PROYECTO DE LEY

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDEN NORMAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DEBIDO A LOS CULTIVADORES DE COCA

Cultivos de coca. Proyecto de ley y exposición de motivos.

Este documento incluye el proyecto de ley y su exposición de motivos que fueron presentados por la senadora Viviane Morales Hoyos al Congreso de la República. La iniciativa pretende atender el problema de los llamados "cultivos ilícitos".

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

DECRETA

ARTICULO 1. A partir de la vigencia de la presente ley, cultivar coca no constituye delito ni contravención. Sin embargo para ejecutar dicha actividad se deberá cumplir con las exigencias de la presente ley y las normas que la reglamenten.

ARTICULO 2. Se permite a los particulares cultivar coca siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en el registro de cultivadores de coca que para el efecto deberán llevar los alcaldes municipales.

b) Comercializar dichos cultivos con personas o agroindustrias campesinas que se dediquen a la producción lícita de derivados de estas plantas.

 

ARTICULO 3. El Gobierno Nacional promoverá la organización de cooperativas veredales de campesinos, en aquellos lugares en donde existan cultivos de coca y contratará con aquellas la erradicación manual de las plantaciones que no cumplan los requisitos señalados en esta ley.

PARÁGRAFO. De ninguna manera se podrá efectuar aspersión aérea de cualquier sustancia en la erradicación de los cultivos de coca.

ARTICULO 4. El Gobierno Nacional deberá apoyar con créditos blandos, la creación de agroindustrias campesinas dedicadas al procesamiento legal de la coca con el propósito de obtener derivados lícitos para el consumo humano.

ARTICULO 5. Las agroindustrias que se instalen en los términos del artículo anterior, están en la obligación de adquirir los cultivos de coca a los cultivadores que cumplan con lo establecido en la presente ley.

ARTICULO 6. El Ministerio de Salud, previa solicitud de los particulares o de las agroindustrias campesinas, concederá las licencias para la producción de derivados de la coca y verificará el cumplimiento de un estricto control de calidad.

ARTICULO 7. A partir de la vigencia de la presente ley, el gobierno nacional de manera prioritaria, implementará programas de sustitución gradual de cultivos de coca, estableciendo una política de sustentación de precios para los nuevos productos, que les permita un margen de utilidades similar al que obtenían por los cultivos que sustituyen.

ARTICULO 8. El servidor público que incumpla lo establecido en esta ley incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales y/o disciplinarias a que haya lugar.

ARTICULO 9. El Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, notificará al secretario General de las Naciones Unidas, la Denuncia de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en los términos establecidos en el artículo 30 de dicha convención, Lo mismo que notificará los ajustes a que haya lugar, de la responsabilidad del estado Colombiano frente a los demás Instrumentos Internacionales, vigentes sobre la materia.

ARTICULO 10. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el artículo 32 de la ley 30 de 1.986 en lo relacionado con el cultivo de coca.

VIVIANE MORALES HOYOS

Senadora De la República

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La humanidad se aproxima cada vez con menos falsos moralismos al tema de la legalización del cultivo, sobre todo en los escenarios académicos en los que ya no se admite duda, de que la prosperidad del negocio se debe a su prohibición. Esta certeza sin embargo no ha logrado sensibilizar a los Gobiernos, para que seria y honestamente aborden el asunto. No, más bien existe una manifiesta doble moral en todos ellos, que asoma su intromisión militarista por entre los discursos prohibicionistas.

Todas las armas apuntan contra los países productores, en los que se cultiva por necesidad, pero nada se dice respecto a quienes usufructúan sus ganancias. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED), "...organización de los países ricos, estima las ganancias del tráfico internacional en cerca de medio trillón de dólares al año, de los cuales más de la mitad circula a través del sistema financiero de Estados Unidos. Esto insinúa una manera de tratar el problema de las drogas: el país que maneja más de la mitad de sus ganancias, las trata como el amigable banco de la esquina. ¿Y acerca de Colombia qué?. De acuerdo con el reporte de la OCED, Colombia recibe cerca de seis billones de dólares, lo cual es entre el 2 y el 3 % de lo que se queda en USA. Por lo tanto el negocio está es en ese país, los Estados Unidos. Allí es donde realmente funciona en grande el negocio de las drogas". (El Colombiano, abril 7 de 1996. pág. 7A).

