http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R865sg.htm

 

RESOLUCION 865
Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia en contra de la Resolución 843 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 10-2004 de Incumplimiento

 

       LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

 

       VISTOS: El artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4º y 23º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Resolución 630 de la Secretaría General y la Resolución 843 de la Secretaría General que contiene el Dictamen de Incumplimiento 10-2004; y,

 

       CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución 843 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1099 del 2 de agosto de 2004 que contiene el Dictamen de Incumplimiento 10-2004, la Secretaría General determinó que el Gobierno de Colombia había incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en especial de la Decisión 436 y de la Resolución 630 de la Secretaría General, por lo siguiente:

 

a)    Al no incluir dentro de los requisitos previos para el registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola establecido en el artículo 15 de la Resolución 3759 del 2003 del ICA la obligatoriedad del registro de exportadores, envasadores y distribuidores.

b)    Al establecer en el artículo 15 de la Resolución 3759 del 2003 del ICA que los requisitos de la solicitud de registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola deben ser de conformidad al formato del Anexo 3 de la Decisión 436 y lo establecido en la norma nacional colombiana, cuando tal solicitud debe ser de conformidad al formato del Anexo 3a de la Decisión 436, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Anexo 2 de dicha Decisión y los contemplados en el Manual Técnico (Resolución 630 de la Secretaría General).

c)    Al establecer en el numeral 11 del artículo 16 de la Resolución 3759 del 2003 del ICA que para la Evaluación del Riesgo Ambiental (ERA) la autoridad nacional competente solicitará la información desarrollada en el ingrediente activo, cuando la Decisión 436 señala que tal información debe basarse en el ingrediente activo grado técnico (TC).

d)    Al establecer en el parágrafo 3 del artículo 18 de la Resolución 3759 del 2003 del ICA que para el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola con registro anterior en el país sólo debe tomarse en cuenta los estudios analíticos, sin hacer mención expresa del resto de requisitos que establece la normativa andina. Asimismo la norma interna colombiana no define el término “estudios analíticos”, el mismo que tampoco ha sido definido por la normativa andina.

e)    Al establecer en el artículo 20 de la Resolución 3759 del 2003 del ICA la remisión única a las especificaciones FAO cuando el artículo 44 de la Decisión 436 permite además la remisión a los métodos del Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) / Asociation of Official Analytical Chemists (AOAC) o en su defecto la información proporcionada por el fabricante o formulador.

 

       Que, mediante Fax SG-F/0.5/1385/2004 del 7 de setiembre de 2004, la Secretaría General solicitó al Gobierno de Colombia información respecto a las medidas adoptadas a fin de subsanar el incumplimiento dictaminado; para ello, otorgó veinte (20) días calendario contados a partir de la notificación de dicha comunicación a efectos de que presente la información solicitada. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno de Colombia no ha presentado la información requerida;

 

       Que, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de fecha 16 de setiembre de 2004, el Gobierno de Colombia interpuso recurso de reconsideración de la Resolución 843 de la Secretaría General, señalando lo siguiente:

 

1.    La Resolución 843 de la Secretaría General omitió pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por el Gobierno de Colombia en su respuesta a la Nota de Observaciones de fecha 4 de junio de 2004.

2.    La Resolución 3759 de 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA fue expedida con fundamento en la Ley 822, la misma que fue analizada por la Secretaría General y con la expedición de la Resolución 798 del 16 de febrero de 2004, llegó a la conclusión que no resultaba contraria a la normativa andina. En ese sentido, la Resolución 3759 de 2004 del ICA no puede ser contraria a la Decisión 436, ni a lo dispuesto en el Manual Técnico, dado que se ampara y da aplicabilidad a una ley colombiana no contraria a la normativa andina.

3.    La expresión “Resultados Analíticos” prevista en el artículo 18, parágrafo 3 de la Resolución 3759 de 2003 del ICA, es un término colombiano para mejor comprensión local que tiene el mismo sentido y alcance que la expresión “certificado de análisis” contenida en la Decisión 436.

