proyecto de ley general rural

 

indice de contenido

 TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.........................................................................................................................

Capítulo único: Objeto, objetivos, alcances y definiciones..........................................................................................

TITULO II: DISPOSICIONES PARA EL MEDIO RURAL.................................................................................................

Capítulo 1: Capital humano..............................................................................................................................................

Capítulo 2: Capital social..................................................................................................................................................

Capítulo 3: Capital físico: infraestructura......................................................................................................................

Capítulo 4: Recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, demás recursos naturales y sostenibilidad ambiental      

TITULO III: DISPOSICIONES PARA LA AGRICULTURA...........................................................................................

Capitulo 1: Acceso a los factores de la producción....................................................................................................

Capítulo 2: Mercados de productos y de factores productivos.................................................................................

Capítulo 3: Investigación y transferencia de tecnología...........................................................................................

Capítulo 4: Cadenas productivas y acuerdos de competitividad.............................................................................

Capítulo 5: Inversión, financiamiento y seguros.........................................................................................................

Capítulo 6: Bolsas de Productos y Servicios de la Agricultura y la Agroindustria.............................................

TITULO IV: DISPOSICIONES de carácter INSTITUCIONAL......................................................................................

Capítulo 1: Plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural...........................................................

 

Capítulo 2: Descentralización y competencias territoriales.....................................................................................

Capítulo 3: Contratos para el desarrollo del medio rural........................................................................................

Capítulo 4: Organismos y entidades públicas..............................................................................................................

Capítulo 5: Información....................................................................................................................................................

TITULO V: DISPOSICIONES FINALES............................................................................................................................

Capítulo 1: Flexibilidad y desarrollo de la Ley...........................................................................................................

Capítulo 2: Fondos parafiscales.....................................................................................................................................

Capítulo 3: Derogatoria y vigencia...............................................................................................................................

 


 

 

proyecto de ley

 

Por la cual se expide la Ley General Rural

 

El Congreso de Colombia

 

Decreta:

 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo único: Objeto, objetivos, alcances y definiciones

Artículo 1: El objeto de la Ley General Rural es proporcionar el marco legal mediante el cual el Estado desarrollará políticas, programas, proyectos y acciones que promuevan el progreso integral del medio rural y de la agricultura en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad, dada su prioridad para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política.

 

Artículo 2: Para los efectos de la presente Ley, se entiende por medio rural el espacio geográfico en el cual los seres humanos desarrollan la agricultura y las actividades relacionadas, dando lugar y particularidad a las instituciones sociales y a la cultura que conforman la sociedad rural.

 

Artículo 3: La agricultura se entiende como el conjunto de las actividades humanas que transforman el medio natural para el desarrollo y aprovechamiento tanto de las especies vegetales y animales como de los servicios ambientales que son valiosos para el bienestar de los seres humanos. Estas actividades comprenden los procesos industriales necesarios para obtener el producto en su forma útil para el consumo directo o industrial e incluyen las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y de servicios ambientales.

 

Artículo 4: Los objetivos de la presente ley son:

a)     Establecer y garantizar las condiciones que le permitan a la población rural promover su bienestar social y económico ejerciendo en forma plena y efectiva sus derechos y cumpliendo sus deberes;

b)     Generar condiciones para el desarrollo de una agricultura eficiente, competitiva y rentable;

c)      Contribuir al desarrollo de la agricultura de manera que le permita utilizar plenamente sus potencialidades productivas, en un marco de sostenibilidad ambiental, económica y social;

d)     Impulsar el desarrollo de una agricultura tropical basada en su diversidad y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;

e)      Crear las condiciones para que la población rural participe equitativamente en la distribución de los beneficios del desarrollo de la agricultura; y

f)        Corregir los desequilibrios económicos y sociales regionales, mediante la atención diferenciada al medio rural en las regiones más vulnerables.

 

Artículo 5: Las políticas, programas y acciones relacionadas con la agricultura y el medio rural que la Nación y las entidades territoriales formulen y ejecuten con el fin de impulsar el desarrollo del medio rural y de la agricultura deberán ajustarse a lineamientos de manera que:

a)      la agricultura, como actividad productiva y comercial, se constituya en un sustento efectivo de la vida económica y social del medio rural colombiano;

b)      el crecimiento de la agricultura colombiana se pueda fundamentar en el uso óptimo del potencial productivo de los recursos naturales y de la biodiversidad;

c)      se desarrolle el conocimiento, el cuidado y el manejo apropiado de la biodiversidad y demás recursos naturales con el fin de garantizar la viabilidad del crecimiento sostenido de la agricultura;

d)      la producción agrícola se adapte en forma eficiente y responda con éxito a la dinámica de los mercados globalizados;

e)      se desarrolle y profundice el mercado de tierras para promover su correcta asignación a los usos productivos que sean socialmente más eficientes;

f)        se garantice a los habitantes del medio rural la dotación y el acceso a los medios para el desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas;

g)      las relaciones entre el Estado y las organizaciones privadas del sector agrícola y del medio rural operen en condiciones de transparencia, eficacia y efectividad;

h)      se promueva la participación efectiva y aumente el poder de la sociedad rural en las instancias nacionales y territoriales de decisión;

i)        se definan con claridad los ámbitos especiales de responsabilidad del Estado frente al desarrollo de la producción agrícola y el medio rural; y

j)        el sector agrícola y el medio rural puedan desarrollar una institucionalidad ajustada a sus condiciones especiales, con el fin de que la evolución de la agricultura y del medio rural sea un proceso impulsado desde su interior e incluya a toda la población en la distribución de los beneficios del progreso y se traduzca en equidad económica y social e igualdad de oportunidades.

 

Artículo 6: A partir de la vigencia de la presente ley el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se denominará Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

 

TITULO II: DISPOSICIONES PARA EL MEDIO RURAL

Capítulo 1: Capital humano

Artículo 7: El Estado garantizará la cobertura universal de la educación básica en el medio rural en un plazo no mayor a 4 años, a partir de la sanción de la presente Ley, y velará por el mejoramiento de la calidad y pertinencia, como principales factores para nivelar las oportunidades y la calidad de vida de la población rural con las predominantes en el medio urbano.

 

Artículo 8: La política educativa del Estado para el medio rural será definida nacionalmente, coordinada regionalmente y ejecutada de forma descentralizada.

 

Artículo 9: El Estado promoverá y estimulará la demanda efectiva de servicios educativos en el medio rural estructurando programas y acciones para:

1.      Abaratar los costos de acceso por medio de tecnologías e instrumentos educativos que reconozcan las particularidades de la población rural, y aumenten la eficiencia de la oferta pública;

2.      Compensar costos de oportunidad por la asistencia escolar, mediante incentivos a las familias; y

3.      Estimular la participación del sector privado en la oferta de servicios de educación básica, media y técnica, tanto formal como informal, en el medio rural, mediante los contratos para el desarrollo del medio rural de que trata el artículo 20 y la deducción de impuestos.

 

Artículo 10: El Estado promoverá y fomentará la formación en competencias técnicas y la capacitación laboral pertinentes al desarrollo rural, mediante:

1.      El establecimiento de incentivos para la organización comunitaria en el medio rural con el fin de acceder a programas de servicios educativos mediante la celebración de contratos para el desarrollo del medio rural.

2.      La elaboración y ejecución por parte del SENA de planes quinquenales de formación y capacitación laboral para el medio rural, concertados con el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

Será causal de mala conducta del Director y del Consejo Directivo del SENA la no observancia de esta disposición.

3.      El otorgamiento de incentivos para estimular el compromiso del sector empresarial con la capacitación técnica y laboral para el medio rural.

4.      La formulación y ejecución de programas especiales que combinen transferencia de tecnología con programas de educación postescolar.

 

Artículo 11: Autorízase al gobierno nacional para establecer incentivos especiales de localización en el medio rural para los docentes. Su aplicación debe estar dirigida a lograr que docentes de mayor calificación y competencia presten sus servicios educativos en el medio rural.

 

Los recursos financieros para estos programas de localización podrán provenir de las transferencias que realice la Nación a las entidades territoriales, o de las regalías que perciban dichas entidades.

 

Capítulo 2: Capital social

Artículo 12: Para efectos de la presente ley, serán reconocidas como interlocutores válidos y ejecutores de política las organizaciones que representen los intereses de la sociedad civil como comunidades, empresarios, profesionales y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.

 

Artículo 13: Con el propósito de promover la organización y la cooperación local y regional de productores y comunidades en el medio rural el Estado procurará: (a) Alentar las iniciativas locales de cooperación para el desarrollo; (b) Apoyar las acciones de trabajo cooperado y las alianzas entre los distintos actores del desarrollo rural; (c) Incentivar el intercambio de experiencias, la articulación de acciones y las relaciones entre la sociedad civil y el Estado; y, (d) Dar apoyo a proyectos productivos, ambientales y de turismo rural que surjan de los acuerdos y consensos de los ciudadanos y organizaciones en cada territorio.

 

Artículo 14: En el desarrollo de programas públicos de inversión, el Estado deberá garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en forma explícita y los mecanismos para el ejercicio del control social y la veeduría ciudadana.

 

Artículo 15: Con el propósito de impulsar el desarrollo local, desde la perspectiva de la cooperación, el Estado promoverá iniciativas que generen la integración territorial, la asociación de los agentes públicos y privados, el trabajo en red y la cooperación entre municipios. La Iniciativa del Estado buscará la construcción de condiciones locales favorables al desarrollo económico.

 

Capítulo 3: Capital físico: infraestructura

Artículo 16: El Estado dará prioridad y, mediante diversos mecanismos a su disposición, asumirá la responsabilidad por el desarrollo adecuado de la infraestructura económica pública en el medio rural, con el fin de igualar las oportunidades de progreso y bienestar de los habitantes del campo frente a los demás ciudadanos del país.

 

Uno de esos mecanismos será el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural, INCOMER, que se crea en el artículo 111, a través del cual la Nación incentivará a las entidades territoriales, mediante aportes de cofinanciación, a desarrollar la infraestructura económica para el medio rural.

 

El Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural cofinanciará programas de infraestructura en los cuales se dará prioridad a los proyectos que desarrollen la red terciaria de carreteras, la electrificación rural y la telefonía rural.

 

Parágrafo: Estas funciones del Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural no exoneran la responsabilidad que corresponda a los organismos y entidades competentes en materia de redes de carreteras, electrificación y telefonía.

 

Artículo 17: El gobierno nacional, con base en un principio redistributivo a favor de las entidades territoriales menos desarrolladas y de menores ingresos, definirá los criterios que aplicará el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural en función de la categoría de la entidad territorial, el esfuerzo fiscal, la asociatividad de las entidades territoriales, los indicadores de pobreza rural y el tipo de obra por desarrollar.

 

Artículo 18: Créase el Incentivo para el Desarrollo de la Infraestructura Rural como un instrumento especial del Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural con el fin de subsidiar los costos de conexión predial a la red de carreteras y las acometidas de electrificación y telefonía en el medio rural.

 

Artículo 19: El Incentivo de que trata el artículo anterior podrá ser hasta del 40% de los costos de la conexión predial a la red de carreteras y de las acometidas de electrificación y telefonía, y se podrá aplicar siempre y cuando los proyectos sean presentados en forma colectiva e involucre la participación de las correspondientes organizaciones comunitarias rurales. El gobierno nacional reglamentará las condiciones de otorgamiento y acceso al Incentivo para el Desarrollo de la Infraestructura Rural.

 

Capítulo 4: Recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, demás recursos naturales y sostenibilidad ambiental

Artículo 20: Designase al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural como la autoridad nacional competente en el tema de acceso a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

 

Artículo 21: Los principios que deberán guiar la intervención del Estado en el desarrollo de la agricultura en relación con los recursos naturales y el medio ambiente son los de precaución, acción preventiva, retribución y control social, y buscarán valorizar los recursos genéticos naturales y proporcionar valor agregado a los bienes y servicios derivados de su utilización sostenible. Por ello, se promoverá la recolección de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas, apoyando los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales; se promoverá la organización de un sistema eficaz de conservación ex situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente documentación, caracterización, regeneración y evaluación; se fortalecerá la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica y la transferencia de tecnologías apropiadas al efecto, con el objeto de mejorar la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

 

Artículo 22: La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y demás recursos naturales y del medio ambiente serán criterios rectores del desarrollo de las actividades productivas del medio rural, que deberán ser observados para lograr el uso racional de los recursos y la viabilidad de la producción a largo plazo.

 

Artículo 23: De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas promoverán la utilización más adecuada de estos recursos de acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los esquemas de producción más convenientes para la conservación y mejoramiento del agua y de los suelos.

 

Artículo 24: Los programas que realicen las entidades públicas en las regiones en las que se registre sobreexplotación o degradación de la calidad de los suelos y aguas, darán prioridad a proyectos de adecuación de tierras y la realización de los mismos deberá involucrar el compromiso de las organizaciones de productores de adecuar la explotación de los recursos naturales a los principios de sostenibilidad de la producción.

 

Artículo 25: El Estado fomentará la investigación científica para identificar, evaluar, caracterizar y aprovechar en forma sostenible los recursos genéticos y la biodiversidad, y para desarrollar tecnologías de agricultura ecológica y agricultura de bajo impacto ambiental.

 

Así mismo, estimulará a los productores del medio rural para que adopten tecnologías de producción que optimicen el uso del agua e incrementen la productividad de los suelos.

 

Artículo 26: El Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, a instancias de las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o las organizaciones comunitarias del medio rural, determinará zonas de reconversión productiva en las que el Estado atenderá de manera adecuada a los productores en ella localizados, cuando la degradación o el exceso de explotación de los recursos así lo ameriten; cuando la localización regional de la producción respecto a los mercados no permita la sostenibilidad de la misma; cuando se presentan situaciones de riesgos y desastres naturales previsibles e inminentes; o cuando en forma crónica y recurrente las actividades productivas existentes muestran que no son competitivas.

 

Artículo 27: La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas apoyarán a los productores localizados en las zonas de reconversión, a fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con base en el mejor uso del suelo, el agua y la biodiversidad, mediante prácticas de explotación que permitan asegurar el logro de una producción sostenible y competitiva y prevenir la pérdida de vidas humanas y de bienes.

 

Artículo 28: Las zonas de reconversión declaradas por el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural deberán incorporarse con tal carácter en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los cuales deberán contener para ellas un tratamiento acorde con los artículos anteriores.

 

Artículo 29: El gobierno nacional diseñará y pondrá en marcha un sistema de incentivos a la producción agropecuaria ecológica, el cual tendrá cobertura en todo el territorio nacional, pero apoyará principalmente a los productores localizados en las zonas de reconversión productiva de que tratan los artículos 29 a 31 de la presente ley.

 

Artículo 30: Las organizaciones de productores del medio rural, las comunidades indígenas y negras, los propietarios y los poseedores podrán realizar contratos, en los términos de la presente ley y los del Código de los Recursos Naturales Renovables, sobre el uso, extracción, aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos existentes dentro de los límites de sus posesiones.

 

Artículo 31: El gobierno promoverá los derechos de los agricultores a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, en particular en cuanto se refiere a la protección de los conocimientos tradicionales, así como el derecho a utilizar, intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservado en las fincas.

 

Artículo 32: La persona natural o jurídica que requiera la obtención de muestras de especies vegetales y animales o de microorganismos tanto para investigación oficial como privada, además de cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental competente está obligada a firmar un contrato de recolección y suministro de muestras biológicas con el propietario, el resguardo indígena o la comunidad con derechos sobre el territorio donde se localicen los recursos de que se trate.

 

Artículo 33: En el caso de recolección de productos como hongos, tubérculos, semillas y otros, con fines comerciales, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas adquirentes no podrán convenir la extracción de cantidades que por excesivas resulten depredadoras del recurso.

 

Artículo 34: La inobservancia de la disposición anterior será causal de nulidad absoluta del contrato, independientemente de las sanciones administrativas y penales a que se haya lugar en los términos de la legislación ambiental y penal.

 

Iguales sanciones y penas se aplicarán a quienes aprovechando una autorización y el respectivo contrato de recolección y suministro de muestras para investigación, lleve a cabo extracciones depredadoras y cause daños a la producción.

 

Artículo 35: La Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, los propietarios y las comunidades con derechos sobre el territorio, que reciban beneficios económicos a partir de los contratos de recolección y suministro de muestras o productos a que hace referencia el artículo anterior, obligatoriamente reservarán un porcentaje para la realización de trabajos de conservación y desarrollo de sus recursos.

 

Artículo 36: El Estado no concederá nuevos títulos de propiedad, como tampoco normalizará ni legitimará la posesión de predios que al momento de entrar en vigencia la presente ley no estén siendo ocupados y explotados económicamente.

 

TITULO III: DISPOSICIONES PARA LA AGRICULTURA

Capitulo 1: Acceso a los factores de la producción

Articulo 37: La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, individualmente o en forma conjunta, participarán en la conformación de Centros de Servicios para el Desarrollo Empresarial de la Agricultura y la Agroindustria en zonas de pequeños y medianos productores y en zonas de alto potencial de desarrollo productivo.

 

Artículo 38: El objetivo de los Centros de Servicios para el Desarrollo Empresarial de la Agricultura y la Agroindustria es modernizar el manejo y la gestión de las unidades productivas del medio rural promoviendo la capacidad empresarial de los productores, mediante acciones como:

1.      Generación y suministro de información de inteligencia de mercados;

2.      Registro y divulgación de información de precios de los productos y de los insumos de para la producción;

3.      Acopio y suministro de información tecnológica y prestación de servicios de asistencia técnica y financiera;

4.      Formulación y ejecución de programas de capacitación empresarial;

5.      Organización de actividades de transferencia para poner en contacto a los productores de la zona con las mejores prácticas de gestión y de producción;

6.      Identificación de agentes de la cadena y promoción del relacionamiento comercial;

7.      Facilitar y promover la coordinación interinstitucional; y

8.      Procurar la sanidad animal y vegetal en la zona.

 

Artículo 39: El Estado formulará y ejecutará programas tendientes a facilitarle a los productores del medio rural el adecuado acceso a la tierra, mediante acciones que conduzcan a la profundización y dinamización del mercado de tierras, con el fin de consolidar la estabilidad y viabilidad de las empresas del medio rural.

 

Igualmente, el Estado dará prioridad a la modernización y sistematización del catastro rural, así como a las acciones que procuren la normalización de los títulos y la clarificación de la propiedad y demás derechos reales.

