Proyecto de ley número 83 de 2001

el tratamiento debido a los cultivadores de coca.

 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 83 DE 2001

por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca.

  Doctor

  JOSE RENAN TRUJILLO GARCIA

  Presidente Comisión Primera

  Honorable Senado de la República

  La ciudad.

  Referencia: Proyecto de ley número 83 de 2001, por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamien to debido a los cultivadores de coca.

  Señor Presidente:

  En los siguientes términos rendimos ponencia para primer debate del proyecto de la referencia.

  1. De las condiciones socioeconómicas que justifican este proyecto, en defensa del campesino colombiano.

  El campesino pobre es lanzado a trabajar en la siembra y cosecha de la hoja de coca por profundas razones originadas en la estructura socioeconómica del país, como por ejemplo, las siguientes:

  La concentración de la tierra, en donde el 0.8% de los propietarios con haciendas de más de 300 hectáreas son dueños del 68% de la tierra y en cambio el 70% de campesinos con parcelas de menos de 5 hectáreas disponen de apenas el 5.6% de la tierra. La apertura económica que está importando anualmente cerca de 7 millones de toneladas de materias primas y alimentos a bajos precios que destruyen la base productiva y nacional de los campesinos colombianos. La caída de los precios internacionales de los productos de exportación. El fracaso d e la descentralización económica, administrativa y financiera del país a favor de las regiones. El recorte de la inversión pública y privada en el campo colombiano para obras de infraestructura, de adecuación de tierras, para estimular a la producción y comercialización de productos. El acceso y uso limitado de maquinaria equipos, aperos, insumos y químicos, etc. La ausencia de tecnologías que se puedan aplicar a las pequeñas propiedades. El crédito escaso, limitado y burocratizado. La deuda externa que limita los recursos para el desarrollo de campo. La baja participación de los productos tradicionales en la venta de los productos comerciales. El uso anticuado de tierras. La falta de capacitación, la baja competitividad, los altos costos de intermediación, la falta de garantías y de seguridad en las cosechas, y la ausencia de servicios básicos e infraestructura en el campo etc.

  El campesino colombiano forma parte de esos 4.300.000 de personas que en Colombia constituyen el 59.8% de pobres colombianos, pues estos apenas perciben un tercio (1/3) del ingreso per cápita que recibe en promedio un colombiano, esto es menos de 500 dólares al año.

  Adicionalmente, la industria perdió su dinámica y la participación en el PIB disminuyó. Se produjo un proceso de desacumulación de inversiones y con contadas excepciones no se gestaron procesos de modernización empresarial. En el corto plazo es prácticamente imposible esperar en el sector industrial un aumento importante en las exportaciones y aún la recuperación del mercado interno.

  El programa de privatizaciones contempla empresas rentables que prestan servicios públicos importantes, en una clara política de socialización de las pérdidas. De otra parte, se plantea que los recursos de las privatizaciones se orientaran a cubrir el déficit fiscal y hacia los programas asistenciales dirigidos a los sectores más vulnerables. El peligro de estas destinaciones presupuestales es la financiación de gastos que se convierten en permanentes con recursos de coyuntura.

  En otros sectores estratégicos como los del carbón y el petróleo, la flexibilización no es otra cosa que la orientación hacia concesiones sin condiciones a la inversión extranjera antes que la asociación racional para la exploración y explotación de los recursos. En lo ambiental y en lo sustentable los resultados.

  Saltan a la vista mediante proyectos en los que poco importa avasallar cultural y físicamente poblaciones y territorios ancestrales.

  Las preferencias unilaterales concedidas por los países desarrollados, aunque fueron el resultado de la aceptación del principio de la corresponsabilidad mundial en la lucha contra las drogas, presentan cada día una tendencia mayor a condicionalidades de diferentes tipos e, inclusive, ya se han establecido plazos para su desmonte.

  La competitividad, no es un problema sencillo, pues mientras no se plantee un cambio estructural y de modelo económico, el problema de restricción de la demanda por la disminución en el poder adquisitivo de la población y la incorrecta distribución del ingreso continuará afectando la recuperación del mercado interno y el aumento del bienestar.

