RESEÑA SENTENCIA SU 383 TUTELA OPIAC _2000-2003

En mayo de 2000, la Organización Indígena del Putumayo (OZIP), que agrupa aproximadamente 22.000 personas pertenecientes a 12 etnias, organizadas en 120 cabildos indígenas, presentó al Gobierno Nacional la propuesta que denominó "Iniciativa Indígena Raíz por Raíz", dirigida a desarrollar programas integrales de desarrollo alternativo, entre estos el de erradicación manual de cultivos ilícitos. - Durante los meses de junio y julio de 2000 se realizaron operaciones de fumigación de los cultivos de amapola existentes en el corregimiento de Aponte –resguardo indígena del mismo nombre- ubicado en el municipio de El Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño; en los meses de agosto y octubre del mismo año tal operación se adelantó en varios municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Huila; y en el mes de noviembre siguiente el programa se repitió en la población primeramente nombrada, habiendo sido fumigadas, esta vez, 346.9 hectáreas de amapola. Entre el 6 y el 19 de julio de 2000, ante los reportes de afecciones patológicas asociadas con la aspersión aérea de Glifosato en el departamento de Nariño, el Instituto Departamental de Salud de dicho departamento integró una comisión conformada por un Ingeniero Agrónomo, un Técnico en Planeación, un Médico Epidemiólogo y dos Técnicos en Saneamiento, que se desplazaron a los municipios de Buesaco, El Tablón de Gómez y San José de Albán para visitar, además de las cabeceras municipales, los corregimientos de Santafé y Aponte, y la vereda Guarangal.

No obstante su desplazamiento a los lugares mencionados, la comisión designada no "pudo obtener suficientes elementos de juicio para determinar con criterio técnico, si los posibles efecto presentados en la comunidad, se originan en la exposición al glifosato por aspersión aérea.", como quiera que i) "no se cuenta con suficientes parámetros clínicos ni de laboratorio que permitan hacer un diagnóstico acertado para orientar el tratamiento y seguimiento adecuado de los efectos del químico", ii) "en Nariño no existen métodos o pruebas confirmatorias de la presencia de residuos de glifosato en agua y alimentos", iii) "no se ha encontrado bibliografía oficial sobre el efecto toxicodinámico y toxicocinético del glifosato en el organismo humano que permita comprender la fisiopatología, tratamiento y seguimiento de los casos expuestos", y iv) "está pendiente el análisis descriptivo de la incidencia de morbilidad asociado con la exposición al químico, sujeto de esta investigación". - Los días 3 y el 4 de agosto de 2000, funcionarios de la división de insumos agrícolas del Instituto Colombiano agropecuario realizaron la "Calibración de Aviones de Fumigación utilizados en el Plan de erradicación de Cultivos de Coca" . Para el efecto aplicaron "10.4 litros por hectárea de RoundUp, 13.0 litros por hectárea de agua y 0.25 por hectárea de coadyuvante".

El 5 de octubre del 2000, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en carta dirigida a Juan Mayr, Ministro de Medio Ambiente [1998-2002],  alerta que la erradicación biológica atenta contra la Amazonia, afecta la salud, biodiversidad y soberanía alimentaria  y contradice los objetivos acordados por la Agenda 21. En junio del 2001, la OPIAC con el acompañamiento de la red de veedurías ciudadanas demanda a la Presidencia de la Republica, el Ministerio del Interior y la Justicia, Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Estupefacientes, Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional ante el  Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá.

Mediante la acción de tutela Expediente T-517.583 (admisión de tutela) exige su derecho a la consulta previa y la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, que estarían siendo quebrantados por los accionados al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos ilegales, en sus territorios. El 23 de julio 2001 el  Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá, recomienda al Consejo Nacional de Estupefacientes que, dentro de las 48 horas siguientes a la expedición de la presente Resolución, se reúna y ordene la suspensión inmediata de las fumigaciones de cultivos ilícitos en el Departamento del Putumayo y en cualquier otro lugar del país, hasta tanto no cumpla con los mecanismos previstos por ley”. Dos semanas más tarde, el 6 de agosto de 2001, el mismo Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá revoca la medida y resuelve no conceder el amparo pedido, argumentando que “no existe un peligro inminente que pueda causar un perjuicio irremediable” a los Pueblos indígenas que habitan la Amazonia”. Las entidades acciónadas, en términos generales, adujeron que la Acción de Tutela era improcedente porque existe la Acción Popular que está reglamentada para el efecto; y algunas particularizaron su defensa en el sentido de controvertir la intervención de la OPIAC porque consideraron que no tenia facultades para representar a los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, argumentaron no ser competentes y no tener ingerencia en la política de erradicación de cultivos  ilícitos; en general se refirieron a la Consulta Previa para argumentar que la Consulta Previa, prevista en el Convenio 169 de la OIT y aprobada por la ley 21 de 1991, se circunscribe a la  explotación de los recursos naturales. La Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional   fueron mas allá  y  afirmaron que única y exclusivamente operaba la Consulta Previa para la explotación de recursos naturales, pero dentro de los resguardos indígenas. Esta ultima entidad se refirió a la política de erradicación de cultivos argumentando que tenia suficientes controles para no causar daños, que el glifosato es inofensivo y presentó algunas indicaciones científicas en ese sentido y básicamente fundamentó su defensa en que el programa tiene suficientes controles y monitoreos para evitar los daños ambientales.