 

Artículo 40: Corresponde al Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural asistir y financiar en concurrencia con las entidades territoriales los programas y acciones de adquisición de tierras para su redistribución entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para alcanzar los ingresos que corresponden a una unidad agrícola familiar, UAF.

 

El Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural establecerá los criterios y definirá las condiciones para otorgar la cofinanciación para estos programas a las entidades territoriales.

 

Parágrafo: Autorízase al Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural para entregar a las entidades territoriales como una modalidad de cofinanciación los predios que constituyen el Fondo Nacional Agrario.

 

Artículo 41: Corresponde a las entidades territoriales la formulación y ejecución de los programas de adquisición y redistribución de tierra a que hace referencia el artículo anterior, los cuales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural dentro de cuya jurisdicción vayan a adelantarse.

 

Las competencias y los instrumentos para la adquisición y redistribución de tierras se transferirán a las entidades territoriales en el término de doce meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.

 

Artículo 42: En los contratos de arrendamiento de predios rurales las partes podrán convenir la definición de los derechos de propiedad como consecuencia de la incorporación de cosas muebles a inmuebles que originen un inmueble por adhesión, sin que sea necesario para la recuperación del bien al finalizar el término de duración del contrato el pago del valor total de la obra ejecutada por el arrendatario en los términos del artículo 739 del Código Civil.

 

Artículo 43: Corresponde a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural de que trata el artículo 61 de la ley 101 de 1993 la elaboración de una terna para la designación del jefe o director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, por parte del alcalde.

 

De la misma manera, compete a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural solicitar la remoción del jefe o director de la UMATA.

 

Artículo 44: El personal de asistencia técnica de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, recibirá periódicamente cursos de actualización y estará sujeto a pruebas de estado para confirmar su vinculación y promoción.

 

El gobierno nacional expedirá la reglamentación que defina la periodicidad de la calificación y los criterios para la calificar la idoneidad del personal de asistencia técnica de las Umatas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Artículo 45: Las competencias y los instrumentos para la adecuación de tierras de que trata la ley 41 de 1993 se transferirán al Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural en un plazo de seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

 

Artículo 46: Autorízase al Estado para transferir la propiedad a título de venta de los medianos y grandes distritos de riego a empresas comerciales o celebrar con ellas contratos de concesión para la operación y gestión de los mismos.

 

Artículo 47: El Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural apoyará la inversión privada en proyectos individuales de irrigación mediante programas que subsidien hasta el 40% del costo de las obras, a través de la realización de subastas programadas para determinar el valor del subsidio y así escoger las propuestas que impliquen los menores costos para el Estado.

 

Capítulo 2: Mercados de productos y de factores productivos

Artículo 48: La política comercial para la agricultura y la agroindustria tiene por objeto mejorar la eficiencia del funcionamiento de los mercados de productos y de factores productivos de la agricultura y la agroindustria mediante la aplicación de normas y regulaciones que procuren transparencia, predecibilidad, estabilidad y universalidad en las reglas de juego que rigen las transacciones de bienes y servicios en el medio rural.

 

Artículo 49: El Estado intervendrá en los mercados de productos y de factores productivos de la agricultura y la agroindustria mediante apoyos directos para: a) compensar sobrecostos de transporte interno en que hayan de incurrir los productores en las zonas marginales determinadas por el gobierno nacional; b) compensar costos de almacenamiento de productos en los casos en que los mercados registren abruptas y pronunciadas oscilaciones estacionales de precios.

 

Artículo 50: El Estado intervendrá también para procurar la estabilización de precios de los productos de la agricultura y la agroindustria mediante los siguientes instrumentos: a) fondos de estabilización de precios; b) franjas de precios; c) convenios de absorción de cosechas; y d) coberturas de riesgo.

 

En todos los casos, las medidas de estabilización de precios no se aplicarán cuando los precios internos superan los precios internacionales de referencia más los costos de internación.

 

Artículo 51: Concédense facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para establecer un sistema de estandarización de normas técnicas oficiales sobre pesas y medidas, las cuales deberán ser pertinentes para las transacciones en el mercado mayorista de bienes agrícolas que se realizan en las centrales de abasto.

 

Artículo 52: La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas propiciarán la celebración de contratos de compra-venta a futuro de bienes agropecuarios bajo la modalidad de agricultura por contrato entre productores, industriales, comercializadores, distribuidores y demás agentes de la cadena productiva, para los cuales podrán establecer las condiciones que faciliten su realización, como coberturas de riesgo de precios a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria.

 

En concordancia con lo anterior las entidades públicas ejecutarán acciones de apoyo técnico, capacitación y organización de los pequeños productores.

 

Artículo 53: La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas promoverán el desarrollo de modalidades de alianzas productivas, acuerdos y pactos de competitividad y de otras iniciativas entre los productores y demás agentes de la cadena productiva con el fin de mejorar la coordinación y la cooperación entre ellos y aumentar la eficiencia general de las cadenas.

 

Artículo 54: El artículo 50 de la ley 101 de 1993 quedará así:

El Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural podrá, mediante resolución motivada, fijar precios mínimos de garantía para los productos de la agricultura, los cuales deberán considerar los precios de los mercados internacionales, el margen de protección otorgado por el régimen arancelario, los costos portuarios y los costos de almacenamiento de las cosechas nacionales; en todo caso, el precio fijado no podrá ser inferior al costo mínimo de importación determinado por el régimen arancelario vigente, pudiéndose descontar el costo de almacenamiento de las cosechas nacionales.

 

Artículo 55: En el reglamento de operaciones de las centrales de abastos se establecerá la obligatoriedad de que las transacciones comerciales al por mayor que se realicen en ellas se hagan por medio de subastas.

 

Artículo 56: El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, contribuirá a la apertura de nuevos mercados para los bienes de la agricultura y la agroindustria mediante la celebración de convenios sanitarios que permitan reducir costos y agilizar los trámites para la exportación de dichos bienes.

 

Artículo 57: El Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural garantizará un alto grado de preparación y de capacitación técnica de los profesionales responsables del área internacional para que puedan apoyar en forma eficaz a los negociadores del gobierno nacional.

 

Capítulo 3: Investigación y transferencia de tecnología

Artículo 58: Los objetivos de la política nacional de ciencia y tecnología para la agricultura y la agroindustria son:

 

1.      Promover la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura colombiana;

2.      Facilitar el acceso de los productores a las innovaciones y los avances científicos y tecnológicos;

3.      Modernizar el aparato productivo de la agricultura y la agroindustria;

4.      Procurar la mayor equidad social en el medio rural;

5.      Procurar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente;

6.      Desarrollar la agricultura tropical; y

7.      Propiciar el control social mediante la participación de los productores en el sistema nacional de ciencia tecnología para la agricultura.

 

Artículo 59: La política nacional para el desarrollo científico y tecnológico de la agricultura y la agroindustria se compone de tres estrategias, así:

1.      Consolidación del compromiso del Estado con la dirección y el financiamiento de la oferta de bienes públicos científicos y tecnológicos y de tecnologías aplicadas de interés social;

2.      Fomento de la inversión privada en el desarrollo tecnológico;

3.      Optimización del sistema nacional de ciencia y tecnología para la agricultura; y

4.      Promoción de la cooperación y la coordinación entre el sector privado, el Estado y la cooperación internacional en el financiamiento y la gestión del desarrollo científico y tecnológico.

 

Artículo 60: Las Corporaciones Mixtas del sistema nacional de ciencia y tecnología para la agricultura se constituirán en el instrumento principal para el desarrollo de la investigación tecnológica para la agricultura y la agroindustria.

 

Las corporaciones mixtas a través de las cuales la Nación contribuirá en forma directa y especial al cumplimiento de los objetivos de la política nacional de ciencia y tecnología para la agricultura y el desarrollo del medio rural son: la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica; la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif; la Corporación Centro Internacional de Agricultura Orgánica, CIAO, y la Corporación Colombia Internacional, CCI.

 

Artículo 61: El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, transferirá en un plazo de 12 meses a partir de la vigencia de la presente ley la propiedad de los activos muebles e inmuebles que tenga cedidos a título de comodato o arrendamiento a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica. Dicha transferencia deberá realizarse a título de aportes en especie de la Nación al patrimonio de Corpoica.

 

Artículo 62: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria será el órgano rector de la política nacional de ciencia y tecnología para la agricultura y la agroindustria y desarrollará sus funciones con base en programas estratégicos y de mediano plazo, con metas y objetivos claros, y que sean consistentes con el enfoque y las estrategias formuladas en el plan decenal de desarrollo de que trata el artículo (...) de la presente ley. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado que sólo podrá ser el Viceministro, ejercerá la presidencia del Consejo.

 

Artículo 63: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria estará integrado por:

1.      El Ministro de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, o su delegado que sólo podrá ser el Viceministro del mismo despacho, quien lo presidirá.

2.      El Director de Colciencias, o su delegado.

3.      Un representante de las Universidades.

4.      Un representante de los centros de investigación agropecuaria del sector privado.

5.      Dos representantes de los gremios de la producción agropecuaria.

6.      Un representante de la ANDI.

 

Artículo 64: Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria como una cuenta especial, sin personería jurídica, del Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

 

Parágrafo 1: El Fondo se podrá administrar mediante una fiducia mercantil bajo la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, para lo cual dicho consejo contará con una Unidad Técnica Especializada.

 

Parágrafo 2: El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria asumirá la financiación de la operación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

 

Artículo 65: Los ingresos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria estarán constituidos por:

1.      Los aportes del presupuesto nacional;

2.      Los activos de las entidades del sector agropecuario que se encuentren en proceso de liquidación;

3.      Los bienes que poseen las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural que no son necesarios para el cumplimiento de sus respectivas funciones;

4.      Un 10% de los recursos del presupuesto anual del SENA.

5.      Donaciones.

6.      Créditos internos y externos.

7.      Recursos de cooperación internacional.

 

Artículo 66: Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria se asignarán con fundamento en el programa estratégico y de mediano plazo vigente el cual orientará las actividades de los postulantes para poder acceder a los mismos.

 

Artículo 67: Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria serán asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y estarán distribuidos en cuatro programas con su respectiva cuenta, así:

1.      Un mínimo del 60% del presupuesto anual del Fondo se dedicará a financiar las actividades de las Corporaciones Mixtas de que trata el artículo 63 de la presente ley, de acuerdo con las condiciones definidas en el artículo 70 de la presente ley.

2.      Un porcentaje definido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria se dedicará a financiar en forma competitiva proyectos específicos de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura y la agroindustria.

3.      Otro porcentaje definido de la misma forma, se dedicará a financiar o cofinanciar en forma competitiva la construcción de infraestructura y la adquisición de equipos para la investigación científica y tecnológica.

4.      El porcentaje restante se destinará a financiar o cofinanciar en forma competitiva programas de capacitación y formación especializada para desarrollar los recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico.

 

Artículo 68: Los recursos del numeral 1 del artículo 68 se asignarán con base en programas quinquenales de investigación y desarrollo tecnológico elaborados por las corporaciones mixtas en desarrollo del programa estratégico y de mediano plazo aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, para lo cual se celebrarán convenios plurianuales de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural y cada una de las corporaciones.

 

Estos convenios se regularán por las normas de ciencia y tecnología y los recursos que se aporten para funcionamiento se entenderán ejecutados a la fecha de perfeccionamiento del respectivo convenio, e ingresarán al patrimonio de cada Corporación a la fecha de pago.

 

Artículo 69: Las Corporaciones Mixtas de que trata del decreto 2478 de 1999, también celebrarán convenios de cooperación técnica para adelantar proyectos específicos de ciencia y tecnología de la Nación y/o de sus entidades descentralizadas. Los recursos aportados mediante estos convenios, se entienden ejecutados a partir de la fecha de perfeccionamiento de los mismos y se recibirán en fondos cuenta que serán administrados por las corporaciones mixtas, y se aplicarán exclusivamente al desarrollo del objeto del convenio, y sus rendimientos, si los hubiere, serán destinados por la Corporación Mixta a actividades científicas y tecnológicas afines con el objeto del convenio de cooperación técnica.

 

Artículo 70: Las corporaciones mixtas de que trata el decreto 2478 de 1999 continuarán rigiéndose por las normas del derecho privado, en especial por el Código Civil, el Código de Comercio y las normas de ciencia y tecnología y, por ende, las personas jurídicas en que participe mayoritariamente, en ejercicio de sus facultades para la realización de actividades científicas y tecnológicas, tendrán el mismo régimen privado.

 

Artículo 71: El control fiscal de los recursos que la Nación y/o sus entidades descentralizadas aporten a las Corporaciones Mixtas se hará a través del control de las entidades aportantes, sean estas la Nación y/o sus entidades descentralizadas. Corresponde a estas últimas ejercer la interventoría de los convenios de cooperación técnica en las corporaciones.

 

Capítulo 4: Cadenas productivas y acuerdos de competitividad

Artículo 72: Los comités de cadena agroproductiva constituidos al nivel nacional, de una zona o región productora, por producto o grupo de productos, por medio de un acuerdo establecido y formalizado entre el gobierno nacional y/o los gobiernos territoriales, los gremios y organizaciones más representativas de todos o algunos de los eslabones de la agricultura, la agroindustria, la comercialización y los proveedores de servicios e insumos podrán ser reconocidas como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido acuerdos entre los integrantes del comité en uno o varios de los siguientes aspectos:

1.      Mejora de la productividad y la competitividad;

2.      Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena;

3.      Disminución de los costos de realizar transacciones entre los distintos agentes de la cadena;

4.      Fomento de prácticas y tecnologías de producción agropecuaria sostenible;

5.      Mejora de la información entre los agentes de la cadena;

6.      Vinculación de los pequeños productores a la cadena;

7.      Desarrollo de especialización regional de la producción, y

8.      Manejo de recursos naturales y medio ambiente.

 

Para los efectos de la presente ley, el conjunto de acuerdos aprobados por una organización de cadena a que hace referencia el presente artículo se denomina genéricamente Acuerdo de Competitividad. El Gobierno Nacional reglamentará el contenido de los acuerdos de las organizaciones de cadena para que puedan ser considerados como acuerdos de competitividad de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

 

Artículo 73: No puede ser reconocida más de una organización de cadena por producto o grupo de productos. Cuando una organización nacional es reconocida, las organizaciones de zona o de región productora de la misma cadena pasan a ser comités de la organización nacional y tienen derecho a la representación en el seno de esta última.

 

Parágrafo: Sólo serán reconocidas las organizaciones de cadena cuyos estatutos o reglamentación interna prevean un mecanismo para solucionar los conflictos derivados de la aplicación de los acuerdos señalados en el artículo 74 de la presente ley, así como las modalidades de conciliación.

 

Artículo 74: En virtud del reconocimiento otorgado, las organizaciones de cadena reconocidas se constituyen en cuerpos consultivos del gobierno nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que les conciernan.

 

Artículo 75: Las condiciones de reconocimiento y de retiro del reconocimiento de las organizaciones serán fijadas por resolución del Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

 

Artículo 76: La obligatoriedad de los acuerdos está subordinada a la adopción de sus disposiciones por parte de los miembros de la organización de cadena, por decisión unánime. Los acuerdos que no involucren a todas las partes podrán ser adoptados siempre y cuando las partes no involucradas no se opongan de manera explícita a ello.

 

Artículo 77: Los acuerdos de competitividad refrendados por el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural se incorporarán a las políticas del gobierno y se incluirán en la programación del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural con miras a adelantar las acciones acordadas, como compromiso del sector público. De la misma manera, el gobierno nacional dará prioridad en el acceso a los incentivos establecidos a los miembros de las organizaciones de cadena reconocidas.

 

Artículo 78: Como resultado de los acuerdos y sus condiciones, señalados en los artículos precedentes, las organizaciones de cadena reconocidas quedan habilitadas para fijar aportes a sus miembros para financiar los costos de operación de las correspondientes organizaciones de cadena.

 

Artículo 79: El gobierno nacional, a solicitud unánime de los miembros de una organización de cadena, podrá presentar un proyecto de ley para la implantación de una contribución parafiscal de la cadena, en cuyo caso si el subsector agropecuario o pesquero perteneciente a dicha organización de cadena tiene vigente una contribución parafiscal, ésta será derogada por dicha ley. En todo caso el valor total de la nueva contribución parafiscal no podrá exceder el valor de la contribución existente.

 

Parágrafo: Los fondos parafiscales que posean activos aptos para desarrollar actividades necesarias para la realización del acuerdo de competitividad o hayan desarrollado estudios o desarrollen actividades que generen información específica para los propósitos del mismo, podrán aportarla como aportes en especie. Así mismo, se autoriza el uso de recursos parafiscales para contribuir a cubrir los gastos de funcionamiento de las organizaciones de cadena.

 

Artículo 80: Las organizaciones de cadena reconocidas deberán suministrar al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural un informe anual de sus actividades que debe incluir:

1.      Estados financieros;

2.      Informe de actividades y las actas de reuniones;

3.      Balance de realizaciones y de ejecución de los acuerdos;

 

Deberán también suministrar a las autoridades administrativas competentes toda la información que estas soliciten por escrito para el cumplimiento de sus funciones de control.

 

Capítulo 5: Inversión, financiamiento y seguros

Artículo 81: Autorizase la participación de la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas en el capital de organizaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito. La participación pública en los órganos de dirección y administración no podrá exceder el 40% de los miembros, aún en los casos en los cuales la participación pública en el capital supere el porcentaje indicado.

 

Parágrafo: El gobierno nacional en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley expedirá el reglamento para la constitución, operación y liquidación de las organizaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito.

 

Artículo 82: Los préstamos que otorguen los establecimientos de crédito a las organizaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito podrán ser redescontados en FINAGRO en las mismas condiciones de los préstamos para pequeños productores campesinos, y podrán ser avalados por el Fondo Agropecuario de Garantías de acuerdo con el porcentaje que establezca la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

 

Artículo 83: Las Organizaciones Comunitarias Campesinas de Ahorro y Crédito estarán sujetas a inspección, vigilancia y control del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, en los términos de reglamento que dicho organismo expida para el efecto.

 

Artículo 84: Sistema Nacional de Crédito Rural. Para proveer y mantener un adecuado financiamiento y para la ejecución de las políticas aplicables a las actividades productivas que se efectúan en el medio rural, de conformidad con las políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de desarrollo que adopte el Congreso o el Gobierno, según el caso, créase el Sistema Nacional de Crédito Rural.