4.    Sólo la Corte Constitucional de Colombia y no la Secretaría General de la Comunidad Andina, es la competente para juzgar sobre la validez de la Ley 822 de 2003 y sólo si esta institución resuelve la inconstitucionalidad de dicha norma, podrá pensarse que la Resolución 3759 de 2003 del ICA carece de sustento legal;

 

       Que, una vez expuestos los argumentos contenidos en el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia, corresponde a la Secretaría General pronunciarse sobre el mismo;

 

       Que, sobre el punto 1 del recurso de reconsideración, el Gobierno de Colombia no sustenta el cargo formulado ni identifica los argumentos supuestamente omitidos por la Secretaría General al emitir la Resolución 843. Contrariamente a lo sostenido en el recurso de reconsideración, la Secretaría General en su Resolución 843 se pronunció puntualmente sobre cada uno de los cargos efectuados en la nota de observaciones y la respuesta que frente a ellos dio el Gobierno de Colombia mediante comunicación del 5 de julio de 2004. En efecto, de la lectura de la Resolución reconsiderada se puede observar que en todo momento la Secretaría General realiza una comparación entre los cargos sostenidos y los descargos formulados por el Gobierno de Colombia;

 

       Que, respecto del punto 2 del recurso de reconsideración debe señalarse que, mediante Resolución 798 la Secretaría General resolvió que la Ley 822 no resulta contraria a la normativa andina en tanto que “(…) ésta tiene por objeto reglamentar el registro y control de ‘agroquímicos genéricos’, aspecto que es contemplado en la Decisión 436 y Resolución 630 que establecen normas para el registro y control de todo plaguicida químico de uso agrícola en general. La norma interna colombiana regula el tema de agroquímicos genéricos de una manera más específica lo cual conforme a la doctrina del complemento indispensable no resulta contrario a la normativa andina”. De cualquier modo, la Secretaría General hace hincapié en el hecho de que se encuentra dentro de sus facultades la revisión de cualquier norma nacional y su compatibilidad con el derecho comunitario, con independencia de las facultades que correspondan a cualquier organismo nacional de control jurisdiccional;

 

       Que, la regulación establecida en la Ley 822 se da en términos generales y conforme al análisis realizado por la Secretaría General no resulta contrario al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; sin embargo, la Resolución 3759 del 2003 del ICA que reglamenta la Ley 822, contiene disposiciones específicas en materia de control y registro de plaguicidas químicos de uso agrícola que, de conformidad a lo señalado en el Dictamen de Incumplimiento 10-2004, sí resultan contrarias a la Decisión 436 y a la Resolución 630;

 

       Que, asimismo, respecto al punto 4 del recurso de reconsideración, el Gobierno de Colombia señaló que “la suerte jurídica de la Resolución 3759 de 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario, está supeditada a la decisión que adopte la Corte Constitucional Colombiana sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 822 de 2003, dado que esta es la norma fundante de aquella.” Como sustento de su posición citó un párrafo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 137-IP-2003 conforme a la cual el Tribunal señala que las normas de derecho interno de los Países Miembros no pueden someterse a su competencia bajo el procedimiento de interpretación prejudicial, dado que “(...) la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.”;

 

       Que de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la competencia de dicho órgano supranacional en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en los Países Miembros. Sin embargo, en el presente caso, la Sentencia del Tribunal aludida por el Gobierno de Colombia no resulta aplicable ya que se basa en un supuesto de hecho y de derecho distinto. En efecto, la Secretaría General realizó un análisis de la Resolución 3759 del 2003 del ICA en el marco de un procedimiento por incumplimiento de la normativa comunitaria andina, dado que dicha norma nacional contiene disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente a la Decisión 436 de la Comisión y la Resolución 630 de la Secretaría General;

 

       Que, la Secretaría General en cumplimiento del artículo 30 inciso a) del Acuerdo de Cartagena, que establece la obligación de esta Institución de velar por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Decisión 425, emitió el Dictamen 10-2004 de incumplimiento del Gobierno de Colombia a la Decisión 436 y la Resolución 630, por la aplicación de algunos artículos de la Resolución 3759 del 2003 del ICA;