El 12 de septiembre de 2001, la OPIAC apeló ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, el 13 de mayo del 2003 la sala de Decisión Civil confirmó el fallo del Juez de primera instancia en Proceso contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Consejo Nacional de Estupefacientes y cada uno de sus integrantes, la Dirección Nacional de Estupefacientes, y el Director de la Policía Nacional. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogota confirmó la decisión, consideró que la acción no era procedente porque debía ser una Acción Popular, pero incluyó un argumento adicional: que la OPIAC no concretó debidamente, no individualizó el perjuicio y que, por lo tanto, la acción no podía concederse y se refirió a una sentencia de la Corte Constitucional  que negó una acción similar la  T- 067 del 93 y consideró, como el juez de primera instancia, que la Consulta Previa se circunscribe a la explotación de recursos naturales y no puede afectar las políticas generales del Estado. para negar la protección Adujeron estas instancias aspectos como la protección del interés general, la política  del estado y los compromisos internacionales de Colombia.

Así, la demanda llegó en junio del2003 hasta la Corte Constitucional. Afirma la Corte que no concederá la protección transitoria de los intereses colectivos de los habitantes de la región amazónica, incluidos los pueblos indígenas y tribales de la región a la vida, a la salud y a un ambiente sano, porque para el efecto el artículo 88 constitucional prevé el mecanismo de las Acciones Populares, el que, además, permite al juzgador adoptar medidas cautelares, para evitar la realización de daños ambientales inminentes e irreparables.  Que además en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca [Sampedro y otro] se adelanta un proceso que pretende alcanzar tal protección, asunto en el que la suspensión del Programa que la Organización accionante reclama fue negada, y en el que fueron ordenadas medidas cautelares actualmente en ejecución, mediante decisiones que no corresponde a esta Corte evaluar. Decide la Corte revocar parcialmente los fallos proferidos por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de agosto y el 12 de septiembre del 2001 respectivamente, en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la participación y al libre desarrollo de la personalidad de los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía colombiana. Afirma que “ uno no puede argumentar los compromisos internacionales para efecto de desconocer los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y en muchos casos a mantener los cultivos tradicionales dentro de sus territorios la Consulta Previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas La revocación de las decisiones de primera instancia implica que los pueblos indígenas y tribales tienen que ser consultados sobre el programa de erradicación de cultivos ilícitos en sus territorios, que deben ser consultados de buena fe, es decir que ellos tienen derecho a conocer todos los aspectos e implicaciones de estos programas en su vida y en su cultura, con el objeto de que puedan formular alternativas y propuestas que tienen que ser consideradas.  Resuelve vincular a la Defensoría del Pueblo, para que en ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 282 de la Constitución Política asesore y acompañe a los pueblos indígenas y tribales de la amazonía colombiana, a sus representantes y autoridades en las consultas que les deberán ser formuladas; La sentencia aclara que los pueblos indígenas no tienen derecho de veto, que no pueden decidir sobre el programa pero que si tienen derecho a que sus planteamientos y alternativas se consideren y se tengan en cuenta su situación y paralelamente en todo lo relativo a su cultura. Dos magistrados el Dr. Alfredo Beltrán y la Dra. Clara Inés Vargas salvaron parcialmente el voto. Consideraron que en la sentencia estaba probado los daños ambientales que causa la fumigación y que por lo tanto la corte ha debido aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones.