  Las exportaciones de bienes de mayor valor agregado e incorporación tecnológica, son por ahora una simple ilusión que no se encuentra respaldada por ningún plan de desarrollo.

  Según un estudio de Julio Carrizosa, en los últimos 50 años se ha perdido más de la mitad de la cobertura boscosa general y casi la totalidad de algunas formaciones como el bosque seco tropical y el bosque subandino. La totalidad de las corrientes de aguas andinas están contaminadas. La pesca y la caza han desaparecido en la zona Andina y el sistema Magdalena. Cuarenta y cinco por ciento de los suelos se usan para fines diferentes a los de su vocación y 10% presenta erosión severa.

  Es urgente fortalecer la estrategia de un verdadero Plan de Colombia en la erradicación de cultivos mediante la solución a los problemas de pobreza, exclusión y la sustitución y generación de empleo productivo y no mediante las fumigaciones, la presión y penalización de los cultivadores, que agravan de por sí el problema, incluido el ambiental.

  Por lo tanto, si no se remueven, o al menos se debilita, las causas objetivas como los anteriormente anotadas, que expulsan a los campesinos colombianos de sus actividades lícitas que no son rentables para el producido de su trabajo, hacia aquellas formas productivas que sí garantizan unos mínimos de subsistencia, no es justo que se penalice a quienes en un acto de legitima defensa humana deban recurrir a esta forma ilícita de trabajo como es la producción de hoja de coca, que tiene altos niveles de rentabilidad económica.

  Por eso la importancia de la política de desarrollo alternativo rentable que permita ir más allá de la situación de cultivos, para resolver los problemas estructurales que configuran el entorno socioeconómico del trabajo de los campesinos expulsados a la producción de hoja de coca.

  De ahí la urgencia de aplicar una estrategia integral de desarrollo del país que entre otras tareas haga realmente competitivo el campo colombiano dentro de un nuevo modelo de desarrollo del país.

  2. De la demanda

  El debate de fondo sobre la producción de hoja de coca está ligada estrechamente al problema del consumo de la cocaína y otros derivados de su procesamiento. Es el debate entre la escuela monetarista que estima que el problema radica en la oferta de productos, en este caso de la hoja de coca, es la que genera la demanda de la misma y por lo tanto, hay que reprimir a los centros productores de la droga. Y la otra, de corte Keynesiano que considera que el problema radica en la demanda del producto, pues los parámetros culturales y el nivel de desarrollo socioeconómico de los países desarrollados, especialmente de los Estados Unidos, incentivan a consumir sustancias sicotrópicas, entre otras la cocaína, no importando dónde se produzca. Y comparativamente, el grado de represión al consumo es menor que de la producción.

  Pero la demanda también se está ampliando en Colombia cuyo consumo, aunque actualmente a niveles bajos, aumenta rápidamente. De ahí la importancia de la campaña “de prevención frente al consumo de drogas ilícitas” para desestimular el consumo de drogas y controlar el abuso de consumo de alcohol, tabaco y medicamentos que generen adicción.

  3. Elementos del Plan Colombia que justifican la despenalización de la producción de la hoja de coca.

  Las diferentes estrategias del Plan Colombia dirigidas a la producción y a atenuar los efectos del proceso de erradicación y persecución de la producción de cocaína es la mejor argumentación que justifica el tratamiento debido a los cultivadores de coca hasta tanto se le da una total aplicación al componente social del Plan Colombia. En otros términos, si el Estado Colombiano, a través del Plan Colombia reconoce la necesidad de sustituir la producción de cultivos ilícitos, entonces, y mientras esto ocurra, quienes laboren en ella no podrán ser penalizados.

  Mientras ocurren los cambios estructurales, compartimos el Objetivo N’. 6 del Plan Colombia que dice: “Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el narcotráfico: ofrecer oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo”.

  Los elementos de este plan en los que se apoya la propuesta y que se debe esperar a su aplicación antes de penalizar a los productores de hoja de coca, entre otras, son los siguientes:

  3.1 Estrategias de Plan Colombia

  • Una estrategia económica que genere empleo, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico.

  • Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos.

  • Una estrategia judicial y derechos humanos.

  • Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas.

  • Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia también incluye la colaboración con empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover modelos innovadores y produc tivos para así enfrentar una economía más globalizada, fortalecer de este modo nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de violencia rural.

  • Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta.

  • Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga.

  3.2 Estrategia para el desarrollo alternativo.

  El Plan Colombia define la Estrategia del Desarrollo Alternativo de la siguiente manera: “Una estrategia de desarrollo alternativo que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también contempla actividades de protección ambiental que sean económicamente, factibles, con el fin de conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica, sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye proyectos productivos sostenibles, integrales y participativos, en combinación con la infraestructura necesaria y dedica atención especial a las regiones que combinan altos ni veles de conflicto. Con bajos niveles de presencia del Estado, un capital social frágil y degradación grave del medio ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano, y el suroccidente de Colombia”.

  Esta estrategia busca introducir alternativas integrales, participativas, rentables y económicamente sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas zonas afectadas por la combinación de conflictos intensivo, presencia deficiente del Estado capital social bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas ambientales relacionados con ellos. Habrá especial prioridad que garantice el mantenimiento de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos transitorios. La participación comunitaria garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales y la demanda de los mercados nacionales e internacionales. La sostenibilidad se garantizará a través de alianzas estratégicas, con la participación de pequeños productores, inversionistas privados, los gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un punto importante de la estrategia es el fomento de inversión privada en actividades orientadas a la demanda, con microempresas y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos serán apoyados por mecanismos financieros e inversión en infraestructura física, como carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y electrificación, vivienda, sistemas de acueducto y saneamiento básico, e infraestructura adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.

  La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco de la política para el abandono de los cultivos ilícitos. La anterior política está dirigida principalmente a pequeños agricultores (menos de tres hectáreas de producción y a los trabajadores en las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de producción legitima a mercados potenciales, el origen de las personas productoras de los cultivos ilícitos y el potencial agrícola de la tierra en que se encuentran los cultivos ilícitos.

  En las á reas de cultivo de amapola, al igual que en aproximadamente una tercera parte de las áreas de cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la producción ilícita de pequeños agricultores por uno o más cultivos lícitos. En esas zonas se intentará que los productores abandonen la producción de cultivos ilícitos suministrándoles asistencia para establecer cultivos legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal. El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores y los mercados urbanos y locales.

  Se estima que un 60% de las áreas de cultivo de coca se encuentra alejadas de sus mercados potenciales y son pocos aptas para cualquier tipo de producción agrícola sostenible. El Gobierno Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades legítimas de ingreso a pequeños agricultores y trabajadores de esas zonas.

  Primero, los agricultores y aquellos en condiciones similares tendrán la oportunidad de salir de las áreas de producción de coca y asentarse en tierras decomisadas del narcotráfico o en tierras suministradas por el Incora,  Instituto Colombiano para la Reforma Agraria.

  Segundo, se ofrecerán oportunidades laborales en pequeñas empresas de área urbanas de origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el incentivo económico de la migración.

  Tercero, El Gobierno Nacional trabajará con los grupos indígenas y los gobie rnos locales para impulsar actividades económicas y ambientalmente rentables para conservar áreas de forestación, en un esfuerzo par frenar el avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas frágiles. El trabajo en la conservación y la protección del medio ambiente también genera empelo para los antiguos cultivadores de coca.

  El costo estimado de la estrategia de desarrollo Alternativo para 1999-2002 es de 570,8 millones de dólares, 342,5 millones se utilizarán para proyectos de producción y transferencia de tecnología, 100 millones para infraestructura en áreas rurales, 86 millones para la conservación y restauración de áreas ambientales frágiles, y 42,3 millones de dólares para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas.

  3.3 El papel de las comunidades locales y los municipios.

  El mismo Plan Colombia reconoce el papel que las comunidades pueden jugar en la política pacífica de sustitución de cultivos, él dice que los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo, servicios básicos y un mejor futuro para sus hijos. Los programas nacionales como aquellos para el desarrollo alternativo, protección ambiental, desplazados y asistencia para zonas de conflicto buscan la realización de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este modo los incentivos para las migraciones o para cultivos ilícitos. Las comunidades locales y los concejos municipales juegan un papel fundamental.