 

Artículo 85: Entidades integrantes del Sistema Nacional de Crédito Rural. Forman parte del Sistema Nacional de Crédito Rural, los bancos, los fondos ganaderos, las entidades cooperativas que, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, se especialicen en la prestación de servicios bancarios a los pequeños productores, las entidades financieras solidarias, calificadas y reconocidas por Dansocial, que se comprometan a actuar como intermediarios en el otorgamiento de préstamos a estos mismos productores y las demás entidades financieras, creadas o que se creen en el futuro, que tengan por objeto principal el financiamiento de las actividades rurales.

 

Parágrafo 1°: También hará parte del Sistema Nacional de Crédito Rural el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO creado por la Ley 16 de 1.990.

 

Parágrafo 2°: Sin perjuicio de las actividades que desarrollen al servicio de otros sectores de la producción en el ámbito del sistema financiero convencional, también hacen parte del Sistema de Financiamiento Rural, las Bolsas de bienes y productos de la agricultura y la agroindustria que operen en el país o que se creen, la Compañía de Seguros La Previsora, el Instituto de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Garantías.  Estas instituciones ejercerán las funciones de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Artículo 86: Ambito de aplicación de la ley. Las disposiciones contenidas en la presente Ley serán aplicables a las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Rural en cuanto otorguen crédito al sector rural.

 

Artículo 87: Objetivos del sistema.  El sistema financiero para el medio rural deberá cumplir los siguientes objetivos:

1.      Colocar a los pequeños productores que por su situación económica actual no sean sujetos de crédito, en condiciones para que puedan acceder a las fuentes ordinarias de financiación.

2.      Proporcionar en términos competitivos a las actividades establecidas en el medio rural, los recursos de crédito necesarios para su financiación, los cuales deberán ser suministrados en montos suficientes, de manera oportuna y con plazos adecuados.

3.      Establecer la red de oficinas y prestar a los productores del medio rural los servicios bancarios indispensables para su desenvolvimiento, para lo cual se dispondrán líneas de crédito para impulsar la producción, capitalizar las empresas, aumentar el empleo y financiar las exportaciones; para financiar seguros; para pequeños y medianos productores; y para establecer esquemas de financiación para innovación y adopción de tecnologías modernas y eficientes.

4.      Dar prioridad al financiamiento de la comercialización de la producción, así como a las operaciones derivadas de ventas anticipadas de cosechas o transacciones realizadas en el marco de acuerdos de agricultura por contrato o de cadenas productivas.

5.      Definir de manera clara y precisa los preceptos que tengan relación con los riesgos y la adopción de modernos esquemas de cubrimiento, para lo cual el gobierno nacional expedirá la reglamentación correspondiente en el curso de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

6.      Fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para pequeños empresarios vinculados a los sectores rural y agrario.

7.      Captar ahorro del público, mediante instrumentos de diversa índole, para colocarlos en operaciones de préstamo u otro tipo de opciones financieras entre personas naturales, jurídicas, asociaciones de productores o empresas asociativas establecidas en los sectores agrícola y rural.

 

Artículo 88: Comisión Nacional de Crédito Rural. La administración del sistema que por esta Ley se crea estará a cargo de la Comisión Nacional de Crédito Rural, la cual se integrará de la siguiente manera:

El Ministro de Agricultura, agroindustria y desarrollo rural, quien la presidirá.

El Jefe del Departamento Nacional de Planeación.

El Gerente del Banco de la República.

El Ministro de Comercio Exterior.

Dos representantes del Presidente de la República, uno de los cuales deberá ser persona de reconocida y comprobada preparación teórica y experiencia en materias bancarias y financieras y el otro en economía y producción agrícola.

Un representante de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Crédito Rural, elegido en la forma que prescriba el reglamento.

 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Crédito Rural será ejercida por FINAGRO, a través de dos asesores, que serán nombrados por el Presidente de la República por períodos fijos de tres años  renovables por una vez y tendrán calidades similares a las estipuladas para los dos representantes del Presidente de la República en la Comisión Nacional de Crédito Rural.

 

Parágrafo 1°. El Gobierno determinará mediante decreto la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Crédito Rural.

 

Parágrafo 2°. El Presidente de FINAGRO asistirá a la Comisión Nacional de Crédito Rural con voz pero sin voto.

 

Artículo 89: Funciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.  Como organismo rector del financiamiento del sector agropecuario, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Rural, fijar las políticas sobre el crédito agropecuario, para lo cual podrá:

 

1.      Determinar periódicamente, con base en las recomendaciones de la Secretaría Técnica, el monto global de los recursos que cada una de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario destinará al sector.

 

2.      Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

 

3.      Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios del crédito por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito.

 

4.      Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan con el producto de los créditos.

 

5.      Aprobar, mediante normas de carácter general y con el voto favorable del Ministro de Agricultura, la refinanciación de los créditos otorgados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Rural cuando se afecte negativamente la producción o se disminuya apreciablemente la inversión que se realizó con el crédito por la presencia, a su juicio, de razones de fuerzo mayor o caso fortuito. Las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Rural determinarán las políticas de refinanciación a los usuarios individualmente, siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Rural cuando sea el caso.

 

6.      Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro.

 

Artículo 90: Autorízase al gobierno nacional para asociarse con personas jurídicas mixtas o privadas con el objeto de constituir fondos de capital de riesgo para la agricultura y el medio rural, destinados a participar en el capital de sociedades creadas como empresas de producción, comercialización, transformación de bienes y servicios en las zonas rurales, con preferencia en proyectos de innovación y efecto demostrativo, que promuevan cadenas productivas y conglomerados agroindustriales.

 

Artículo 91: Autorízase al gobierno nacional para otorgar subsidios al costo de contratación de seguros agrícolas.

 

Los montos, las fuentes y los términos de aplicación de los subsidios, deberán quedar establecidos de manera clara en las disposiciones que los creen.

 

Artículo 92: De conformidad con las normas establecidas, las funciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, son las de banco de redescuento y, por tanto, no pueden ser cambiadas o interpretadas de manera distinta.

 

Artículo 93: Con fundamento en las disposiciones contenidas en la Constitución Política sobre la especial protección de que gozará la producción de alimentos y la prioridad que debe otorgarse al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras y teniendo en cuenta que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, es el instrumento financiero básico del sistema, se reafirma la inversión obligatoria como medio de provisión de los recursos para el crédito agropecuario.

 

Artículo 94: Dentro de las funciones del Banco Agrario, la especialización en la atención a los pequeños productores y el apoyo a las instituciones de crédito solidario y cooperativo, se definen como objetivos básicos e ineludibles de su gestión.

 

Artículo 95: Con el fin de incentivar la cobertura del sistema financiero formal en las zonas que carecen o tienen una presencia precaria de instituciones financieras, autorízase al gobierno nacional para constituir un fondo fiduciario para pagar a las entidades financieras compensaciones por los sobrecostos en que incurran en la realización de operaciones de crédito con pequeños productores y asociaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito cuando las mismas sean efectuadas a través de oficinas ubicadas en los municipios que señale el gobierno.

 

Capítulo 6: Bolsas de Productos y Servicios de la Agricultura y la Agroindustria

 

Artículos 96: as bolsas de bienes y productos de la agricultura y la agroindustria se constituirán como sociedades anónimas, y tendrán como objeto organizar y mantener en funcionamiento un mercado público en el cual se realicen operaciones de servicios, derechos y bienes de origen en o destinación a la agricultura y la agroindustria, sin la presencia física de éstos. También podrán realizar operaciones sobre títulos, valores, futuros, opciones y otros derivados financieros, que tengan como origen o como subyacente bienes de la agricultura, incluida la tierra, o de la agroindustria.

 

La superintendencia de valores determinará el monto mínimo del capital suscrito y pagado que deben tener tales bolsas.

 

Artículo 97: Las bolsas de productos y servicios de la agricultura y la agroindustria constituidas o que se constituyan sólo podrán operar si acreditan ante el organismo de inspección y vigilancia que realizan en su mercado público, mediante ofertas y demandas en la rueda de negocios, negociaciones de entrega futura, ventas con pactos de recompra sobre certificados de depósito de mercancías, cesiones de derechos derivados de los contratos negociados a través de estas bolsas, operaciones de títulos valores que tengan como origen o como subyacente bienes o productos de la agricultura o de la agroindustria.

 

Artículo 98: Las bolsas de productos y servicios de la agricultura y la agroindustria deberán contar con un mecanismo de compensación y liquidación con personería jurídica independiente, que asegure el cumplimiento de sus operaciones, el cual deberá tener un capital suscrito y pagado no inferior a seis mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 99: La Superintendencia de Valores ejercerá la inspección y vigilancia sobre estas bolsas y sobre sus miembros, quienes deberán constituirse y organizarse como sociedades anónimas y deberán tener un capital suscrito y pagado de mínimo un mil trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 100: Las bolsas de productos y servicios de la agricultura y la agroindustria, sus miembros y los organismos de compensación y liquidación de que tratan los artículos anteriores deberán mantener, de manera permanente, el monto de capital previsto en estos artículos.

 

Artículo 101: Las bolsas de bienes y productos de la agricultura y la agroindustria podrán constituir y operar centros de conciliación y arbitraje para dirimir los conflictos derivados de las negociaciones celebradas a través de ellas.

 

Artículo 102: El gobierno nacional reglamentará las materias de que tratan los artículos de la presente ley relativos a las bolsas de bienes y productos de la agricultura y la agroindustria. Igualmente, determinará respecto de los documentos que vayan a ser transados en las bolsas cuáles podrán tener el carácter y prerrogativas de los títulos valores.

 

TITULO IV: DISPOSICIONES de carácter INSTITUCIONAL

Capítulo 1: Plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural

Artículo 103: Créase el Consejo Nacional de Política Económica y Social para la Agricultura y el Medio Rural, Conpes Rural, como un organismo de la Presidencia de la República para la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas para la agricultura y el medio rural.

 

El Conpes Rural estará integrado por:

1.      El Presidente de la República, quien lo presidirá;

2.      Los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, de Comercio Exterior, de Desarrollo Económico, de Transporte, de Comunicaciones, de Educación, de Salud, de Trabajo y Seguridad Social y de Medio Ambiente.

3.      Los directores de los departamentos administrativos de planeación, DNP, y estadística, DANE.

 

El Departamento Nacional de Planeación ejercerá las funciones de secretaría técnica del Conpes Rural.

 

Artículo 104: El gobierno nacional, por intermedio del Ministro de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural y del Departamento Nacional de Planeación, formulará el plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural, previa aprobación por parte del Conpes Rural, el cual será revisado y ajustado a los cinco años de su puesta en marcha y deberá servir de referencia para la elaboración de los planes cuatrienales de desarrollo y de inversiones públicas, así como de las leyes anuales de presupuesto.

 

El gobierno nacional formulará el plan decenal de desarrollo de que trata el presente artículo cada diez años y el primero deberá ser formulado en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Parágrafo: El plan decenal de desarrollo de la agricultura y del medio rural deberá servir de referencia a los planes de desarrollo sectoriales y territoriales de las entidades territoriales y a los planes de ordenamiento territorial de que trata la Ley 388 de 1997.

 

Artículo 105: El plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural se elaborará en forma concertada con las entidades territoriales, las organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional de Planeación, en los términos de representatividad consignados en la presente Ley y garantizará la participación regional y local.

 

Artículo 106: El plan decenal de desarrollo de la agricultura y del medio rural comprenderá el desarrollo de los territorios rurales del país y de su economía, y deberá incluir una visión de largo plazo, metas sectoriales y territoriales anuales, estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión pública, compromisos públicos y de la sociedad civil y metas indicativas de inversión pública.

 

Artículo 107: Corresponde al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, adelantar un proceso permanente de monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución del plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural, que servirán de base a los informes de que tratan los artículos 122 y 123 de la presente ley y al informe al Congreso de la República.

 

Artículo 108: En la elaboración del Plan General de Desarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones Públicas el gobierno deberá tener en cuenta los lineamientos de la presente Ley General Rural.

 

Igualmente, las entidades territoriales al elaborar sus respectivos planes de desarrollo tendrán en cuenta los lineamientos de la presente ley.

 

Capítulo 2: Descentralización y competencias territoriales

Artículo 109: La política de desarrollo de la agricultura y el medio rural será descentralizada, siguiendo los principios de coordinación, complementariedad, concurrencia, subsidiaridad y equidad territorial.

 

Artículo 110: Los municipios, las entidades territoriales indígenas y sus asociaciones, serán la base fundamental de la ejecución de la política para la agricultura y el medio rural y actores principales en la focalización e identificación de beneficiarios, así como en la iniciativa de los programas y proyectos nacionales y departamentales correspondientes.

 

Los departamentos serán los responsables de la articulación e intermediación de las políticas y acciones nacionales con las de los municipios y las entidades territoriales indígenas, así como de la coordinación entre sus acciones y programas de desarrollo.

 

La Nación será responsable de la dirección general de la política sectorial y de la formulación de los lineamientos estratégicos para su desarrollo.

 

Artículo 111: El plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural establecerá los lineamientos y las pautas generales para guiar la iniciativa legislativa del gobierno en materia de traspaso efectivo de las responsabilidades de la Nación a las entidades territoriales, de conformidad con las responsabilidades definidas en al artículo anterior.

 

Capítulo 3: Contratos para el desarrollo del medio rural

Artículo 112: La Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas y las corporaciones autónomas regionales podrán cumplir sus funciones relacionadas con el desarrollo del medio rural mediante la celebración de contratos con las organizaciones de comunidades rurales beneficiarias cuyo objeto o actividad principal sea la gestión y la promoción del desarrollo comunitario en el medio rural; la producción, transformación y comercialización de bienes agrícolas; o la prestación de servicios para el medio rural. Estos contratos se denominarán Contratos para el Desarrollo del Medio Rural y en ellos se especificarán, de una parte, las prestaciones a que se comprometen las entidades públicas con la respectiva comunidad y, de otra parte, las contraprestaciones a que se obligan las organizaciones de la comunidad rural con la Nación y/o las entidades territoriales.

 

Artículo 113: En los Contratos para el Desarrollo del Medio Rural la organización de la comunidad rural respectiva se compromete con la entidad o entidades públicas a cumplir dentro del territorio objeto del contrato uno o varios de los objetos de interés público y social que se señalan a continuación:

1.      Conservación y protección de los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje;

2.      Introducción y utilización de prácticas de manejo de suelos y aguas compatibles con propósitos de desarrollo sostenible;

3.      Ejecución de proyectos de agricultura y agroindustria para parcelaciones de reforma agraria y adecuación de tierras.

4.      Provisión de servicios de interés social en materia de educación, recreación, salud, saneamiento básico, infraestructura de caminos y carreteras, electrificación y comunicaciones;

5.      Erradicación de cultivos ilícitos;

6.      Generación de empleo; y

7.      Establecimiento de conglomerados productivos especializados en agricultura y agroindustria.

 

Artículo 114: En virtud de los Contratos para el Desarrollo del Medio Rural, la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas y las corporaciones autónomas regionales, con sujeción a las competencias constitucionales, podrán asumir uno o varios compromisos en las siguientes materias:

1.      Concesión de incentivos tributarios;

2.      Otorgamiento de subsidios;

3.      Aportes y financiación para desarrollar proyectos productivos;

4.      Construcción o cofinanciación de obras de interés colectivo; y

5.      Provisión o cofinanciación de servicios de interés social como los referidos en el numeral 4 del artículo anterior.

 

Artículo 115: Revístese al Presidente de la República por el término de 180 días calendario de facultades extraordinarias a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para que establezca un régimen especial para los Contratos para el Desarrollo del Medio Rural, en el cual deberán determinarse los derechos y obligaciones de las partes, debiendo garantizar en todo caso la observancia de los principios de transparencia, eficiencia, pertinencia, concurrencia y publicidad.

 

Capítulo 4: Organismos y entidades públicas

Artículo 116: Créase el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural, como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural que absorberá, en los términos del artículo siguiente, las funciones y responsabilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INCORA; del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT; y del Fondo de Desarrollo Rural Integrado, Fondo DRI.

 

La absorción de funciones de que trata el inciso anterior se cumplirá en el término de un año contado a partir de la vigencia de esta ley.

 

Artículo 117: El Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural formulará y desarrollará programas de cofinanciación con las entidades territoriales en materia de:

1.      Adquisición y distribución de tierras a productores sin tierra o que la poseen en cantidad insuficiente para obtener ingresos familiares equivalentes cuando menos a tres salarios mínimos legales vigentes;

2.      Adecuación de tierras e irrigación para el desarrollo eficiente, sostenible y competitivo de la agricultura;

3.      Dotación de infraestructura económica para el medio rural en cuanto a red terciaria de carreteras, electrificación y telefonía rurales; y

4.      Preinversión en proyectos productivos y promoción y desarrollo de la organización empresarial en el medio rural.

 

Parágrafo: Revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para que reasigne, fusione o suprima atribuciones de los establecimientos públicos indicados en este artículo.

 

Artículo 118: La dirección y administración del Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural estarán a cargo de un Consejo Directivo y de un Director General, quien será de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República.

 

Artículo 119: El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural estará integrado por:

1.      El Ministro de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, quien lo presidirá.

2.      El Ministro de Minas y Energía, o su delegado.

3.      El Ministro de Comunicaciones, o su delegado.

4.      El Ministro de Transporte, o su delegado.

5.      El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

6.      El Director General del SENA.

7.      Un representante de los gremios de productores agropecuarios.

8.      Un representante de las asociaciones de campesinos.

9.      Un representante de las comunidades indígenas.

10.  Un representante de la agroindustria.

 

Parágrafo: El gobierno nacional reglamentará los procedimientos de selección de los miembros indicados en los numerales 7, 8, 9 y 10.

 

Capítulo 5: Información

Artículo 120: Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso libre y amplio a la información por parte de comunidades y empresarios, de sus organizaciones y los agentes públicos con responsabilidad en la toma de decisiones que permiten el desarrollo de la política contemplada en la presente ley.

 

Artículo 121: Créase el Sistema Nacional de Información para la Agricultura y el Medio Rural adscrito al Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural que estará integrado por los organismos y entidades públicos y privados que generen, divulguen o utilicen información para la agricultura y el medio rural. El gobierno definirá los organismos y entidades que hacen parte del sistema.

 

La secretaría técnica del Consejo será ejercida por el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

 

Artículo 122: El Sistema Nacional de Información para la Agricultura y el Medio Rural estará dirigido por el Consejo Nacional de Información.