El Estado Colombiano dedica a la guerra contra el narcotráfico enormes recursos, es decir que a un problema eminentemente social, económico y cultural se le da un tratamiento exclusivamente militar. Frente a este panorama, lo más preocupante en nuestro lúgubre destino es la falta de lucidez con la que hasta ahora hemos enfrentado tan importante problema, las posturas frente a los cultivos de coca son esquemáticas y maniqueas. O nos declaramos simpatizantes de los cultivadores, o aliados de una política de represión que pone cada vez más en peligro el futuro civilista y democrático de la Nación. Para quienes hemos optado por la paz y consideramos absurdo e ilegítimo que un problema social y cultural como el cultivo de coca se tome como pretexto para buscar reivindicaciones con los Estados Unidos, existen otras alternativas sustentadas en la dignidad y soberanía de la Patria.

Para quienes aceptan sin beneficio de inventario el prohibicionismo a ultranza de los Estados Unidos, no importa que las medidas de represión adoptadas terminen generando muerte, dolor, desplazamientos masivos y la más pavorosa miseria social. Toda guerra tiene un costo social y humano que políticos y generales deciden asumir después de ponderar sus ventajas y desventajas. Pero en este caso sobre todo para el futuro político y cultural de nuestro pueblo, el remedio resulta más desastroso que la enfermedad. Poco o nada se ha dicho sobre el funesto impacto que las fumigaciones indiscriminadas ha tenido y puede seguir teniendo sobre la salud de los campesinos, culturas indígenas, lo mismo que para la flora y fauna, tan diversa y rica, que aunque menguada, aún tenemos.

Se acuñó el término "narcocampesinos ", por eso sin importar que los intolerantes nos llamen ahora "narcociudadanos", levantamos la voz para decir en alto a Colombia y al mundo que esta política de represión contra los campesinos cultivadores de coca es injusta, que existen maneras más civilizadas y edificantes de enfrentar el problema, que no estamos dispuestos a seguir pagando el envilecimiento político y cultural de nuestra nación, la ceguera de quienes nos obligan a continuar en la vorágine sin ser capaces de controlar ni la producción, ni el tráfico, ni el consumo dentro de sus propias fronteras.

Podemos destruir dos, tres, cinco mil hectáreas de coca, arrasar con miles de hectáreas cultivadas de otros productos, afectar la salud de centenares de miles campesinos, sin que logremos detener el cultivo de coca. Si el Guaviare o el Putumayo no existiera, en otras regiones se cultivaría. Miles de desarrapados anhelantes de fortuna, se trasladarán a otros lugares y reconstruirán un negocio que sólo respeta las leyes de la oferta y la demanda.

 

La condición de ser una nación sometida en gran parte a los dictados del imperio, no tiene que ser excusa para renunciar a nuestra dignidad, a la posibilidad de incidir en el manejo de los problemas que tan a fondo nos atañen. No pretendemos caer en un nacionalismo ingenuo. Pensemos en nosotros y en nuestros campesinos, porque esta forma perversa de enfrentar el problema solo sirve a intereses mezquinos.

El fortalecimiento de la democracia, la paz y la civilidad, pasan por dar al problema de los cultivos ilícitos un tratamiento diferente al enfoque de represión .

Tomemos con lucidez tan infausto destino y para que no se diga que fuimos inferiores a las circunstancias, convirtámoslo en una oportunidad de afirmación política y cultural. Sólo Colombia tiene la posibilidad y necesidad de pasar de los simples análisis eruditos a la acción política. Si en la definición de una estrategia frente a los cultivadores de coca se decide nuestro destino de nación, es preciso que asumamos posturas capaces de incidir en el orden social y legal, pues sólo ostentando convicción y fuerza política es posible modificar las condiciones de interlocución con el mundo que por inercia nos condena.