  Con, el fin de maximizar la eficiencia, los gobiernos regionales y locales trabajarán con el Gobierno Nacional, empresas locales y ONG. La administración municipal buscará invertir el recaudo local , los recursos provenientes del presupuesto nacional y las donaciones para apoyar organizaciones locales en la satisfacción de las necesidades locales de alta prioridad.

  Con el fin de fortalecer el desarrollo institucional, esta estrategia también promoverá una mayor confianza, legitimidad y fe en las instituciones públicas. Se fomentarán mecanismos formales e informales que inculquen la tolerancia, la justicia, la seguridad y los cambios en los patrones culturales que incitan a reacciones violentas, al conflicto. Todo ello se complementará con un apoyo activo para fomentar redes locales de paz.

  3.4 Democratización y Desarrollo Social (quinto capítulo)

  De la misma manera establece la necesidad de “buscar reducir las causas y manifestaciones de la violencia mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, teniendo como elemento fundamental el fortalecimiento local y la participación comunitaria en actividades de presión a los grupos guerrilleros y otros grupos armados, lucha contra la corrupción, el secuestro y el desplazamiento, erradicación de cultivos ilícitos.

  Con relación al desarrollo alternativo se propende por alternativas integrales, participativas y rentables bajo el esquema de la participación comunitaria y la construcción de alianzas estratégicas (Inversión privada) buscando el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino como presupuesto necesario para el abandono de los cultivos ilícitos. Tres posibles salidas a trabajadores de zonas de cultivo: reubicación en tierras decomisadas a narcotraficantes empleos en pequeñas empresas en áreas urbanas programas loc ales de reforestación. Se busca también aportar a la conservación de ecosistemas frágiles como la preservación de la cuenca amazónica.

  El fortalecimiento del papel de los gobiernos locales, de las ONG de las empresas y de las comunidades se considera fundamental para la ejecución del Plan y sus estrategias. Complementado mediante el apoyo para la creación de redes locales de paz”.

  4. El manejo general en el tratamiento debido

  El Estado y la sociedad colombiana, parten del reconocimiento que los campesinos cocaleros constituyen un grupo económico y social muy distinto al que conforman las personas dedicadas al narcotráfico. En tal sentido, es fundamental establecer una relación sólida y estable entre el Estado y los campesinos cocaleros, considerando que estos se encuentran listos para participar como interlocutores de un diálogo por el desarrollo alternativo que permita sustituir los cultivos de hoja de coca por otros de carácter lícitos, para cuyo fin el Estado debe garantizar los medios necesarios y suficientes. Por lo tanto, y mientras ocurra la sustitución de cultivos, los campesinos dedicados a la producción de hoja de coca no podrán ser objeto de penalización, bajo los requisitos que se plantean en la presente ley.

  La identificación, reconocimiento y empadronamiento de los agricultores y de sus diversas formas de organización, titulación y registro respetando las posesiones y las formas de tenencia de la tierra escogidas por ello mismos.

  2. La participación de los campesinos productores de coca en la elaboración de políticas aplicables a las actividades que se desarrollen en las zonas involucradas.

  3. Con el fin de impulsar las actividades alternativas, transferir la administración del programa será descentralizada pero la decisión política correrá por cuenta del gobierno central.

  4. La consolidación de una institucionalidad que garantice la libre contratación, la eliminación de los mecanismos que la restrinjan y el establecimiento de derechos para el cabal desarrollo de las actividades alternativas.

  5. La identificación de las actividades alternativas al cultivo de la hoja de coca, a partir de la consideración que sobre ellas hagan los propios agricultores y sus organizaciones.

  6. La adopción transitoria de medidas que eviten o compensen la competencia desleal, así como las prácticas monopólicas u oligopólicas que deterioren la capacidad competitiva de los productos alternativos.

  7. La realización de obras de servicios, considerando las prioridades que establezcan los propios usuarios en función de sus necesidades para el desarrollo de mercados alternativos. La participación de los usuarios en su ejecución y supervisión.

  8. Extensión de los servicios Banco Agrario y otros sistemas financieros con tratamientos preferenciales para los campesinos comprometidos con la sustitución de cultivos.

  9. Definir adecuadamente las competencias de los gobiernos regionales y locales, para que complementen sus acciones eliminando las actuales disfunciones.