1.      El Viceministro de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural o su delegado que solamente podrá ser el Director de Política Sectorial, quien lo presidirá;

2.      El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística;

3.      El Director de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de Planeación;

4.      Un representante de los gremios de la producción agropecuaria escogido de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el gobierno.

 

Artículo 123: El Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación, formulará y ejecutará un programa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Información para la Agricultura y el Medio Rural.

 

Artículo 124: El Sistema Nacional de Información del Sector Agrícola y Rural deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1.      Establecer un sistema de indicadores e información estratégica que permita la aplicación eficiente de procesos de planeación y gestión pública;

2.      Desarrollar un plan censal del sector que comprenda la realización cada diez años del censo nacional agropecuario, la construcción de una muestra maestra rural y un sistema de encuestas intercensales rurales;

3.      Fomentar los servicios especializados de información sectorial y poner en funcionamiento y mantener los Observatorios de Competitividad, de Innovación y de Desarrollo Rural;

4.      Establecer un programa de divulgación y una estrategia de comunicaciones que permita el acceso a la información estratégica, a la innovación, a las reglas de juego económico, a las estrategias de la política sectorial y a la gestión del Estado, por parte de las organizaciones de empresarios y comunidades, tanto al nivel nacional, como regional y local;

5.      Promover acuerdos de inversión de las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial y de los fondos parafiscales, para la destinación de recursos al fortalecimiento de actividades de producción y divulgación de información para la agricultura y el medio rural; y

6.      Adelantar una estrategia de creación de Centros Locales de Información, como apoyo técnico a la gestión de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, coordinados por las Umatas y cofinanciados por el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural.

 

Artículo 125: El Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Estadística, Dane, establecerán programas de inversión que garanticen recursos para el financiamiento del sistema nacional de información para la agricultura y el medio rural y permitan el cumplimiento de sus obligaciones.

 

TITULO V: DISPOSICIONES FINALES

Capítulo 1: Flexibilidad y desarrollo de la Ley

Artículo 126: El Departamento Nacional de Planeación, DNP, elaborará, dentro de los seis meses siguientes a la sanción de la presente ley, una metodología de evaluación de impacto y seguimiento de las acciones y programas relacionados con los objetivos de equidad, competitividad, sostenibilidad y equilibrios regionales. Esta metodología deberá ser sometida a la consideración del Conpes Rural para su correspondiente aprobación.

 

Artículo 127: Cada año el DNP presentará a consideración del Conpes los resultados de la evaluación que haga sobre los efectos y el impacto de las políticas, planes, programas y proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo de esta ley.

 

Artículo 128: El informe de evaluación aprobado por el Conpes será presentado por el Gobierno Nacional, por conducto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Congreso de la República dentro del primer mes de cada legislatura. El congreso se pronunciará sobre el informe dentro de los siguientes sesenta días.

 

Junto con el informe de evaluación anual, el gobierno presentará las iniciativas legislativas necesarias para ajustar del marco legal vigente, dentro del flexibilidad de esta ley.

 

Capítulo 2: Fondos parafiscales

Artículo 129: El artículo 31 de la ley 101 de 1993 quedará así:

Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, creadas excepcionalmente según lo dispone el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política, deben ser invertidos en los subsectores agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos siguientes:

1.      Investigación y transferencia de tecnología;

2.      Protección sanitaria;

3.      Promoción de mercados internos y externos;

4.      Mejoramiento de los sistemas de información;

5.      Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingreso remunerativo.

6.      Fomento a la producción agropecuaria de bajo impacto ambiental y a la producción agropecuaria ecológica.

7.      Funcionamiento de las respectivas organizaciones de cadena.

 

Parágrafo:

Facúltase a los fondos parafiscales para hacer convenios de riesgo compartido con los demás miembros de la cadena en actividades elegibles de uso de recursos de la parafiscalidad.

 

Capítulo 3: Derogatoria y vigencia

Artículo 130: La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias.

 

Exposición de Motivos

Proyecto de Ley General Rural

(Versión 24 de enero del 2002)

 

indice de contenido

 

 

I.Tendencias del Desarrollo Mundial y Nacional         2

A.El Contexto Internacional           2

1.Las Grandes Tendencias Mundiales       2

2.Tendencias en la Agricultura Mundial     3

3.La Estructuración en Cadenas Agroindustriales  5

II.Patrones Internacionales de Desempeño de la Agricultura     5

A.Patrón de Transformación Estructural de las Economías Nacionales    5

B.Vocación Exportadora de la Agricultura y Ventajas Comparativas Agrícolas  6

C.Productividad Relativa de la Población Rural, “Vocación” Exportadora de la Agricultura y Aprovechamiento de sus Ventajas Comparativas 7

III.El Contexto Interno       9

IV.Situación de la Agricultura y el Medio Rural en Colombia     10

V.Brechas de Desarrollo de la Agricultura con Relación a la Visión de Mediano y Largo Plazo            12

VI.La Visión del Sector Rural que Inspira el Proyecto de Ley        20

VII.Principios Fundamentales Sobre los Cuales se Estructura el Proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario y Rural          20

VIII.Estrategias y Políticas           27

A.Condiciones Generales   27

1.Las condiciones macroeconómicas         27

2.Las condiciones de infraestructura         28

3.El desarrollo Institucional           28

B.Areas estratégicas           29

1.Educación         29

2.Ciencia y Tecnología      30

3.Información       31

C.Políticas complementarias           32

1.Erradicación de la pobreza         32

2.Integración de la Economía Campesina   32

3.Seguridad Alimentaria    33

4.Financiamiento Rural     33

5.Mercados y Comercio    33

6.Cultivos Ilícitos  33

IX.Justificación de la Necesidad de una Ley General Rural 34

X.Anexo 1: Ayuda memoria de la consulta a expertos en Educación      39

XI.Anexo 2: Ayuda Memoria del Taller y la Consulta sobre Ciencia y Tecnología Agropecuaria        42

XII.Anexo 3: Ayuda memoria del Taller y Consulta sobre Recursos Naturales y Biodiversidad         47

 

 

 

I.             Tendencias del Desarrollo Mundial y Nacional

 

A.            El Contexto Internacional

 

1.   Las Grandes Tendencias Mundiales

 

Al desaparecer la confrontación ideológica entre el Este y el Oeste y la guerra fría, como los ejes sobre los cuales se movían las relaciones políticas entre países y bloques de países, la democracia y el liberalismo económico se han ido imponiendo como los modelos universales dentro de los cuales se desarrollan los Estados y las sociedades. Asimismo, la globalización, como fase actual de desarrollo del capitalismo, es el fenómeno económico más notorio de las últimas décadas, el cual se distingue por sustentar el crecimiento en el comercio mundial. Este proceso está acompañado no solo del fortalecimiento y conformación de bloques comerciales regionales, sino también de la consolidación y configuración de redes mundiales de empresas multinacionales con fuertes cambios organizativos y redes de producción flexibles, con crecientes grados de especialización e interdependencia, y basadas en pequeñas y medianas empresas esparcidas por todo el mundo.

 

Ese nuevo orden global se regula por una normatividad internacional para el comercio de bienes y servicios, cuya expresión institucional es la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este organismo opera conjuntamente con una serie de entidades multilaterales e internacionales que están fijando reglas de juego para el comercio, el manejo del medio ambiente, la justicia internacional, la biodiversidad y las comunicaciones, entre otros.

 

Como consecuencia de los procesos de globalización, y a medida que los organismos internacionales imponen disciplinas de manejo económico con el fin de buscar una mayor estabilidad internacional en el crecimiento y en los flujos financieros internacionales, a los países les resulta cada vez menos autónomo el manejo de sus políticas macroeconómicas y sectoriales.

 

De otra parte, la opinión pública internacional, así como los organismos internacionales, están ejerciendo cada vez mayor presión para que los países en vía de desarrollo, y particularmente los de América Latina, persigan un crecimiento económico más equilibrado y con mayor equidad, y asuman estrategias efectivas en el combate contra la pobreza. Ante estas presiones los países han ido incorporando en sus agendas políticas y económicas las diversas demandas de la comunidad internacional, buscando un mejor acomodo al proceso de globalización, en términos tanto de estabilidad como de aceptabilidad por parte de la comunidad internacional.

 

La profundización de las formas de producción y consumo propios del capitalismo contemporáneo han llevado a aumentar la preocupación de toda la humanidad respecto a la degradación del medio ambiente y el deterioro de los recursos naturales. En especial, tales preocupaciones tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. A estas preocupaciones ambientales se suman las derivadas del consumo y el negocio de las drogas ilícitas, las cuales continuarán a nivel mundial durante un largo periodo de tiempo mientras se buscan acuerdos internacionales efectivos para controlar tanto el consumo como la producción.

 

Desde el punto de vista de las fuentes de crecimiento y de progreso social, una ola de desarrollo e innovación tecnológica e institucional de carácter universal está configurando una sociedad fundamentada en el conocimiento. La revolución en biotecnología y genética, así como los formidables avances en microelectrónica y telecomunicaciones, le están cambiando a la humanidad las costumbres, los modos de vida, las visiones del mundo y sus concepciones sobre el desarrollo.

 

De esta forma, el capital humano se ha constituido en el principal factor de desarrollo, al tiempo que el conocimiento se erige como uno de los más dinamizadores del cambio social, ya que el mismo se está constituyendo cada vez en forma más clara en uno de los principales factores que definen la capacidad de generación y la distribución de la riqueza en las sociedades. Por tanto, la posición de los individuos y los diversos grupos sociales en relación con la forma como se distribuya el valor creado será más importante que la posición que tengan en la distribución inicial de la riqueza y de la propiedad para definir la posición económica, social y política de los diversos agentes económicos en el futuro.

 

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la importancia del conocimiento científico en todos los sectores de la sociedad y el papel estratégico de las nuevas áreas de la ciencia; por el papel central de la educación y la formación de recursos humanos como el pilar que sustenta el desarrollo de la sociedad; por la adecuada generación de bienes públicos para el desarrollo científico y tecnológico y su apropiación social; por los esencialidad de los procesos de aprendizaje social; y, finalmente, por el desarrollo del pensamiento estratégico y prospectivo.

 

Por último, a pesar de los avances logrados en dirección a la liberalización del comercio mundial de bienes y servicios, las políticas agrícolas de los países más desarrollados siguen sustentándose en fuertes ayudas y subsidios a los agricultores. La Unión Europea sigue aplicando su política de protección a la agricultura y sus pugnas con Estados Unidos no han conducido a avances significativos hacia un comercio agrícola más libre. Los mecanismos de protección para-arancelarios (medidas sanitarias, manejo del ambiente y los derechos humanos) continúan afectando y distorsionando las corrientes del comercio de bienes agrícolas.

 

2.   Tendencias en la Agricultura Mundial

 

Los más importantes desafíos que deberá enfrentar el desarrollo de la agricultura mundial en las próximas décadas, además de satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos, apuntan a la necesidad de reducir los altos niveles de pobreza rural y urbana, en un contexto de crecimiento notable de la población en los países en vía desarrollo; modificar la actual situación de insuficiente inversión pública en el desarrollo del capital humano en las zonas rurales y promover el fortalecimiento de los sistemas de investigación y desarrollo para los países más pobres; y detener la acelerada degradación de los recursos naturales, sobre todo en las regiones más deprimidas del mundo.

 

Las previsiones de los centros académicos internacionales sobre el desempeño de la agricultura mundial para las dos décadas siguientes indican que:

 

·         Los precios de los bienes agrícolas mantendrán una tendencia a disminuir, principalmente como consecuencia de los aumentos en la productividad. Sin embargo, hay incertidumbre acerca de un eventual incremento en el nivel de la volatilidad de los mercados y los precios, que puede tener efectos devastadores en algunas economías con mayor dependencia alimentaria.

 

·         El aumento del consumo de alimentos se dará sobre todo en los países en vía de desarrollo, lo cual elevará la participación de estos en la estructura del comercio agrícola mundial.

 

·         En los países con menores ingresos (menos de mil dólares por habitante) se espera que la demanda por raíces, tubérculos, cereales y oleaginosas sea muy dinámica; y en los países con ingresos medios, será la demanda por carnes, lácteos, huevos, frutas y hortalizas la que aumentará significativamente.

 

·         El consumo de alimentos exigirá cada vez más productos de calidad, saludables, amigables con el medio ambiente, sin riesgos para la salud, con nuevas formas de empaque y presentación que respondan a las demandas ambientales y de inocuidad sanitaria.

 

·         El comercio mundial de alimentos aumentará rápidamente por la demanda de los países en desarrollo, aunque no mejorará significativamente la situación nutricional en los países más pobres. Sin embargo, este crecimiento podría verse amenazado en caso de no lograrse avances significativos en las negociaciones internacionales que permitan una mayor liberalización del comercio agrícola mundial.

 

·         La restricción principal para la producción agrícola no estará en la disponibilidad de tierra, aunque el techo de productividad sí estará condicionado a la necesidad de un esfuerzo crítico en investigación y desarrollo tecnológico, sobre todo dirigido a los países en vía de desarrollo y a los agricultores más vulnerables. Los problemas de degradación de los recursos naturales, en especial suelos y agua, seguirán avanzando en determinadas zonas, pero su impacto en la dinámica global de la producción será relativamente pequeño, gracias al aumento esperado de la productividad.

 

·         La principal amenaza para la producción y la productividad agrícola mundial provendrá de la fuerte presión que el crecimiento de la población y de la producción agrícola ejercerán sobre las fuentes de agua.

 

·         La utilización de fertilizantes continuará aumentando para sostener el crecimiento de la productividad, aunque se estima que sus precios seguirán disminuyendo.

 

Frente a los desafíos antes mencionados y dadas las tendencias de crecimiento agrícola mundial, la agricultura surge como un sector que puede sustentar el progreso económico de muchos países en desarrollo, especialmente de los más pobres, en condiciones de equidad y estabilidad económica y social.

 

Pero para ello es necesario fortalecer la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo para diseñar y promover mejores políticas económicas y sociales; mejorar las capacidades de la población pobre para promover su propio bienestar e incrementar sus oportunidades de empleo y acceso a activos productivos; fortalecer el sistema de investigación y extensión agrícola en los países en desarrollo; promover la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola y mejorar el manejo de los recursos naturales, especialmente en aquellas áreas que presentan problemas de degradación de suelos, disminución de fuentes de agua y altos índices de pobreza; y promover la eficiencia y la efectividad de los mercados de bienes e insumos agrícolas. Todo ello es lo que explica el énfasis que se está dando a la necesidad realizar reformas y ajustes al marco institucional, buscando hacerlo más consistente con el logro de un desempeño más eficiente, sostenible y equitativo de la agricultura.

 

3.   La Estructuración en Cadenas Agroindustriales

 

Otra de las grandes tendencias contemporáneas que caracteriza el desarrollo de la agricultura es su creciente grado de integración en cadenas cada vez más complejas de agregación de valor. Esto implica que el diseño de las políticas debe dar cuenta de los vínculos cada vez más estrechos que se establecen entre la agricultura como sector que genera productos primarios, y los eslabones comerciales e industriales, que procesan y agregan valor a dichos productos. La constitución de un sector agroindustrial cada vez más integrado a escala mundial, en el que intervienen explotaciones agrícolas, agroindustrias, empresas exportadoras e importadoras, supermercados, empresas de servicios y organizaciones de consumidores, constituye una realidad insoslayable que condiciona el comportamiento sectorial, y que por lo mismo, está imponiendo cambios en los conceptos y en las formas de organización y de gestión de las políticas sectoriales.

 

Tal perspectiva realza la verdadera importancia económica y social de la agricultura y del sector rural. Así mismo, este enfoque permite poner de relieve las articulaciones entre los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial, y la necesidad de que la política agrícola actúe sobre el conjunto de actores, a través del impulso de las instituciones de concertación y coordinación en donde confluyen los agricultores y los demás operadores de la cadena agroindustrial y de consumo.

 

Estos cambios también promueven las interacciones coordinadas entre los organismos responsables de la política sectorial con otras entidades públicas que intervienen en el sector, como son los responsables de la provisión de otros servicios como salud que velan por la higiene e inocuidad de los alimentos, las autoridades de comercio exterior, entre otros. El resultado de este proceso debería conducir en el corto plazo a una mejor coordinación operativa de los servicios públicos que regulan el funcionamiento de las cadenas agroindustriales, y por consiguiente, en nuevas actividades y cambios institucionales que optimicen la realización de estas funciones.

 

II.          Patrones Internacionales de Desempeño de la Agricultura

A.            Patrón de Transformación Estructural de las Economías Nacionales

 

No cabe duda que a medida que las sociedades alcanzan niveles más elevados de ingreso por habitante sus economías muestran una progresiva diversificación. Como consecuencia de este proceso, la agricultura, que en las etapas iniciales del desarrollo constituye la principal actividad productiva, tiende a reducir su participación en la estructura económica.

 

Este hecho se puede constatar mediante una sencilla gráfica que relacione el valor del ingreso por habitante y la participación porcentual de la agricultura en el PIB de cada país. La disposición de los diferentes países en la gráfica así construida muestra una “nube de puntos” que refleja claramente la relación inversa entre la renta por habitante y el peso relativo de la agricultura en la economía. En aquellos países que presentan bajos niveles de renta por habitante, por ejemplo menos de mil dólares, la agricultura registra una participación en el PIB que supera el 30%; por el contrario, en los que han alcanzado alto niveles de renta, es decir más de diez mil dólares, el aporte de la agricultura tiende a ser inferior al 5%.

 

Con el fin de ilustrar este hecho, se estimó una curva de tendencia o de patrón de participación internacional de la agricultura en el PIB total, la cual se muestra en la gráfica 1.

 

Otro hecho que se constata en la misma gráfica es que existen diferencias significativas en el peso relativo que tiene la agricultura entre países cuyo ingreso promedio por habitante es semejante. Estas diferencias constituyen un indicador de ventaja o desventaja comparativa en la producción agrícola de cada país, con relación a los demás. Los países que se ubican por encima de la curva, o sea, aquellos cuya agricultura tiene un peso superior al que indica el “patrón internacional” para su nivel de ingreso por habitante, se caracterizan por tener una posición favorable en cuanto a dotación de recursos naturales para la producción agrícola. Por el contrario, los que están por debajo del “patrón internacional”, por lo regular corresponden a países que tienen una dotación relativa de recursos naturales que no es muy favorable para el desarrollo de su agricultura.