De allí nuestra decisión y nuestro llamado. Sin reclamar condición diferente a la de ciudadanos que creemos en la posibilidad de modificar mediante la persuasión y el ejercicio democrático una realidad que consideramos injusta.

 

Proponemos la despenalización del cultivo de la coca Confiamos en la verdad y transparencia que nos animan. No albergamos ningún interés distinto al de enfrentar los conflictos sin caer en excesos guerreros, ni violar el derecho y el deber de la paz.

Esta convicción nos impulsa a presentar este proyecto de ley para implementar el tratamiento que se les dará a los cultivadores de coca, en la que se excluye de la órbita del derecho penal la participación en dicha actividad siempre y cuando se realice dentro de los parámetros y exigencias de la misma ley. Es decir se despenaliza y se establecen mecanismos para quienes cultiven, más no se liberaliza.

A partir de la vigencia de la presente ley, el cultivo de coca deja de ser un hecho punible, simple reconocimiento de una actividad de sobrevivencia de millares de campesinos abandonados por el Estado y por los beneficios de la sociedad colombiana. No podemos seguir en un escenario que pone reglas de juego para la competencia, pero que encarcela a los que menos responsabilidad tienen en el problema. Una población campesina vilipendiada y perseguida como narco-cultivadores, que habita en el limbo histórico y social abierto entre la ostentosa ciudad y la narco-hacienda-paramilitar.

Se establece por ello, la posibilidad de que se siembre coca, pero con el lleno de ciertos requisitos, como el estar inscrito en el registro que para el efecto lleven los alcaldes y de comercializarla solamente con aquellas personas o agroindustrias campesinas dedicadas al procesamiento con fines de producción industrial de derivados lícitos para el consumo humano.

Se prevee la conformación de cooperativas veredales de campesinos en aquellas zonas donde existen dichos cultivos, a fin de contratar con ellos la erradicación manual, lo mismo que se prohibe tajantemente cualquier tipo de aspersión aérea de sustancias, por los desastres ecológicos que implica.

Se establece la obligación en cabeza del Gobierno Nacional de abrir líneas de crédito con bajos intereses y a largo plazo para apoyar la creación de agroindustrias campesinas que se dediquen a producir derivados lícitos de la coca, las cuales solo podrán adquirir las plantaciones a quienes cultiven con el lleno de los requisitos aquí exigidos.

Por su parte el Ministerio de Salud, deberá expedir las licencias para que funcionen las empresas agroindustriales dedicadas al procesamiento lícito de la coca, al igual que existen en otros países y de donde se obtienen un sin número de derivados, que se comercializan en todo el mundo.

Es obligación también del Gobierno Nacional, iniciar de manera prioritaria programas de sustitución de cultivos, estableciendo una política de sustentación de precios que permita a quienes se alisten en ellos obtener rendimientos similares a los que les proporcionan los cultivos que sustituyen.

Finalmente el incumplimiento de esta ley por parte de los servidores públicos, será causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales y/o disciplinarias a que haya lugar.

 

La presente ley, deroga expresamente el artículo 32 de la ley 30 de 1.986, en lo relacionado con el cultivo de coca y las demás normas que le sean contrarias.

En fin, con esta ley, ligamos el problema histórico de campesinos desposeídos, con los de la sociedad toda y los conflictos locales con los conflictos latinoamericanos, para lo cual es necesario derribar esos castillos feudales de la verdad que se impone a sangre y fuego, que no respeta vidas ni derechos humanos y que impide el autoconocimiento, la conciencia no prestada, la toma del pulso de nuestros propios ritmos y esperanzas.

VIVIANE MORALES HOYOS

Senadora de la República

Bogotá, agosto de 2001

 
 

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