  10. La creación de la institucionalidad, que permita garantizar la seguridad del financiamiento e inversión nacional y extranjera para el desarrollo alternativo.

  4.1. De la intervención del Estado

  11. El Estado se compromete a desarrollar una estrategia integral, para la sustitución de cultivos ilícitos a través de la interlocución directa entre la población y el Poder Ejecutivo, sin desmedro de las competencias que corresponden a los gobiernos regionales y locales.

  12. Para efectos de la aplicación de la presente ley serán seleccionadas una Zona Especiales de Desarrollo Alternativo, según lo defina geográficamente el Consejo Nacional de Planeación.

  13. Los campesinos cocaleros deberán suscribir acuerdos de sustitución de cultivos, en los cuales se comprometen con la política del Estado, al control y cuidado de las áreas, así como por su no utilización en actividades ilegales; y a proteger el medio ambiente y la utilización racional de los recursos.

  14. El Estado se compromete a la reubicación de campesinos hacia zona de mayor fertilidad y rentabilidad económica.

  15. Los acuerdos de sustitución que el Estado celebre con los agricultores sean personas naturales o jurídicas, y los contratos sobre inversión, producción y financiamiento que los agricultores celebren con terceros, gozarán de todas las garantías que la legislación colombiana atorga a la inversión nacional o extrajera.

  El incumplimiento de dichos acuerdos y contratos será objeto de las sanciones penales, civiles y administrativas previstas en la legislación nacional.

  4.2 De la participación de la población

  16. Los ciudadanos de la Zonas Especiales tienen, a través de sus organizaciones o en forma individual, derecho a participar en el desarrollo y ejecución de la Estrategia Integral a que se refiere el presente proyecto de ley.

  17. La participación ciudadana se desenvolverá en las siguientes áreas:

  18. En la iniciativa, elaboración, negociación, suscripción, ejecución y fiscalización de acuerdos de sustitución de cultivos ilegales.

  19. En la iniciativa, elaboración, discusión, dirección, ejecución y fiscalización de programas para desarrollo alternativo.

  20. En el proceso de formación de las normas de aplicabilidad general y de las decisiones vinculadas con el desarrollo alternativo en las Zonas Especiales.

  21. En colaborar en la supervisión de la ejecución y cumplimiento de la Estrategia Integral, así como en la denuncia de aquellas autoridades que incumplan sus funciones y obligaciones derivadas de la Estrategia.

  22. Mediante decreto presidencial se establecerá los mecanismos y requisitos que garanticen la representatividad de las organizaciones campesinas y ciudadanas.

  23. Los proyectos de normas y decisiones que se vayan aplicar en las Zonas Especiales, serán concertadas con los campesinos involucrados y las autoridades locales de las zonas afectadas.

  5. El cultivo de coca no puede ser conducta punible

  La siembra de coca, en los términos que establece el proyecto de ley no puede constituir delito, ni contravención.

  El artículo 9° del Código Penal ordena: “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”.

  El artículo 11 del mismo Código, determina que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.

  La antijuricidad es lo contrario al derecho, pero más que contrario a la ley es la oposición a la norma de cultura reconocida por el Estado. Las normas de cultura constituyen los principios fundamentales de la convivencia social que el derecho regula como una manifestación de cultura.

  Según el Alemán Max Ernst Mayer, el orden jurídico es: “un orden de cultura constituido por normas que la sociedad tutela. La infracción de esas normas de cultura constituirán lo antijurídico”.

La antijuricidad material se halla integrada por la lesión o peligro para bienes jurídicos. Una conducta antijurídica es ante todo una conducta injusta, es decir, una conducta que no puede ser reconocida como mediojusta para un fin justo. Significa que la conducta sea contraria a la sociedad, a la misma convivencia humana, que sea antisocial.

  La norma cultural que se vulnera abarca los repertorios de comportamiento y patrones de existencia en la sociedad, tanto en el plano teórico o en el práctico, como por ejemplo, los sentimientos nacionales, religiosos, costumbres, etc.

  Franz Von Liszt, sostiene sobre la antijuricidad, que la lesión o riesgo de un bien Juridico, sólo será materialmente contraria al derecho, cuando esté en contradicción con los fines del orden jurídico que regula la vida en común; esta lesión o riesgo, será materialmente legítima a pesar de ir dirigida contra los intereses jurídicamente protegidos, en el caso y en la medida en que responda a esos fines del orden jurídico, y, por consiguiente a la misma convivencia humana.