 

Colombia es un país que posee recursos naturales con claras aptitudes para la agricultura, que lo califican para ubicarse por encima del patrón internacional, es decir, que la contribución de su agricultura debería ser superior a la que indica la línea de tendencia o patrón internacional. Sin embargo, su ubicación en la actualidad es inferior en un poco más de un punto porcentual, lo que constituye un indicio claro de que Colombia está desaprovechando su dotación de recursos y su potencial de producción agrícola, en el equivalente a por lo menos 4 a 5 puntos porcentuales del PIB total, puesto que debería hacer parte del grupo de países que se ubican por encima del patrón internacional.

 

 

Gráfica No.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en información del Banco Mundial

 

 

B.            Vocación Exportadora de la Agricultura y Ventajas Comparativas Agrícolas

 

La ventaja comparativa agrícola de un país se debe reflejar en un mayor coeficiente exportador de su agricultura. La gráfica 2 ilustra esa relación y el ajuste de la curva señala la tendencia internacional.

 

La curva de tendencia, en dicha gráfica, indica que cuanto mayor es la diferencia entre la contribución de la agricultura al PIB y la que le correspondería según el patrón internacional, mayor es la participación de las exportaciones agrícolas en el valor total de la producción agrícola. Así, la realidad internacional permite confirmar que hay una relación directa entre la “vocación” exportadora de la agricultura de cada país y su indicador de ventaja comparativa en la producción agrícola.

 

Colombia en la actualidad registra un coeficiente de exportaciones agrícolas que apenas alcanza la quinta parte del valor de la producción agrícola. Si estuviera aprovechando sus recursos de acuerdo a lo que sugiere el patrón internacional, debería estar exportando al menos el 30% del valor de su producción agrícola, que en valor absoluto, equivale al más del doble de sus actuales exportaciones.

 

 

Gráfica No.  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en datos del Banco Mundial y de la FAO

 

C.            Productividad Relativa de la Población Rural, “Vocación” Exportadora de la Agricultura y Aprovechamiento de sus Ventajas Comparativas

 

Uno de los desafíos más importantes para la política económica y social en los países en desarrollo consiste en corregir las brechas enormes de productividad que muchos de ellos muestran entre la población que depende de la agricultura y la que está ocupada en los demás sectores de la economía. En la amplitud de esas brechas radica la fuente primaria de las grandes diferencias en el ingreso promedio de los habitantes del campo y el ingreso promedio de los habitantes urbanos. En Colombia, por ejemplo, actualmente el ingreso promedio rural representa apenas el 40% del promedio nacional, lo que configura una brecha equivalente a 1.5 veces el ingreso promedio rural, lo que significa que, en promedio, los habitantes urbanos tiene un ingreso 2.5 veces mayor al que tienen los habitantes rurales.

 

Con el fin de apreciar si, tanto la “vocación” exportadora de la agricultura como el adecuado aprovechamiento de las ventajas comparativas en la misma, pueden ofrecer condiciones que favorezcan el aumento de la productividad relativa de la población agrícola y, por lo tanto, la progresiva disminución de sus diferencias de ingreso con los demás sectores económicos, se elaboraron las gráficas 3 y 4 en las que se relaciona, país por país, el índice de productividad relativa[1] de la población agrícola con el coeficiente exportador de su respectiva agricultura y con el indicador de ventaja comparativa agrícola.

 

En las gráficas se constata que existe una relación directa entre la productividad relativa de la población agrícola, tanto con la “vocación” exportadora de la agricultura, medida ésta como el porcentaje que representan las exportaciones en el valor de la producción agrícola, como con el índice de ventaja comparativa en agricultura. Lo anterior significa que las diferencias entre la productividad de la población agrícola y la productividad de la población urbana tienden a disminuir cuando el país aprovecha en forma adecuada sus ventajas comparativas en la producción agrícola y, por ende, aumenta el coeficiente exportador de su agricultura.

 

Gráfica No.  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en datos del Banco Mundial y de la FAO


 

 

Gráfica No.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en información del Banco Mundial y de la FAO

 

 

III.      El Contexto Interno

 

Con la expedición de la Reforma Constitucional de 1991 Colombia dio un paso trascendental en su desarrollo institucional y político. Esta reforma constitucional introdujo nuevas reglas de juego para el funcionamiento de la sociedad y la definición del papel del Estado y del sector privado en el manejo de los asuntos económicos, dando relevancia a los derechos de los ciudadanos, a la idea de país unitario y a la descentralización política y administrativa; estableció, además, principios para ampliar la democracia, promover la inclusión económica, social y política, garantizar el reconocimiento de los derechos de las minorías, reafirmar la legitimidad del Estado y crear espacios para el desarrollo de una sociedad civil fuerte, organizada y participativa. (NI UNA PALABRA SOBRE NEOLIBERALISMO, APERTURA Y PRIVATIZACION)

 

No obstante, a pesar de que la Constitución de 1991 generó una mayor apertura política, en la práctica existen muchos impedimentos para que surjan nuevos partidos y movimientos que compitan libremente, y con garantías, con los partidos tradicionales.

 

De otra parte, el país ha venido avanzando en el proceso de descentralización. Las regiones y las entidades territoriales tienen hoy una mayor conciencia sobre sus responsabilidades y retos hacia el futuro, así como sobre la importancia de la participación ciudadana en las instancias de toma de decisiones públicas. Sin embargo, este proceso de descentralización no ha culminado, pues su énfasis se ha limitado a los aspectos administrativos. El Estado centralista sigue prevaleciendo en la gestión de lo público, y entre los ciudadanos la cultura de la descentralización todavía es precaria.

 

La economía y la sociedad colombiana han sido impactadas significativamente por la irrupción del narcotráfico (cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas). El comercio de narcóticos introdujo serias distorsiones en los precios fundamentales de la economía, estimuló comportamientos nocivos en detrimento del ahorro y la inversión productiva. Además, ha acentuado y alimentado la violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley y por la delincuencia organizada, ha afectado la operación de la justicia, promovido la corrupción y la impunidad, trastocado valores, interferido en la política y distorsionado las relaciones internacionales del país.

 

La apertura económica, puesta en marcha a comienzos de la década de los noventa, significó el comienzo de una profunda transformación de la estructura económica del país, al dejar atrás el modelo proteccionista que imperó en Colombia desde mediados de la década de los cuarenta,  y dar paso a un mayor grado de apertura comercial, en correspondencia con las tendencias generales de globalización de la economía mundial.

 

Con la apertura económica se le ha dado mayor preeminencia a las políticas macroeconómicas y al uso prioritario de los incentivos de mercado frente a la tradicional intervención directa del Estado en la economía (¿?????????). En lo institucional se ha puesto en marcha un proceso de creación de una nueva institucionalidad y de formación de una nueva cultura de relaciones entre lo público y lo privado. En cuanto a la infraestructura, hay notables progresos en su desarrollo y en las modalidades de contratación y ejecución en los que se destaca la creciente participación y responsabilidad privada.

 

Los anteriores cambios políticos, económicos e institucionales favorecieron la creación de condiciones para la consolidación y el desarrollo de una clase empresarial que se caracteriza por su capacidad emprendedora y dinamismo, lo cual constituye un activo muy valioso para el futuro desarrollo del país.

 

En cuanto al medio ambiente, a medida que la comunidad internacional va aumentando su valoración de los recursos naturales y la biodiversidad, en Colombia la preocupación pública por los temas ambientales ha ido tomando nuevas dimensiones, creando una creciente conciencia sobre la necesidad de tener un ciudadano más educado e informado sobre lo ambiental.

 

IV.        Situación de la Agricultura y el Medio Rural en Colombia

 

En la actualidad la agricultura colombiana tiene una participación en el PIB total que la sitúa por debajo de los patrones internacionales. Ello es inconsistente con la dotación relativamente abundante de recursos naturales del país, la cual indica que Colombia tiene ventajas comparativas para la producción agrícola.

 

La estructura de la producción se caracteriza por su alto grado de diversificación, aunque se muestra poco flexible, con dinámicas muy heterogéneas y parcialmente integrada a los mercados globales. Aunque el segmento mayoritario de la producción está constituido por bienes no-transables, los sectores más dinámicos han estado representados por los cultivos sustitutivos de importaciones, hasta finales de la década de los ochenta, y por los cultivos tropicales de exportación y los no-transables, durante la década de los noventa.

 

En términos generales, la agricultura colombiana se encuentra en un proceso de transición desde una agricultura que tenía su énfasis en cultivos sustitutivos de importaciones y orientada al mercado interno, hacia una con predominio de cultivos para exportación, con tendencia a especializarse en bienes tropicales. (0JO¡¡¡¡¡¡¡¡¡) Se caracteriza por su notoria dispersión (espacial y funcional) y la conformación de pocos e incompletos, pero exitosos, conglomerados productivos especializados.

 

Al interior de las regiones, la estructura de la producción se caracteriza por la relativa diversificación antes que por la especialización regional, con excepción de los cultivos de exportación y algunos de los importables que desarrollaron estructuras regionales especializadas. En estos últimos es donde ha habido un relativo desarrollo de unidades productivas empresariales, configurando un fenómeno de dualidad en relación con el bajo nivel de gestión empresarial que caracteriza al grueso de la producción.

 

Los sectores especializados configuran cadenas relativamente bien integradas y coordinadas de comercialización y transformación, con procesos de agregación de valor que se realizan dentro de las mismas regiones y que producen bienes con niveles de calidad que se ajustan a las exigencias de sus mercados. En estos casos, los procesos de comercialización son relativamente eficientes, gracias a los altos niveles de coordinación. Por el contrario, en los sectores no especializados los niveles de coordinación entre los diferentes eslabones de las cadenas son mínimos, lo que se traduce en ineficiencias y altos costos de transacción, así como en ínfimas posibilidades para la agregación de valor y el mejoramiento de las condiciones de calidad del producto.

 

Para hacer frente a los desafíos del futuro, en un contexto en el cual tiende a predominar el conocimiento como el eje primordial del desarrollo económico y social, el sector presenta notorias deficiencias en los factores fundamentales como son: alto grado de analfabetismo y baja escolaridad de los habitantes del campo; mediana, estancada y poco pertinente capacidad científica y tecnológica; y escasa y limitada oferta de información. Lo anterior está enmarcado en una institucionalidad incoherente que genera un ambiente de incertidumbre de derechos e inestabilidad en reglas de juego; inhibe el desarrollo de los mercados de bienes y de factores, los que se caracterizan por un desarrollo incompleto y con mínima integración; conduce a un aprovechamiento ineficiente e insostenible de la base de recursos naturales con que cuenta el país; y fomenta la degradación del capital social y organizacional.

 

Con pocas pero notables y significativas excepciones, la agricultura no ha logrado constituirse en un sector capaz de dinamizar y transformar la vida económica y social de las regiones. Las opciones económicas y de empleo en el campo, por lo regular, están limitadas a la agricultura y, las no agrícolas son precarias y de baja productividad, excepto cuando están articuladas a conglomerados productivos especializados y competitivos. Estos últimos ofrecen medianas posibilidades de incorporación social de la población, pero en el resto de la estructura predomina la exclusión social y un limitado acceso a recursos y oportunidades productivas.

 

El limitado desarrollo de la agricultura y del sector rural colombiano se traduce en fragilidad de la economía de las zonas rurales e inestabilidad en su vida social y política, lo que acentúa los problemas debidos a la deficiente inserción con el resto de la economía nacional y ahonda los desequilibrios regionales. Estas falencias, acompañadas de una precaria y centralizada provisión de infraestructura, servicios y bienes públicos por parte del Estado, discrimina las oportunidades y condiciones de vida a los habitantes del campo con respecto a los del resto de la sociedad.

 


 

V.            Brechas de Desarrollo de la Agricultura con Relación a la Visión de Mediano y Largo Plazo

 

Aspecto

Situación Actual

2010

Visión 2025

Participación en el PIB

4 a 5 puntos por debajo del patrón internacional

Entre 1 y 2 puntos debajo del patrón internacional. Crece mínimo 5% anual, si el PIB total crece 3.5%. Los exportables deben crecer 9.6% anual.

4 a 5 puntos por encima del patrón internacional

Estructura productiva

Medianamente dinámica y flexible y bastante diversificada, pero parcialmente integrada a mercados globales

El sector exportador es muy dinámico, flexible, diversificado y plenamente integrado a mercados globales. El resto de la agricultura registra avances significativos en dinámica y flexibilidad (sobre todo los no transables que creen al ritmo de la economía), gracias a la profundización de la modernización de los mercados.

Muy dinámica, flexible, diversificada e integrada a mercados globales

Perfil productivo

Agricultura en transición hacia tropicales.

Agricultura en transición acelerada hacia productos y sistemas tropicales y aprovechamiento de la biodiversidad para usos  alimentarios y no alimentarios.

Predominio de tropicales

Perfil comercial

Transición entre sustitutiva de importaciones a exportadora

Agricultura sustentada en la demanda externa (exportables) y la demanda interna (no transables)

Orientada a exportaciones

Unidades productivas

En general, hay poco manejo empresarial. La mayor especialización coincide con el mayor desarrollo empresarial.

En el sector de exportación  hay una entrada dinámica y acelerado desarrollo empresarial. En el de no transables creciente empresarización.

Empresariales y especializadas

Regiones

Poca especialización regional de la producción. Cerca de la cuarta parte de la agricultura  nacional está organizada y especializada básicamente alrededor de exportables.

Mediana especialización regional de la producción, especialmente por el aumento de las zonas exportadoras especializadas.

Regiones especializadas

Coordinación en las cadenas

Grado incipiente de coordinación, con pocas excepciones (banano, flores y azúcar)

Eficaz coordinación en los exportables y avance significativo en no transables

Eficaz coordinación

Valor y calidad del producto

Escaso desarrollo del valor agregado y calidad muy heterogénea y por debajo de estándares técnicos

Practica generalizada de acondicionamiento y estandarización de calidad del producto en las zonas de producción.

Alto valor agregado y elevada calidad

Desarrollo educativo

Alto nivel de analfabetismo, bajo grado de escolaridad y precaria capacitación laboral

Hay una elevada valoración social de la educación en el medio rural. Cobertura universal de la educación básica para edades entre los 5 y 16 años en el sector rural. Oferta y uso creciente de servicios de capacitación para el trabajo, adecuados para el medio rural

Desarrollo educativo y de capacitación generalizados en el medio rural

 

Calidad de las decisiones

Baja calidad de las decisiones económicas, políticas y sociales

Avances significativos en sistemas de información, conectividad, educación y certidumbre institucional generan mejor calidad de las decisiones.

Decisiones de calidad en lo económico, político y social

Capacidad científica y tecnológica

Mediana y estancada

Mediana pero creciente

Alta y creciente

Dinámica innovativa

Estancamiento innovativo con algunas excepciones

Alta y generalizada motivación de los agentes por la innovación, pero aun existe una limitada oferta de opciones innovativas, en un ambiente desarrollo institucional favorable a la innovación

Alta dinámica innovativa

Oferta de información

Incipiente y excluyente

Se dispone de un arreglo institucional que garantiza la generación de información oportuna y de alta calidad para apoyar las decisiones de los agentes, pero aun no satisface las necesidades de los mismos y el acceso aún no es universal.

Amplia, pertinente, oportuna y de acceso universal

Optimización de decisiones

No son optimas

Creciente optimización de las decisiones por el desarrollo de la institucionalidad.

Son optimas

Institucionalidad

Incoherente e incompleta.

Coherente

Coherente

Derechos y reglas de juego

Inestabilidad e incertidumbre

Ciertas y estables

Ciertas y estables

Mercados de bienes y factores

Son poco desarrollados, informales, incompletos y poco integrados

Se han creado las condiciones institucionales que permiten que se desarrollen e integren los mercados de productos y factores. Los mercados de bienes avanzan más rápido en su desarrollo y los de factores avanzan  más lentamente. Los logros en infraestructura e información apoyan estos desarrollos.

Desarrollados, completos e integrados.

Aprovechamiento de la riqueza de recursos naturales

Ineficiente, insostenible y conflictivo.

Todavía es bajo (frente a potencial) el aprovechamiento, pero el cambio institucional induce mejoras en eficiencia y sostenibilidad

Eficiente y sostenible

Capital humano y organizacional

Reducción  y degradación del capital humano y social  agravado por el conflicto. En forma paralela, avanza un proceso de desarrollo del capital organizacional

En proceso de reconstrucción del capital humano y social  y  consolidación  del capital  organizacional

Desarrollo y aprovechamiento

Estructura agrícola

Agricultura dispersa con notorias desarrollos en conglomerados.

Se han constituido nuevos conglomerados en exportables y no transables.

Conglomerados productivos especializados

Opciones económicas en el campo

La agricultura sigue siendo la fuente principal de empleo en el campo pero  se destaca un proceso de diversificación de  las fuentes de empleo rural aunque son inestables, precarias y  poco competitivas.

Creciente aunque limitado desarrollo de opciones económicas y de empleo agrícola y no agrícolas, pero eficientes y competitivas.

Agrícolas y no agrícolas, competitivas y eficientes

Articulación social

Mediana articulación social a conglomerados y alta exclusión social en el resto de la estructura productiva

Hay articulación social en los conglomerados productivos. Las políticas son explícitas y efectivas para fomentar procesos de articulación social en otras áreas donde aun no se han desarrollado conglomerados productivos. Las redes son el mecanismo a través del cual se vinculan los pequeños productores a los conglomerados.

Grupos sociales articulados a conglomerados en condiciones de equidad

Acceso a recursos productivos y oportunidades

Limitado y restringido a pocos grupos y sectores sociales

No hay discriminación en las posibilidades de acceso a recursos y oportunidades, pero persiste discriminación por capacidades de las personas (educación, capital humano)

Efectivo para los diferentes grupos sociales

Dinámica de transformación (económica y social) del campo

Procesos no articulados que generan círculos viciosos (perversos) de transformación

Predominan las dinámicas d transformación virtuosa del medio rural (incluyente). Operan mecanismos institucionales que compensan dinámicas viciosas (perversas) que aun subsisten

Basada en procesos (conglomerados) que generan una transformación virtuosa.

Dinámica de la economía de las zonas rurales

Es poco dinámica en comparación con su potencial, con excepción de los conglomerados.

La extensión de los conglomerados dinamiza las economías rurales.

Las economías rurales son dinámicas.