El 9 de marzo del 2003, la Defensoría del Pueblo, en referencia a la tutela interpuesta por la OPIAC y “con la expectativa de que “las anteriores consideraciones sean tenidas en cuenta por la H. Corte Constitucional al momento de fallar la tutela de la referencia”, sostiene que “…la forma como se ha desarrollado la estrategia de fumigación aérea de los cultivos ilícitos, además de haber mostrado su inefectividad - con el constante aumento de la extensión de los referidos cultivos en el país -, ha desconocido los principios y normas que buscan asegurar la salud y la salubridad pública, la protección y conservación del medio ambiente, y la protección especial que el Estado debe brindar a los más vulnerables. El desconocimiento de dicha normatividad ha llevado a que se tenga que pagar un alto costo socio-económico y ambiental por la ejecución del citado Programa y, lo que es más grave aún, ha afectado los derechos de miles de colombianos”.

Beltran Sierra y Calra Inés Vargas  Sentencia SU.383/03 Salvamento Voto Fallo Tutela OPIAC: "Sorprende que ante la claridad de las disposiciones constitucionales mencionadas, y haciendo caso omiso de la legislación vigente y de convenios internacionales suscritos por Colombia, en esta acción de tutela no se haya impartido la orden de suspensión inmediata de la fumigación aérea de los denominados cultivos ilícitos en la Amazonía Colombiana, pese a la existencia de abundantes pruebas que en la propia sentencia se mencionan y analizan según las cuales no se encuentra demostrado que el glifosato no causa daño a los seres humanos, ni a la vida animal, ni a la vida vegetal, ni a los recursos hídricos, sino que por el contrario lo que aparece es que existen daños a la salud de la niñez y de la población adulta. Siendo ello así, sólo una decisión era posible: la orden de suspender la aspersión aérea con glifosato". [13 de mayo 20003

 Jaime Araujo Rentería _Sentencia SU.383/03 Salvamento Voto Fallo Tutela OPIAC "Me separo de la decisión de tutelar sólo algunos de los derechos fundamentales invocados, cuando las comunidades indígenas habían solicitado la protección de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que en este caso concreto se encontraban en íntima conexión con los derechos a un ambiente sano ya la salud de las comunidades indígenas. Esos derechos fundamentales también debieron ser tutelados y la consecuencia inmediata era ordenar la suspensión de las fumigaciones, aun antes de la consulta. (...) No es cierto como se afirma, que los derechos fundamentales deban estar supeditados a la política de seguridad del Estado, pues el argumento de la seguridad ha sido siempre el argumento de las dictaduras para acabar con la libertad de los ciudadanos".  [13 mayo 2003]

[2003] Magistrado Alvaro Tafur Galvis:  Salvamento Sentencia Corte Constitucional Accion de Tutela de la OPIAC por fumigaciones "“No podemos aceptar que los colombianos seamos como dijera Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, una estirpe condenada a combatir el narcotráfico únicamente por medio de las fumigaciones aéreas. Deben existir otras formas de combatirlo como, por ejemplo, la erradicación manual u otras que no afecten la vida, la integridad personal o el medio ambiente y es deber de las autoridades buscar esas otras alternativas.(…) Es reprochable la actitud del Gobierno, quien por conducto del Presidente ha afirmado que mientras él lo sea seguirá fumigando, pues esto lo que denota es que si los jueces ordenan la suspensión, el Gobierno ya anunció el desacato a una decisión judicial y demuestra una actitud autoritaria y prepotente que es lo que yo denomino mentalidad de Gulliver, el personaje de Jonathan Swift, que era enano en tierra de gigantes y gigante en tierra de enanos; un Gobierno soberbio ante las humildades y humilde ante los soberbios extranjeros.” [13 de mayo 2003]

[2003]Corte Constitucional Comunicado de Prensa Expediente T- 517583 Acción de tutela instaurada por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, Colombia contra el Presidente de la República y otras autoridades. [13 de mayo 2003]

[2003] Darío González: ¿Decisión de la Corte Constitucional a medio camino? [24 de mayo 2003].

[2003] Colectivo de Abogados Jsoé Alvar Restrepo:  Reflexión sobre tutela OPIAC afirma que el balance del fallo no es halagador respecto de la terrible crisis de derechos humanos que padecen las comunidades indígenas a partir de la intensificación del conflicto armado y social interno, producto de la evidente participación en él de los los Estados Unidos valiéndose de sus aviones, sus mercenarios, su glifosato, etc. [mayo 2003]

[2003] Defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes Comentarios a la Sentencia de la Corte Constitucional SU 383 de 2003 Expediente T 517583 – Acción de tutela instaurada por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana contra la Presidencia de la República y otros por la aplicación del programa de erradicación aérea de cultivos de uso ilícito con químicos, [29 de julio de 2003]