 

       Que, finalmente el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que "Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”;

 

       Que, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado su criterio acerca del alcance de las obligaciones contenidas en el artículo 4 de su Tratado. Así, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Proceso 3-AI-98, el Tribunal hizo referencia al alcance de las obligaciones de esta disposición (que anteriormente correspondía al artículo 5 del Tratado del Tribunal), señalando lo siguiente:

 

       "1.5 Por otra parte, el ‘sentido corriente’ de los términos del artículo que se interpreta, dentro del contexto del Tratado del Tribunal, lleva a la precisa conclusión de que los Países Miembros -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela-, por mandato de su artículo 5 [actual artículo 4], tienen una doble obligación. La primera, de carácter positivo, "de hacer"; y, la segunda, de orden negativo, de "no hacer". Por la primera, los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de los Tratados y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas del mismo ordenamiento. En el caso de que no se tenga claro el alcance y valor de los principios de aplicación directa y preeminencia de la norma comunitaria, la obligación de cada país se extendería incluso, a derogar expresamente las normas de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino, abstención imperativa inherente al cumplimiento de lo pactado y como soporte básico para el desarrollo del proceso de la integración. Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, la aplicación del mismo”;

 

       Que, en ese sentido, el Gobierno de Colombia al aplicar los artículos 15, 16, 18 y 20 de la Resolución 3579 del 2003 del ICA, está incurriendo en incumplimiento de la Decisión 436 y de la Resolución 630, en los términos establecidos en el Dictamen 10-2004 contenido en la Resolución 843 de la Secretaría General; y vulnerando su obligación “de no hacer” contenido en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

 

       Que, respecto al punto 3 del recurso de reconsideración, debe señalarse que, la Comisión de la Comunidad Andina en el último considerando de la Decisión 436 dispuso que para elevar la calidad, eficacia y seguridad de la salud humana y el ambiente, resulta necesario establecer un sistema armonizado de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola a efectos de mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y disposición final de desechos en los Países Miembros. En ese sentido, el artículo 1 de la Decisión 436 dispone que: “Son objetivos de la presente Decisión: Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y manejo para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas, y facilitar su comercio en la Subregión.”;

 

       Que, en su recurso de reconsideración, el Gobierno de Colombia señaló que la expresión “resultados analíticos” prevista en el artículo 18, parágrafo 3 de la Resolución 3759 de 2003 del ICA, “corresponde a un lenguaje o expresión Colombiano para mejor comprensión local, que en nuestro caso tiene el mismo sentido y alcance que la expresión ‘certificados de análisis’, contenida en la Decisión 436 de 1998.”;

 

       Que, en efecto el Certificado de Análisis es un documento fácilmente distinguible y su especialidad está dada dentro del contexto en el que se le solicita. De conformidad al Manual Técnico, el Certificado de Análisis (CA) es el Documento que describe cualitativa y cuantitativamente la composición de una substancia y/o sus propiedades físicas y químicas, de acuerdo a los requisitos exigidos.” De otro lado, el término “resultados analíticos” no está reconocido en la normativa andina;

 

       Que, conforme a lo señalado anteriormente, uno de los objetivos de la Decisión 436 y de la Resolución 630 es homogenizar y armonizar la regulación en materia de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola en la Subregión; en ese sentido, no resulta coherente que el Gobierno de Colombia adopte términos diferentes a los establecidos en la normativa andina, puesto que lejos de armonizar los términos utilizados en los procedimientos para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, confunde al usuario fabricante, formulador, importador, exportador, envasador o distribuidor de dichos productos en la Subregión;

 

       Que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se señala que contra la presente Resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución;

 

RESUELVE:

 

       Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Colombia y confirmar en todos sus extremos la Resolución 843 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 10-2004 por las consideraciones señaladas en la presente Resolución.

 

       Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

 

       Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

 

 

 

ALLAN WAGNER TIZON

Secretario General

 

 

 


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