Vida social y política del campo

Inestable y de alto riesgo político, y con notables desequilibrios sociales

Los acuerdos políticos surgidos de la negociación del conflicto se están implementando. Ha mejorado la certidumbre política que se refleja en mayor estabilidad social pero subsisten desequilibrios sociales y los problemas sociales heredados de los conflictos

Estable

Inserción con economía nacional

Moderada inserción con núcleos aislados

La extensión de los conglomerados ha promovido una mayor inserción con la economía nacional.

Eficaz

Equilibrio entre regiones

Manifiestos desequilibrios regionales

El ambiente institucional, la provisión de bienes públicos y los desarrollo productivos y de mercados  genera una dinámica que reduce los desequilibrios regionales

Equilibrio regional

Provisión de infraestructura, servicios y bienes públicos

Es precaria y no integral; no responde a una visión integral y coordinada de desarrollo; discrimina y, en zonas más pobres, se hace en respuesta a conflictos y presiones políticas.

El Estado, en todos sus niveles y de acuerdo a sus competencias, es muy activo en la provisión de estos factores porque : 1) tiene una visión clara de desarrollo de la agricultura. 2) hay una conciencia de la sociedad sobre el papel estratégico  de la agricultura en el desarrollo del país. 3) Hay apoyo político integral resultado de un acuerdo social.

Activa provisión por parte del Estado

Oportunidades y condiciones de vida en el campo

Amplia brecha frente a las condiciones urbanas

Las mejoras en las condiciones de vida en el campo facilitan el  proceso de cierre de las brechas frente a las condiciones urbanas

Se equipara con el resto de la sociedad


 

 

VI.        La Visión del Sector Rural que Inspira el Proyecto de Ley

 

En el año 2025 la participación de la agricultura colombiana en el PIB total, se sitúa por encima de los patrones internacionales, gracias a que ha desarrollado una estructura dinámica, flexible, diversificada y plenamente integrada a los mercados globales, basada en la producción de bienes tropicales orientados principalmente a la exportación.

 

La actividad agrícola está sustentada en unidades productivas empresariales y regiones especializadas, y está integrada por cadenas de comercialización y transformación, las cuales se caracterizan por una eficaz coordinación entre los diferentes eslabones, que producen bienes con alto valor agregado y elevado nivel de calidad.

 

Ello ha sido posible gracias a un desarrollo educativo generalizado en el medio rural, que garantiza que los agentes adoptan decisiones de calidad en sus actividades económicas, políticas y sociales; a una alta y creciente capacidad científica y tecnológica, que garantiza una alta dinámica innovativa en los procesos productivos agrícolas; y a una amplia, pertinente y oportuna oferta de información, que optimiza las decisiones de las personas y de las organizaciones del sector. Lo anterior está enmarcado en una institucionalidad coherente que propicia un ambiente de certidumbre de derechos y reglas de juego estables; promueve y desarrolla los mercados de bienes y de factores; fomenta un aprovechamiento eficiente y sostenible de la rica y amplia base de recursos naturales con que cuenta el país; y estimula el desarrollo y la adecuada disposición del capital humano y organizacional.

 

La estructuración de la actividad agrícola en conglomerados productivos especializados, genera diversas opciones económicas, agrícolas y no agrícolas, competitivas, eficientes y con un manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Los diferentes agentes y grupos socioeconómicos rurales se encuentran articulados a los conglomerados en condiciones de equidad, gracias a instituciones que garantizan el acceso efectivo de estos grupos a distintas oportunidades y recursos productivos. Esta estructuración constituye la base de la transformación de la vida económica y social del campo.

 

Con el desarrollo y la transformación de la agricultura y del sector rural colombiano, se ha dinamizado la economía de las zonas rurales y estabilizado su vida social y política, permitiéndole a dichas zonas una eficaz inserción con el resto de la economía nacional y, al país, alcanzar un mayor equilibrio regional.

 

Este desarrollo, acompañado de una activa provisión, directa o por terceros, de infraestructura, servicios y bienes públicos por parte del Estado, equipara en oportunidades y condiciones de vida a los habitantes del campo con los del resto de la sociedad.

 

 

VII.     Principios Fundamentales Sobre los Cuales se Estructura el Proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario y Rural

 

Los principios son aquellas concepciones fundamentales acerca de los aspectos de la economía, la política, las instituciones y la ética social en las cuales se sustenta la propuesta que aquí se formula para la agricultura colombiana y el medio rural.

 

Estos elementos constituyen un conjunto de ideas que están concebidas para orientar el cambio de la situación actual de la agricultura y guiar en forma permanente la formulación y ejecución de las estrategias y políticas para promover el desarrollo sectorial. Por lo tanto, la concreción de esos principios y el compromiso de la sociedad con los mismos se constituyen en condición necesaria para el logro de los objetivos de la Ley.

 

A continuación se enuncia cada principio y se hace una breve sustentación del mismo.

 

1. La agricultura[2], como actividad productiva y comercial, sustenta la vida económica y social del medio rural[3]

 

Es un hecho universal y reconocido que en las primeras etapas del desarrollo la agricultura constituye el eje fundamental de la vida de las sociedades, pero a medida que éstas alcanzan mayores niveles de progreso técnico y bienestar material, las actividades agrícolas, aunque siguen avanzando al igual que los otros sectores económicos, reducen su participación dentro del conjunto de las actividades económicas de la sociedad. Lo mismo ocurre con la población que depende de la agricultura. Pero estos hechos no diezman en ningún caso el valor fundamental,  derivado de la necesidad esencial de subsistencia de los seres humanos, que representa la agricultura para la vida económica, política y cultural, en cualquier sociedad, sea cual sea su nivel de desarrollo.

 

De otra parte, a medida que avanza la transformación económica y social, la estructura productiva del medio rural se vuelve cada vez más compleja y diversificada, gracias a los crecientes eslabonamientos que desarrolla la agricultura con otras actividades económicas, por lo que la dinámica de estas depende cada vez más de la dinámica agrícola. Tal es el caso del comercio y el transporte de productos e insumos agrícolas, los servicios personales y la manufactura de primera transformación. Esto resalta el papel fundamental de la agricultura incluso en las posibilidades de creación de opciones no agrícolas de producción y empleo en el medio rural. Así, independientemente del nivel de desarrollo económico que haya alcanzado una sociedad, la configuración de la estructura económica y social de su medio rural está determinada, en lo fundamental, por sus actividades productivas agrícolas.

 

2. El crecimiento agrícola se fundamenta en el uso óptimo del potencial productivo de la biodiversidad y demás recursos naturales

 

Básicamente existen tres formas para promover el crecimiento de la producción en condiciones de mercados competidos: políticas comerciales directas, economías de escala y ventajas comparativas. A largo plazo, el crecimiento impulsado por las primeras por lo general es espurio, no es sostenible y no necesariamente mejora el bienestar de la sociedad. Por su parte, el crecimiento basado en el desarrollo de economías de escala sectoriales, aunque es auténtico y sostenible, cuando éstas responden a condiciones no competitivas de mercado, generan inequidad social y pérdidas de bienestar. Por último, el crecimiento sustentado en las ventajas comparativas, o sea, el que responde al uso óptimo de los recursos en función de las dotaciones y productividades relativas de los mismos, se torna sólido, eficiente, sostenible y es generador de bienestar social.

 

La principal fortaleza que tiene Colombia para la producción agrícola radica en su amplia, rica y variada base de recursos naturales y su biodiversidad, a lo cual se suma una oferta relativamente abundante de mano de obra. Por lo tanto, para que el país  pueda lograr un crecimiento legítimo, su estrategia de desarrollo agrícola y rural debe estar dirigida a promover, mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales, todas aquellas actividades productivas donde el país posee ventajas comparativas y a desarrollar, en las mismas, economías de escala y de especialización.

 

3. La viabilidad del crecimiento sostenido de la agricultura radica en el conocimiento, cuidado y manejo de la biodiversidad y demás recursos naturales

 

El territorio colombiano está dotado de una riqueza natural que constituye un verdadero privilegio y una fuente de ventajas comparativas que el país debe saber aprovechar para poder alcanzar sus objetivos de progreso económico y bienestar social. Sin embargo, dada la fragilidad que caracteriza a los ecosistemas tropicales, un manejo descuidado de los mismos conduce con mayor facilidad al deterioro y empobrecimiento de los recursos naturales y la biodiversidad, y dado que estos constituyen la base que determina la viabilidad de la agricultura como actividad económica, el potencial de crecimiento de la misma necesariamente se irá agotando.

 

Por lo anterior, para el país es imperiosa la necesidad de desarrollar las condiciones institucionales y culturales que permitan tanto disponer del conocimiento de sus recursos naturales como fomentar su aprovechamiento de un modo compatible con la conservación de los mismos. Dichas condiciones se sustentan fundamentalmente en la existencia de una alta valoración social de los asuntos ambientales, la cual da el soporte para mantener un elevado compromiso social con: el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico de los recursos; el desarrollo de la normatividad para reconocer derechos, regular el uso y definir la protección de los recursos naturales; y el desarrollo de las capacidades de los agentes del sector para valorar y aprovechar eficientemente los recursos, y respetar y acatar las normas ambientales.

 

4. El desarrollo de la agricultura se concibe como un proceso endógeno, basado en crecimiento productivo con inclusión social, lo que demanda una institucionalidad ajustada a las condiciones del sector rural

 

El creciente interés de la humanidad por consumir bienes agrícolas e industriales que respondan no sólo al deseo de diversificar el consumo sino también a sus preocupaciones sobre salud, cuidado del medio ambiente y protección de los recursos naturales, resaltan la importancia de las reservas de biodiversidad para satisfacer esos requerimientos. Demandas semejantes se presentan en relación con las características técnicas que deben satisfacer los procesos productivos.

 

Al mismo tiempo, los actuales desarrollos científicos y tecnológicos, al aumentar la información y el conocimiento de los consumidores, refuerzan la demanda de los atributos antes mencionados en sus consumos de bienes y servicios, al tiempo que generan la tecnología para que los procesos productivos puedan satisfacer dichas demandas. Además, tales desarrollos científicos ofrecen mejores posibilidades para identificar, caracterizar y valorizar los recursos naturales disponibles, aspecto que es de particular importancia en el caso colombiano.

 

Para un país como Colombia, cuyas riquezas en recursos biológicos lo ubican en el tercer lugar en biodiversidad en el mundo, las tendencias de la demanda mundial y del desarrollo científico y tecnológico, colocan a su sector agrícola en capacidad para desempeñar un papel activo en la dinámica de crecimiento económico y de progreso social del país. Para realizar en forma eficiente ese potencial es necesario que su desarrollo productivo se sustente en la adecuada valoración y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, induciendo, así, una dinámica generada desde su interior.

 

De otra parte, los análisis de la experiencia internacional llaman la atención acerca de la íntima relación que hay entre equidad social, crecimiento y estabilidad, cuando la primera se explica por el carácter socialmente incluyente del modelo de desarrollo.

 

El grado de inclusión social del estilo de desarrollo de una sociedad es el resultado de la forma como concurran, por una parte, el carácter endógeno del desarrollo productivo, sustentado en las ventajas comparativas emanadas de la disponibilidad de mano de obra y recursos naturales; por otra parte, las capacidades de los individuos para el ejercicio pleno de sus derechos, derivadas de la suficiente, adecuada y generalizada provisión por parte del Estado de los bienes, servicios e instituciones que crean y fortalecen esas capacidades; y, por último, el marco institucional que determina el alcance y el contenido de los derechos individuales. En el medio rural, la adecuada concurrencia de esos factores da el soporte a un desarrollo agrícola socialmente incluyente, en el sentido de que la forma como queda vinculada la población rural a la estructura productiva e institucional es la que promueve una distribución más justa y equitativa de las oportunidades y los frutos del desarrollo. La condición de inclusión social implica, en consecuencia, que la equidad social se garantiza por la capacidad y las posibilidades efectivas que tienen los individuos para el ejercicio pleno de sus derechos en lo productivo, en lo político y en lo cultural, y no sólo por los alcances de la política social.

 

El pleno despliegue del potencial productivo del sector rural y el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo en condiciones de equidad social, requiere el adecuado reconocimiento, en la construcción y evolución institucional del país, de las particularidades propias de la agricultura y el medio rural. Ello supone la participación efectiva de los diferentes sectores sociales del medio rural en los procesos de construcción institucional, mediante el desarrollo de sus organizaciones económicas, políticas y sociales y de su capacidad para influir en las decisiones públicas. El marco institucional así construido favorece el desarrollo óptimo de la producción, facilita la democratización de la sociedad rural y promueve la solidaridad social.

 

5. La organización de la producción agrícola responde a la dinámica de un mercado globalizado

 

El mercado es el mecanismo más idóneo para orientar las decisiones de asignación de los recursos económicos, ya que puede ofrecer un principio eficiente de libertad recíproca en las relaciones entre productores y consumidores: los productores tienen el derecho a vender sus productos en los mercados más lucrativos, y los consumidores a abastecerse donde pueden obtener la mayor utilidad por lo que gastan. Esto supone que para garantizar que los recursos disponibles se asignen a las actividades que pueden ofrecer el mayor rendimiento social, es necesario que las reglas económicas promuevan un ambiente de libertad de los mercados.

 

La progresiva globalización de los mercados, junto con los avances en tecnología y comunicaciones, están facilitando las transacciones de todo tipo de bienes sin importar la distancia, y tienden a superar los obstáculos naturales que imponen límites geográficos a las posibilidades de intercambio de bienes y servicios. Ello implica que se ha agotado el concepto de mercado restringido al ámbito nacional y se impone el de mercados globales.

 

Los mercados de bienes agrícolas no escapan a esa realidad. Como consecuencia, la producción de dichos bienes se ve obligada a enfrentar la competencia y las oportunidades en mercados globales; los procesos productivos, a afrontar la creciente interdependencia con los demás procesos que intervienen en las cadenas de producción y distribución; y los agricultores, a superar la relativa autonomía e independencia que los ha caracterizado. Así, la organización de la producción agrícola debe ajustarse a estas nuevas circunstancias que emanan de los cambios en las condiciones de los mercados, definiendo su orientación a mercados globales, ajustando su tecnología según los requerimientos del resto de la cadena productiva y adoptando los mecanismos de coordinación con los diferentes agentes de la cadena.

 

6. Para el desarrollo de la producción agrícola el acceso a la tierra se aborda desde la perspectiva de su uso productivo y no solo de la propiedad

 

Aunque la tierra representa el factor característico de la producción agrícola, para su realización, esta requiere, desde el punto de vista técnico, del concurso de otros factores como el capital y el trabajo y, desde el punto de vista económico, de la operación eficiente de los mercados de factores para que los procesos de producción puedan disponer y acceder a ellos con facilidad.

 

Por su parte, la creación de riqueza proviene de las condiciones de uso productivo de los factores y no del ejercicio de la propiedad. Por lo tanto, lo que es indispensable es el acceso al uso de los servicios productivos de los factores y no el disponer de la propiedad sobre los mismos. La propiedad lo que genera es el derecho de su titular a obtener una remuneración por la contribución de los servicios productivos del factor a la generación de riqueza.

 

El nivel de desarrollo de los mercados de factores determina la facilidad con la que los proyectos productivos acceden al uso de los factores. En el caso de la tierra, la forma como las instituciones jurídicas definen y protegen los derechos de propiedad determina en buena parte la eficiencia del funcionamiento del mercado de este factor, al permitir el desarrollo de diversas opciones de acceso, como el arriendo y las diferentes formas de compañía,  además de la propiedad misma. El grado de diversidad de opciones de acceso a la tierra facilita el desarrollo de la producción agrícola en la medida en que la forma de acceso se puede adaptar a la conveniencia financiera y a la duración de los ciclos económicos de la producción.

 

Las distorsiones y la falta de desarrollo del mercado de la tierra, por lo general se explican por la falla de las instituciones económicas y jurídicas para garantizar transparencia y seguridad a los derechos de propiedad en las transacciones de derechos sobre la tierra, lo cual genera incertidumbre para las partes en la preservación de sus intereses. En consecuencia, lo anterior lleva a que la realización de proyectos e inversiones de mediano y largo plazo en la agricultura queden condicionados al acceso a la tierra por medio de la propiedad, y al mismo tiempo, su desarrollo queda limitado por las propias restricciones presupuestales del propietario o por sus respectivas posibilidades de acceso a los demás mercados de factores.

 

7. La efectividad de las políticas sociales en el medio rural radica en garantizar la distribución equitativa de los factores que determinan las capacidades individuales de la población

 

Las experiencias exitosas de desarrollo, como las asiáticas, destacan que es la interacción entre las capacidades individuales y el marco de oportunidades efectivas lo que determina las posibilidades de prosperidad y de movilidad económica y social en una comunidad. Por el contrario, diversas experiencias de reforma agraria en el mundo que se orientaron esencialmente a redistribuir la propiedad de la tierra no lograron los objetivos de transformar las condiciones de bienestar de los beneficiarios, ni lograron mejorar la distribución del ingreso, pues no actuaron sobre las capacidades de quienes recibieron la tierra en propiedad. El contraste entre esos tipos de experiencias muestra que la propiedad sobre activos físicos es un recurso instrumental insuficiente y menos efectivo para garantizar el acceso a ingresos que las capacidades de las personas para generarlos. De igual forma, la redistribución de los mismos es menos eficaz que la redistribución de las capacidades para alcanzar mayor equidad en la distribución de los derechos económicos en la sociedad. En conclusión, si bien la posesión de activos económicos constituye una fuente importante de generación de ingresos para los individuos, finalmente son sus capacidades individuales las que sustentan con mayor solidez la cuantía y la regularidad de los flujos de ingreso a lo largo de su ciclo de vida.

 

La amplitud de las oportunidades económicas y sociales que tiene cada persona para promover su bienestar depende cada vez más de sus propias capacidades individuales derivadas de la educación, el estado de salud y las aptitudes naturales, así como de las posibilidades reales que tiene para desarrollarlas y lograr con ellas sus objetivos de progreso y bienestar.

 

Las garantías de acceso a los medios que permiten el desarrollo de las capacidades económicas, sociales y políticas de los individuos, junto con un marco institucional que asegure transparencia e igualdad en las condiciones de acceso a los mercados de bienes y de factores, constituyen la base fundamental para promover las capacidades de la población rural y garantizarle igualdad de oportunidades frente al resto de la población.

 

Lo anterior no exime al Estado de su compromiso con la equidad social, ni de su potestad de afectar la distribución de los activos económicos, cuando por razones de justicia social y, eventualmente, de estabilidad política, su intervención sea necesaria y justificable.

