en las que se rescaten y se respeten los usos tradicionales y alternativos de la hoja de coca, pues el juez de tutela no puede intervenir en el diseño de los planes y políticas publicitarias concebidos para combatir el narcotráfico, ni modificar las existentes y definir en qué medida son más adecuadas.  

 

Por último, la afirmación de la actora relativa a que la publicidad no ha sido retirada en su totalidad de los medios de comunicación no modifica las anteriores conclusiones, puesto que la decisión ya fue adoptada en forma oficial y definitiva por las entidades accionadas y, tras ello, ha cesado la conducta presuntamente nociva que les puede ser imputable.

 

Asimismo, el hecho de que el retiro de la pauta no se haya verificado en varios medios de comunicación, constituye un tema de materialización efectiva de la decisión que bien puede ser remediada. En tal sentido, la Corte considera pertinente ordenar a las entidades accionadas que comuniquen en forma efectiva su decisión de retiro de la pauta publicitaria a todos los medios de comunicación en donde esté siendo reproducida o pueda serlo. Tras ello, simplemente se resuelve un problema de publicidad de la decisión adoptada por las entidades accionadas sin mediar, se insiste, en el debate constitucional que se plantea de fondo.

 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

1.- Modificar el fallo impugnado, para en su lugar declarar la existencia de un hecho superado.

 

2.- Ordenar a las entidades accionadas que, dentro del término máximo de cinco (5) días, comuniquen en forma efectiva su decisión de retiro de la pauta publicitaria “la mata que mata” a todos los medios de comunicación en donde esté siendo reproducida o pueda serlo.

 

3.- Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

 

4.-Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN 

 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ 

 

CAMILO TARQUINO GALLEGO



[1] Para tal efecto, pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional SU 383 de 2003, T 778 de 2005, T 979 de 2006, entre otras.

 

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