  La consideración material de la antijuricidad consigue además la posibilidad de admitir la presencia de una causa de justificación (ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad) inclusive en supuestos en que no se hallen previstos en la ley, pero en las cuales la ponderación de bienes que requiere la ley muestra que los fines y representaciones valorativas que subyacen a la norma jurídico penal han de retroceder ante otros intereses legítimos a que sirvió la acción. Así, lo enseñó el Tratadista alemán, H.H. Jescheck: “Una acción es ajustada al derecho si constituye un medio justo para un fin justo”,

  Para muchas comunidades dedicadas centenariamente al cultivo de coca, esta actividad siempre ha sido un modus vivendi, forma parte de su tradición y de su cultura, asistida por la conciencia de estar realizando una actividad lícita. Otros sectores sociales o personas han obrado en total estado de necesidad, en defensa del derecho fundamental a la vida, que más que un derecho es el fundamento de todos los derechos y obligados por políticas estatales neoliberales carentes de justicia social.

  En que queda el derecho fundamental al trabajo de todas las personas que histórica, cultural y sociológicamente y por imperativos de subsistencia han tenido que recurrir a esta actividad hasta ahora considerada ilícita. El Estado está negando el derecho de darles trabajo y protección como obligación constitucional en condiciones dignas y justas. La respuesta de la sociedad y del Estado lamentablemente es la del desplazamiento forzado de miles de campesinos, especialmente a los sectores urbanos, en condiciones indignas para la persona humana, potenciando el desempleo, la pobreza, la marginalidad, la violencia social y el crimen.

  El fin del derecho según Francisco Carnelutti, es eliminar la guerra. Así, donde impera el derecho, según él, desaparece la guerra.

  El cultivo de plantaciones de coca, que producen droga con dependencia psíquica, tal como está legislada esta actividad no cumple el fin del derecho de eliminar la guerra, sino que la crea y la incrementa por el inmenso problema social que la erradicación indiscriminada de esos cultivos crea, sin prever desarrollos alternativos mediante la sustitución de cultivos e inversión social en forma previa.

  Además, el delito en los casos de cultivos ilícitos, no puede ser considerado desde el punto de vista estrictamente positivo, teniendo en cuenta solamente la punibilidad de un derecho del hombre y buscando solamente la imposición de una pena con carácter aflictivo o expiatorio o vindicativo o represivo, alejándose en forma absoluta de la función intimidativa de la pena, que pueda conllevar a la prevención del delito sin ninguna clase de miramientos científicos, sociológicos, sicológicos, antropológicos, biológicos, económicos, etc.

  Las causas que llevan a miles y miles de colombianos a dimanar su existencia de esa clase de cultivos son justas, lo que corrobora la carencia de antijuricidad de su conducta como lo hemos venido explicando.

  Considérese a la justicia desde cualquier ángulo filosófico o político. Desde Platón, hasta Aristóteles, la justicia como un problema fundamental de la ética, de la conducta moral, o la Justicia como en dar a cada cual lo que se merece, está siempre dirigida al bien común.

  Hans Keisen, conformándose con la justicia relativa, manifiesta que esta, es: “Todo aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con ella la verdad y la sinceridad, es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”.

  Más allá del Estado de Derecho, tenemos que buscar un Estado de Justicia, que incluyan a una sociedad y a un individuo justo, que interprete el momento histórico que vive Colombia, especialmente en búsqueda de la paz política y económica. Repugna a la conciencia humana y a la conciencia social, por injusto, que se castigue criminalmente a estas personas, que luchan por concretar en la realidad la igualdad material ante la vida, como su propio recurso ético y cultural, ante el abandono del Estado.

  Despenalizar esta clase de cultivos en los términos razonables y justos previstos en el proyecto de ley, constituye una necesidad política, jurídica, económica y social.

  6. Proposición

  Dese primer debate al Proyecto de ley número 83 de 2001, por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca.

  Carlos Holguín Sardi y  Darío Martínez Betancourt, Senadores ponentes.

  

 


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