 

8. Para promover el desarrollo agrícola el Estado debe centrar su acción en la formulación y aplicación de políticas sobre normalización, regulación y protección de derechos; en la financiación de bienes públicos para el desarrollo económico y social; en la identificación, realización y provisión de servicios estratégicos que permitan ampliar y aprovechar las oportunidades para el crecimiento de la producción; y en la aplicación de políticas para corregir las distorsiones en los mercados.

 

En el debate académico y público, hasta hace muy poco tiempo, predominaba un enfoque antagónico acerca de la función del Estado y del mercado para orientar el desarrollo económico y social. Sin embargo, recientemente ha ganado preeminencia una opción más pragmática que valora el aporte de cada uno de ellos a la dinámica y la calidad del desarrollo, y reconoce la necesidad de una relación complementaria entre Estado y mercado. Bajo esta nueva perspectiva, y sobre todo en sociedades en vía de desarrollo, en las cuales el marco institucional no es favorable a una dinámica de progreso económico y social, el Estado debe asumir una actitud proactiva orientada a corregir los obstáculos y crear las condiciones que promueven el desarrollo y el funcionamiento eficiente de los mercados.

 

En este sentido, el papel del Estado es fundamental, en primer lugar, en la clarificación y protección de los derechos de propiedad, por cuanto estas constituyen una condición necesaria para la viabilidad de los intercambios y de las transacciones en la sociedad; en segundo lugar, para garantizar la suficiente producción de bienes públicos y corregir las externalidades sociales propias de ciertas actividades privadas, lo cual es indispensable para poder lograr una mayor eficiencia social en la asignación de los recursos; y, en tercer lugar, para desarrollar los servicios estratégicos en los que el sector privado no invertiría suficientes recursos, pero que son necesarios para ampliar las oportunidades de desarrollo para toda la sociedad. De esta manera el Estado cumple una función fundamental para la viabilidad, la eficiencia y la profundización de los mercados.

 

Lo anterior no implica que el Estado necesariamente tenga que asumir el papel de ejecutor directo y exclusivo, sino que puede recurrir a otros agentes que sirvan como instrumento de ejecución de algunas de sus funciones, sin menoscabo de la responsabilidad que le corresponde al Estado sobre el cumplimiento de las mismas, abriendo paso, así, a un nuevo concepto de la institucionalidad para el desarrollo.

 

9. En la medida en que el Estado provea las condiciones para garantizar que las decisiones que toma el sector privado sean socialmente óptimas y privadamente eficientes, la dinámica productiva y comercial es responsabilidad de este último

 

La eficiencia de la economía, desde el punto de vista privado, es promovida por los mecanismos competitivos del mercado. Por su parte, el Estado mediante su acción proactiva, es a quien corresponde promover el funcionamiento socialmente eficiente del mercado mediante las regulaciones, la provisión de bienes públicos y la corrección de externalidades. En este contexto, la eficiencia de uso de los recursos depende de la calidad de las decisiones de los agentes económicos.

 

El agente económico mejor capacitado para ejercer la asignación de los recursos es aquel que tiene los incentivos para perseguir la eficiencia y asumir el riesgo y, además, que está en la mejor ubicación para identificar, juzgar y apreciar las circunstancias que rodean la asignación de los recursos y, por ende, tomar las mejores decisiones en relación con el uso de los mismos y el desarrollo de la producción.

 

En este sentido, el sector privado es el agente económico que tiene el incentivo de los beneficios para perseguir la eficiencia en la producción y, además, es el que está en contacto directo con las circunstancias de la producción y puede decidir al respecto en forma descentralizada. Es por estas razones que el sector privado es el que debe asumir la responsabilidad por las decisiones de asignación de recursos que definen la dinámica productiva y comercial en el proceso de desarrollo.

 

10. El aporte estratégico del desarrollo agrícola a la vida económica, social, política, cultural y ambiental del país, constituye la base para la formación de una visión nacional compartida sobre el medio rural.

 

Como se establece en el primer principio, el desarrollo de la agricultura está ligado a un proceso de creciente complejidad de sus vínculos con otras actividades, lo que resalta su potencial para inducir transformaciones sociales y progreso económico general. De otra parte, en otro principio, también se ha hecho referencia a la capacidad de desarrollo endógeno de la agricultura Colombiana para aportar a la transformación de la vida económica, social, política, cultural y ambiental en el país, y mejorar así la calidad de vida y el bienestar de toda la sociedad. Bajo las actuales circunstancias que vive Colombia, muchas de cuyas soluciones necesariamente pasan por procesos que involucran a la sociedad rural en todos sus ámbitos, el desarrollo de la agricultura y el medio rural adquieren la relevancia suficiente para que el país en su conjunto aprecie su valor estratégico para poder lograr una mayor estabilidad social y política, dinamizar la economía y acrecentar el bienestar de la población.

 

La valoración que la sociedad colombiana otorgue a la agricultura y el medio rural constituyen la base para que la búsqueda decidida de su desarrollo futuro adquiera el carácter de un proyecto nacional compartido, que haga posible la igualdad de oportunidades de la población rural y equipare sus condiciones de vida con las del resto de la sociedad.

 

11. Una visión nacional compartida de lo rural sólo es viable a partir de la  participación efectiva de la sociedad rural en las instancias de poder

 

Aunque en Colombia ha habido un amplio desarrollo de instituciones de representación política, económica y social de diferentes sectores que integran la sociedad rural, las mismas se caracterizan por representar más los intereses gremiales relacionados con la producción que los intereses de carácter público de la sociedad rural en su conjunto. Así, la interlocución del sector rural con las diferentes instancias de poder y decisión se limita en lo fundamental a los asuntos económicos que afectan en forma directa los intereses de los gremios organizados, y poca relevancia alcanzan los temas sociales que incumben a la mayoría de los habitantes del campo.

 

La construcción institucional que permita promover un proceso de desarrollo agrícola y del medio rural que equipare las capacidades y las oportunidades de la población rural con las del resto del país, implica desplegar un concepto de participación efectiva en las instancias de decisión que trascienda la representación específica de los intereses de sector rural, y que cobije los intereses sociales del conjunto de la población rural. Ello supone la realización de un gran esfuerzo participativo de parte de la sociedad rural para generar el tipo de organización con el poder suficiente para promover sus objetivos e intereses frente al resto de la sociedad social y capaz de garantizar la efectividad política de sus actividades.

 

VIII. Estrategias y Políticas

 

La estrategia que inspira el presente Proyecto de Ley consiste, por una parte, en dotar a los agentes económicos y sociales del medio rural, a través de la educación, el desarrollo tecnológico y la información, de las condiciones y capacidades individuales y colectivas necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sectorial, y por otra parte, crear las condiciones que faciliten el acceso de los productores y, en general, de la población rural a los factores de la producción (tierra, financiación y demás medios e insumos productivos). Esta estrategia supone, además, establecer las condiciones generales apropiadas en cuanto a contexto macroeconómico, desarrollo de la infraestructura física y, muy especialmente, de ambiente institucional para el eficiente funcionamiento de los mercados de bienes y de factores productivos.

 

A.            Condiciones Generales

 

La agricultura tiene una capacidad considerable para apoyar un desarrollo general del país más sólido, equilibrado y equitativo, la cual en buena parte ha sido desaprovechada por las características del modelo de desarrollo implementado en las décadas anteriores. El modelo de desarrollo que promueve este proyecto destaca la inconveniencia de un crecimiento basado en subsidios y protección y las ventajas de uno que esté sustentado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país.

 

De acuerdo con la experiencia propia del país y de la internacional, las posibilidades de lograr un desarrollo exitoso del sector agrícola están ligadas a la calidad de las condiciones generales para el desarrollo, las cuales están definidas por un apropiado ambiente macroeconómico (sobre todo en materia cambiaria), el desarrollo de la infraestructura de vías y comunicaciones y la existencia de un adecuado marco institucional compatible con el fomento de la competitividad, la sostenibilidad y la equidad.

 

1.   Las condiciones macroeconómicas

 

La política económica estará orientada a establecer las condiciones institucionales que permitan consolidar el modelo de inserción internacional y asegurar tanto la estabilidad económica como la consistencia en sus fundamentos y en sus instrumentos, con el fin de promover de manera simultánea la eficiencia en el uso de los recursos de la economía en su conjunto y la mayor equidad social.

 

Así, la responsabilidad principal del Estado, en cuanto al manejo macroeconómico, se orientará expresamente a crear un ambiente de neutralidad entre sectores; en cuanto a las políticas de crecimiento, a facilitar a los agentes el acceso a los factores, a promover el desarrollo organizacional y a estimular la cooperación; y, en cuanto al desarrollo social, a garantizar la igualdad en las capacidades y en las oportunidades de la población.

 

Para lograr lo anterior, y dadas las circunstancias que actualmente vive la economía colombiana, las prioridades de la política apuntarán a impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, en un marco de mayor justicia y equidad social, para lo cual es fundamental lograr el equilibrio fiscal, corrigiendo los problemas estructurales del gasto público; acometer las reformas básicas que den la flexibilidad necesaria a los mercados de trabajo y de capital; adelantar la reconstrucción de la infraestructura física y el desarrollo del capital humano, social y organizacional; minimizar la inestabilidad e incertidumbre en materia económica; y, atenuar los desequilibrios sociales y regionales.

 

2.   Las condiciones de infraestructura

 

Dada la importancia de la dotación y la calidad de la infraestructura física en la viabilidad de los procesos de estructuración de los conglomerados productivos especializados, el Estado debe asegurar la provisión de la infraestructura necesaria para integrar la agricultura y el sector rural a los mercado internos y externos y facilitar el acceso equitativo de los habitantes rurales a los servicios sociales básicos. En este proceso los entes regionales y territoriales tienen una responsabilidad fundamental.

 

De otra parte, es necesario diseñar e implementar nuevos y mejores mecanismos de intervención que promuevan la capitalización de las zonas rurales, mejorando los activos para la producción. Tales mecanismos deben estar enfocados hacia productos y procesos estratégicos y ser equitativos en cuanto a condiciones de acceso.

 

3.   El desarrollo Institucional

 

Los cambios institucionales que impulsará el gobierno nacional apuntarán a establecer las condiciones culturales y normativas que permitan facilitar el desarrollo endógeno del sector rural y garantizar el desempeño eficiente y equitativo de la agricultura, creando mercados más eficientes, más dinámicos y más completos, con una mayor movilidad de los factores, sobre todo de la tierra y del trabajo, y creando más y mejor capital social.

 

Las condiciones culturales serán promovidas por medio de procesos que fortalezcan y amplíen los radios de confianza y reciprocidad en la sociedad; que fomenten una cultura de respeto a los derechos y de responsabilidad ciudadana tanto en las actividades individuales como en las colectivas; que incorporen mejores y más efectivos mecanismos de control social y ciudadano y promuevan las actitudes y los valores que favorecen la cooperación social; y que, por tanto, reduzcan los costos de transacción en las actividades económicas, sociales y políticas que realizan los ciudadanos en el sector rural.

 

Por su parte, el gobierno nacional mediante desarrollos normativos trabajará tanto en la clarificación y normalización de los derechos económicos en general, y particularmente los de propiedad, como en la instauración de los mecanismos institucionales para asegurar la protección de todos los derechos a través de sistemas de incentivos y sanciones pertinentes y eficaces. De otra parte, impulsará la instauración de reglas de juego que promuevan la competencia creadora de valor y que desalienten las actitudes especulativas y rentísticas de los agentes.

 

Todo lo anterior implica un fuerte compromiso del gobierno para que exista una amplia representación de los intereses de la población rural en todas las instancias de poder político de la Nación. También para hacer que el Estado consolide y fortalezca el proceso de descentralización política y administrativa y que promueva e incentive la formación de redes y el desarrollo de las diferentes modalidades de organización económica, política y social en el sector, en especial la promoción de alianzas y la cooperación entre pequeños productores.

 

B.            Areas estratégicas

 

Dadas las condiciones generales para el desarrollo de la agricultura y el medio rural, las posibilidades de alcanzar niveles altos de crecimiento en condiciones de equidad social dependen de las capacidades de las personas, en cuanto agentes sociales, para definir y lograr sus objetivos de progreso y bienestar, mediante la correcta identificación, evaluación y aprovechamiento de sus respectivas opciones y oportunidades. Dichas capacidades están determinadas fundamentalmente por la educación y el conocimiento.

 

En consecuencia, para la concepción de esta iniciativa legislativa se han definido como estratégicas las áreas de educación, desarrollo tecnológico e información. Así, estas áreas estratégicas se orientan a fortalecer las capacidades de los individuos, mediante la educación, y a proveerlos, por medio de oferta tecnológica y de información, de las condiciones más adecuadas para que sus decisiones sean de la más alta calidad y óptimas para lograr sus aspiraciones de progreso y bienestar.

 

1.   Educación

 

1.La Estrategia

 

El logro de los objetivos de este Proyecto de Ley implica que la educación en el campo alcance un desarrollo generalizado, que transmita los valores humanos y sociales que produzcan habitantes rurales responsables y solidarios frente a la sociedad, y al campo le permita contar con un acervo creciente de capital humano, mejor educado y más capacitado, equiparando en oportunidades educativas a los habitantes del campo y de la ciudad. Lo anterior implica que el Estado, en todos sus niveles, asumirá el más alto compromiso con la educación rural, y fomentará mecanismos para que los ciudadanos ejerzan el control efectivo sobre el sistema educativo.

 

El Estado, a través de la estrategia educativa para el medio rural y la activa provisión pública de servicios de educación, asegurará la cobertura universal de la educación básica en el medio rural, de manera que ya no se produzcan nuevos analfabetas.

 

1.La Política

 

El Estado, en todos sus niveles, debe cumplir un papel activo para el desarrollo educativo del medio rural, proveyendo los recursos y medios necesarios tanto para garantizar la oferta, como para facilitar el acceso a la educación. A las entidades territoriales corresponde la responsabilidad fundamental por el desarrollo de los servicios de educación en sus ámbitos territoriales.

 

Para elevar la calidad de la educación, el Estado hará una inversión pública creciente para la formación de docentes y el mejoramiento de su calidad; ofrecerá incentivos a los mejores establecimientos (urbanos y rurales) para que asuman la gestión de programas educativos en las zonas rurales; realizará una creciente inversión en programas de tecnología educativa y apoyará las actividades de adaptación de esas tecnologías al medio rural; fomentará el aprendizaje de otros idiomas; implementará sistemas de evaluación periódica y de seguimiento al desempeño de los establecimientos educativos con divulgación pública de los resultados; y asignará recursos públicos por indicadores de calidad, eficacia y efectividad de los establecimientos educativos.

 

Como una forma de conseguir que la educación rural sea efectivamente un medio para promover la igualdad de oportunidades, el Estado cumplirá un papel muy activo en la provisión de la infraestructura y la tecnología de comunicaciones e informática en el medio rural, e incentivará la participación del sector privado en la oferta de servicios de educación básica primaria y secundaria en el medio rural, mediante incentivos fiscales.

 

Para elevar el nivel de capacitación en competencias laborales, el Estado promoverá fondos competitivos para el fomento de programas de educación rural no formal y de capacitación para el trabajo, y apoyará la implementación de tecnologías educativas no presenciales.

 

De otra parte, se fortalecerán los programas de fomento a la educación avanzada en el exterior y se diseñarán mecanismos para garantizar el retorno al país y al sector del capital humano de alta calificación.

 

Para promover e incentivar la demanda efectiva de servicios educativos por parte de la población rural, el gobierno nacional diseñará programas y acciones orientados a abaratar los costos de acceso por medio de tecnologías e instrumentos educativos que reconozcan las particularidades de la población rural y aumenten la eficiencia de la oferta, y ofreciendo subsidios a las familias e incentivos para compensar costos de oportunidad por la asistencia escolar de sus hijos.

 

Para promover y fomentar la formación en competencias técnicas y capacitación laboral pertinentes al desarrollo rural, el gobierno nacional y los gobiernos territoriales establecerán incentivos parafiscales que favorezcan el desarrollo de programas de capacitación técnica y formación para el trabajo en el medio rural, y para fomentar el compromiso empresarial con la capacitación técnica y laboral de la población rural.

 

También es necesario corregir la discriminación de calidad que sufre la educación en el medio rural, mediante adecuados mecanismos que premien la localización de los docentes más calificados, mediante compensaciones (pecuniarias y no pecuniarias) por desempeño en las zonas rurales.

 

 

 

2.   Ciencia y Tecnología

 

2.La Estrategia

 

En materia de ciencia y tecnología el país debe desarrollar una institucionalidad coherente, que le permita al sector agrícola contar con un sistema de ciencia y tecnología agroindustrial que se caracterice por su efectiva coordinación, dinamismo, flexibilidad y eficiencia; y que esté enfocado a la demanda. La sostenibilidad presupuestal de ese sistema debe estar basada en una activa provisión de recursos por parte del Estado, en un alto compromiso del sector privado con el desarrollo tecnológico y en su eficaz vinculación con la redes e instituciones internacionales de ciencia y tecnología agropecuaria. En consecuencia, el sistema debe contar con una alta y creciente capacidad científica y tecnológica que genere una acelerada dinámica innovativa y un creciente conocimiento de la biodiversidad y demás recursos naturales con que cuenta el país. En estas condiciones, el sistema nacional de ciencia y tecnología agroindustrial estará en capacidad de sustentar el aprovechamiento competitivo y sostenible del trópico y de su biodiversidad.

 

2.La Política

 

Para desarrollar la concepción estratégica antes enunciada, es prioritario acometer la estructuración efectiva del sistema de ciencia y tecnología agrícola y agroindustrial, incorporar al sistema un esquema de transferencia de tecnología que garantice el acceso a los pequeños productores a las innovaciones tecnológicas, y establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de impacto del sistema.

 

Asimismo, deberá mantenerse la inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico en un nivel equivalente a por lo menos el 4% del PIB agrícola, y revisar y ajustar los mecanismos parafiscales existentes.

 

La alta dinámica innovativa del sector supone, entre otras cosas, garantizar una creciente formación y promoción del capital humano para la investigación y el desarrollo tecnológico, con especial énfasis en áreas y productos estratégicos asociados a bienes y sistemas productivos tropicales; desarrollar la normatividad sobre derechos de propiedad intelectual de acuerdo a las tendencias y avances que en estas materias se dan en el mundo; diseñar y poner en marcha incentivos eficaces a la inversión privada en ciencia y tecnología; crear fondos de capital de riesgo para fomentar la innovación en procesos y productos; promover la descentralización regional del sistema de investigación y desarrollo, con énfasis en organizaciones especializadas en transferencia de tecnología y extensión rural; y fomentar la cooperación y las alianzas entre el sector público y privado y de estos con los sistemas internacionales.

 

3.   Información

 

3.La Estrategia

 

El país debe estructurar un arreglo institucional que, mediante una adecuada regulación de derechos de propiedad y la activa provisión de infraestructura de servicios públicos y de comunicaciones e información por parte del Estado, le permita al sector agrícola contar con un sistema estable, caracterizado por su capacidad para generar información especializada, dinámica, flexible, amplia, pertinente, oportuna y de acceso universal y capaz de aprovechar en forma eficaz las nuevas tecnologías de información. Lo anterior implica que el sistema debe tener solidez presupuestal y técnica, operar en forma técnicamente independiente, coordinada y articulada, y estar organizado a través de redes, con el fin de garantizar facilidades de acceso y sustentar la innovación permanente en la oferta y el uso de la información.

 

3.La Política

 

Para desarrollar la concepción estratégica antes enunciada, es indispensable comenzar por estructurar y poner en operación un Sistema Integrado de Información para el Sector Agroindustrial (SIISA) conformado por organizaciones especializadas en la producción, procesamiento y difusión de la información necesaria para que los agentes estén en capacidad de optimizar sus decisiones y el sector rural de transformar su dinámica económica y social.

 

De otra parte, se diseñarán e implementarán incentivos que estimulen tanto la vinculación del sector privado al sistema de información, como la estructuración y el desarrollo de redes; además, incentivos que promuevan la capacitación universal en el acceso y uso básico de la información y que la faciliten en procesos especializados.

 

Con el fin de que se ofrezcan las bases para ampliar y democratizar el sistema de acceso y uso de la información, el Estado deberá ser muy activo en la ampliación de la cobertura de servicios públicos y de comunicaciones.

 

No obstante la necesidad de que el Estado asuma un papel preponderante en el desarrollo, mantenimiento y consolidación del sistema de información (SIISA), es indispensable garantizar la independencia técnica del mismo. En aquellos casos en los que la información tenga un carácter oficial, la misma deberá estar sustentada en criterios técnicos.

 

Asimismo, el sistema debe proveer las condiciones que permitan revisar, desarrollar y refinar metodologías, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de impacto del sistema.

 

C.            Políticas complementarias

 

Dadas las actuales circunstancias que resaltan las falencias institucionales de los mercados de productos y factores y los inaceptables niveles de pobreza y vulnerabilidad que afectan a grandes sectores de la población rural, y con el fin de complementar la efectividad de las políticas estratégicas antes mencionadas, el Estado debe poner en marcha políticas que consideren los aspectos sociales relacionados con la imperiosa necesidad de reducir la pobreza rural, mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la población colombiana, así como las que tienen que ver con el desarrollo institucional para una mejor y más eficiente operación de los mercados financieros y de bienes en el sector rural.

 

1.   Erradicación de la pobreza

 

El logro de una significativa disminución de la pobreza rural es el resultado de una acción simultánea entre: por una parte, el efecto conjunto de las políticas que fortalecen las capacidades individuales y crean las condiciones y garantías para su pleno ejercicio por parte de la población rural, y la dinámica y las característica del crecimiento sectorial y, de otra parte, con especial énfasis hacia los grupos más vulnerables de la población rural, la implementación de políticas sociales cimentadas en una ética de solidaridad que impone al Estado la obligación de garantizarles las condiciones de acceso a “los mínimos dignos” de bienes primarios básicos relacionados con la nutrición, el saneamiento básico y la salud, y la creación de las condiciones para la provisión adecuada de servicios públicos y de seguridad social en el medio rural.

 

2.   Integración de la Economía Campesina

 

Todavía en el mediano plazo las economías campesinas representarán una parte importante de la estructura económica y social de la agricultura colombiana, aunque las políticas y estrategias específicas que el Estado deberá implementar deben jugar un papel importante en los procesos de modernización productiva e institucional de la agricultura, promoviendo su efectiva articulación a los conglomerados productivos a través de los cuales se integran a la vida y la economía nacional.

 

Para lograr lo anterior, el Estado mejorará las garantías de acceso a la tierra a los pequeños productores, mediante programas que combinen la entrega de tierras y el otorgamiento de subsidios para su adquisición, y promoverá la organización de alianzas y acuerdos productivos que incorporen a los pequeños productores. La implementación de los programas de tierras deberá recaer principalmente en las instancias territoriales, para lo cual estas fomentarán la creación de bancos y fondos municipales de tierras.

 

3.   Seguridad Alimentaria

 

El Estado adelantará políticas para asegurar el suministro de alimentos a aquellos grupos de la población que carecen del ingreso suficiente para garantizar sus requerimientos mínimos nutricionales y, en especial, a los grupos vulnerables como madres gestantes y niños en edad preescolar. Además, en el caso de familias y fincas ubicadas en condiciones que todavía les impiden vincularse en forma efectiva a los mercados, se adelantarán programas de parcelas de autoconsumo y fortalecimiento de las empresas familiares rurales de subsistencia.

 

4.   Financiamiento Rural

 

La política de financiamiento rural debe dirigirse a desarrollar un sistema de financiamiento capaz de entregar una oferta permanente y actualizada de productos financieros que respondan a las necesidades propias de los negocios rurales, de solucionar los problemas de acceso a los diferentes grupos de productores, especialmente de los pequeños, así como de proveer los recursos para financiar la inversión de largo plazo y promoverla mediante la disponibilidad de esquemas de participación social en el riesgo. En consecuencia, dicho sistema deberá tener una estructura muy flexible y contar con una banca rural de inversión y financiamiento, con esquemas de microfinanciamiento y de ahorro y crédito comunitario, con fondos de inversión y de capital de riesgo y con mecanismos de acceso a las diferentes opciones que ofrecen los mercados de capitales. (NADA DE TASAS DE INTERÉS NI NADA ESPECÍFICO)

 

5.   Mercados y Comercio

 

Es claro que en Colombia tiende a prevalecer un ambiente favorable a la libertad de comercio, sin embargo, en la agricultura, por sus especiales condiciones e implicaciones de diverso orden, aún subsistirá un manejo especial y diferenciado para el comercio de sus bienes. En tal sentido, la agenda del gobierno en materia de comercio agrícola buscará la integración con los mercados de América del Norte y con la zona de Libre Comercio de las Américas; simetría en los niveles de protección comercial a los bienes agrícolas mediante la progresiva disminución del trato discriminatorio; el desarrollo de nuevas instituciones y normas que eleven la capacidad técnica del país tanto para afrontar las implicaciones del libre comercio en aspectos sanitarios y de prácticas comerciales restrictivas, como para fortalecer la capacidad negociadora en las diversas instancias; la promoción de nuestros productos en los mercados internacionales; el desarrollo de sistemas de inteligencia de mercados; y el desarrollo de mecanismos para prevenir y contrarrestar los efectos de la volatilidad propia de los mercados agrícolas.

 

6.   Cultivos Ilícitos

 

El desarrollo del medio rural debe crear las condiciones de progreso económico y de bienestar social que eleven el costo de oportunidad para los cultivos ilícitos, lo cual junto a una acción legítima del Estado basada en la aplicación eficaz de la ley y en acciones de interdicción y prevención llevarán a la erradicación progresiva de los cultivos ilícitos.

 

 

IX.        Justificación de la Necesidad de una Ley General Rural

 

En el país se ha legislado por décadas abundante y dispersamente para el sector agropecuario y el desarrollo rural, unas veces mediante disposiciones de carácter puramente normativo y otras al regular las competencias y funciones de las organizaciones públicas y privadas que conforman su institucionalidad. 

 

Como consecuencia de ello, los planteamientos de la legislación agraria no han sido siempre uniformes y sistemáticos, razón por la cual, a partir de unos principios fundamentales que orienten y den estabilidad a las políticas generales de mediano y largo plazo, resulta conveniente contar con un instrumento legal que supere esas contradicciones y fragmentaciones para reunir, en un solo cuerpo normativo, la estrategia de desarrollo agropecuario y rural frente a las nuevas realidades y perspectivas de la economía nacional y de la globalización.

 

Tal vez el mayor esfuerzo que se ha hecho a este respecto es la ley 101 de 1993, llamada ley general de desarrollo agropecuario y pesquero, que desarrolla parcialmente los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991. Esta ley, aun cuando se ocupa de temas que seguramente serán considerados de nuevo en el estatuto que se propone, es principalmente un instrumento de estímulos que no todas las veces logra los propósitos que se vislumbran para la que se pretende elaborar, pues la ley 101 se formuló para el sector agropecuario de ese momento, que, como se ha visto atrás, se encuentra en un proceso de evolución especialmente por el nuevo contexto de apertura y globalización internacional dentro del cual debe desarrollarse.

 

Entre estos capítulos sobre los cuales habrá que volver cabe mencionar los titulados:  Internacionalización y protección del sector agropecuario y pesquero; Prioridad para las actividades rurales; Incentivo a la capitalización rural; Contribuciones parafiscales; Apoyo a la comercialización; Tecnología, asistencia técnica y sanidad agropecuaria; Seguro agropecuario; Inversión social en el sector rural y Subsidio familiar campesino.

 

También es importante poner de presente la existencia de la ley 16 de 1990, por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se crea el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO y se dictan otras disposiciones.  Este Fondo es actualmente el instrumento mediante el cual se proporcionan recursos de crédito al sector, sin perjuicio de otras disposiciones como la ley 34 de 1993 encaminada a la refinanciación de las deudas de los productores agrícolas con establecimientos de crédito oficiales.

 

De análoga manera es pertinente mencionar también la ley 41 de 1994, por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones, que regulan la construcción de obras de adecuación de tierras y las actividades del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, FONAT.

 

Así mismo, es importante tener en cuenta la ley 160 de 1994, por la cual se crea el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino; se establece un subsidio para la adquisición de tierras; se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.  Esta ley tiene la virtud de derogar casi toda la dispersa legislación sobre reforma agraria que existía en el país desde 1936 para reunirla en un solo instrumento.

 

Aun cuando presenta cierta fuerza la tendencia a sustraer del sector agropecuario y del desarrollo rural la administración de los recursos naturales renovables, las estrechas relaciones existentes entre ellos no pueden desvincularse de la ley general, que se pretende presentar a la consideración del Congreso de la República.  Esta integración debe buscarse sin perjuicio del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables expedido en 1974 y de la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  La anterior integración no descarta la posibilidad de que haya que introducir algunas modificaciones en el articulado de estos dos instrumentos.

 

Finalmente, existe también la ley 13 de 1990, por la cual se dicta el estatuto general de pesca, actividad que se ha entendido comprendida dentro del sector agropecuario y cuyo instituto para su promoción y regulación está actualmente adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (el INPA).

 

Este conjunto normativo, lo mismo que la estructura institucional del sector, están concebidos para una producción agropecuaria y un sector rural que son los del inicio de la década pasada, motivo por el cual no se ajustan adecuadamente a las nuevas realidades, así la modernización se encuentre en sus etapas iniciales, ni en especial corresponde a las tendencias del sector rural dentro del mencionado proceso de apertura y globalización.

 

El proceso de internacionalización es aún incipiente en nuestro medio. Aunque se ha dado paso para el establecimiento de mayores condiciones para la apertura, con el desmonte de instrumentos comerciales de intervención en los mercados, el sector aún está protegido y los ajustes institucionales han sido erráticos e incompletos.7

 

Desde la perspectiva del movimiento del comercio, es factible reconocer que la última década muestra un importante incremento de la actividad externa de la economía agropecuaria, en particular de las importaciones, producto de un fuerte incremento del consumo de cereales que responde a un aumento de la demanda del sector pecuario, lo cual no significa que no haya  habido sustitución de la producción nacional inducida por la crisis y la ventaja que reportó durante un lapso prolongado la tasa de cambio. Las exportaciones muestran una débil tendencia a la diversificación y apenas en los dos últimos años crecen en medida aceptable.

 

Ya que se mencionan estos aspectos, viene al caso señalar que la reestructuración de las políticas públicas ha implicado cambios sustanciales en las instituciones de apoyo al sector agropecuario.  Aunque el proceso se encuentra todavía en marcha, la característica dominante en sus comienzos fue el desmantelamiento o la reducción en el alcance de los bancos de fomento o las líneas de crédito específicas para el sector; la eliminación o la fuerte redefinición de la presencia pública en la comercialización de los productos agropecuarios; la drástica reducción o eliminación de la asistencia técnica privada obligatoria, apoyada en subsidio a la demanda o, más comúnmente, a la oferta de asistencia técnica a ciertos sectores identificados previamente sobre la base de criterios de focalización; la orientación hacia la demanda y la cofinanciación de la investigación, tanto en los institutos de investigación, como en las universidades; la introducción del mecanismo de reforma agraria que opera por intermedio del mercado de tierras y de subsidios a la demanda o al crédito para la compra; y una mayor descentralización de las políticas de apoyo, orientada a responder a proyectos locales de infraestructura y a prestar servicios a pequeños productores con la participación activa de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de productores.

 

La fuerte inestabilidad institucional derivada de estos cambios ha sido muy perjudicial para el sector.  La transición ha generado, además, vacíos, ya que el sector privado no ha llenado los espacios que ha dejado el sector público.  Estos vacíos han tenido efectos adversos, en especial para los pequeños y medianos productores, cuyo acceso al crédito, a los servicios de extensión agrícola y a los canales de comercialización apropiados se ha visto afectado.

 

Para hacer frente a los desafíos del desarrollo, el sector presenta notables deficiencias en factores fundamentales, siendo pertinente mencionar: alto grado de analfabetismo y baja escolaridad de los habitantes del campo; mediana, estancada y bajísima capacidad científica y tecnológica; y escasa y limitada oferta de información.  Lo anterior está enmarcado en una institucionalidad incoherente que genera un ambiente de incertidumbre de derechos e inestabilidad en reglas de juego; inhibe el desarrollo de los mercados de bienes y de factores, los que se caracterizan por un desarrollo incompleto y con mínima integración; conduce a un aprovechamniento ineficiente e insostenible de la base de recursos naturales con que cuenta el país; y fomenta la degradación del capital social y organizacional.9

 

A propósito de la centralización, en lo que toca con la forma como se aprecia este asunto en el ámbito rural, hay que decir que “en Colombia la política agropecuaria es una política del nivel central y también una política sectorial.  Como es obvio, es uno de los sectores en los cuales se tropieza con grandes dificultades para entender las competencias de lo local, regional y nacional.  El excesivo centralismo es, a todas luces, un rezago institucional en el proceso de descentralización de la política agropecuaria y, obviamente, es una de las limitaciones para su desarrollo”6

 

Las regiones y las entidades territoriales tienen hoy una mayor conciencia sobre sus responsabilidades y retos hacia el futuro, así como sobre la importancia de la participación ciudadana en las instancias de toma de decisiones públicas.  Sin embargo, este proceso de descentralización no ha culminado, pues su énfasis se ha limitado a los aspectos administrativos.  El Estado centralista sigue prevaleciendo en la gestión de lo público, al tiempo que entre los ciudadanos la cultura de la descentralización todavía es precaria.

 

De otra parte cabe destacar que la nueva legislación debe hacer énfasis en el papel de los mercados nacionales y extranjeros, y sin descuidar los primeros orientar el sector a la producción de una agricultura tropical de exportación, lo cual no significa -se repite- menospreciar los mercados internos, en especial dada la diversidad de pisos térmicos del país que le permite competir con la importación de bienes no tropicales (¿???????????????). Dentro del  proceso de modernización del sector no se ha considerado consistente y seriamente la vinculación entre la agricultura y la industria en los procesos agroindustriales propios de las modernas cadenas productivas, que los hacen más económicos, eficientes y, por tanto, rentables para los agricultores, los industriales y exportadores, en este último caso cuando se trata de bienes destinados a los mercados internacionales.

 

También es importante señalar que aun cuando la legislación vigente contiene algunas previsiones respecto de la investigación, extensión y desarrollo tecnológico son muy escuetas y de contenido teórico de enunciación de buenos propósitos, que deben ser materializadas en instrumentos realmente operativos y eficaces por parte de la ley general.  Lo mismo cabe decir respecto de la educación, tanto de la tradicional como de la que constituye propiamente una capacitación para las actividades agropecuarias y rurales.

 

En la legislación vigente se echan de menos normas que organicen un sistema de información al cual puedan tener acceso fácil y oportuno los distintos agentes del sector para la toma acertada de sus decisiones, en especial respecto de las tendencias de los mercados.  Esto supone la elaboración periódica de unos censos agropecuarios que permitan adoptar políticas adecuadas, proporcionar señales correctas y llevar a cabo las intervenciones que sean pertinentes.

 

La redefinición y el planteamiento de nuevos objetivos para la política sectorial hacen necesario que la ley también contenga unas normas para la transición a una agricultura más moderna y de mercados, así como para la agroindustria integral y tropical a que se ha hecho referencia.

 

Igualmente, es importante que el instrumento que se elabore desarrolle el tema de la descentralización para el sector, pues dada la opción descentralizadora que el país adoptó se hace necesario desarrollar una institucionalidad territorial concordante con ese esquema, como también perfeccionar los mecanismos de financiación agrícola y rural. Así mismo, sin desmedro de un ordenado manejo de las finanzas estatales, se deben imaginar unos criterios y mecanismos sanos para propiciar la asignación de recursos públicos y privados al desarrollo del campo.

 

Como la política macroeconómica es de suyo fluctuante y con frecuencia de alta volatilidad, no se la fija en instrumentos legales que contengan señales claras y estén llamados a tener estabilidad a mediano y largo plazo, como se requiere para la equidad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario y el desarrollo rural. De ahí, pues, que se haga necesario contar con una ley que establezca de manera clara e integral los derroteros, instrumentos e instituciones de la política sectorial, sin menoscabo de la flexibilidad que las circunstancias dispongan y de la congruencia con la política macroeconómica.

 

De todo lo que se ha expuesto se desprende la necesidad de una ley general para el sector agropecuario y rural, cuyos movimientos no pueden de modo errático depender única y exclusivamente de la política macroeconómica y sus grandes agregados, si bien es perfectamente claro que debe evolucionar hacia unos mercados más abiertos.  Esta ley, cuando no lo haga ella misma, debe permitir formular el esquema organizacional o institucional para la gestión de las políticas y estrategias sectoriales que se dispongan en su articulado.

 

En síntesis y finalmente, lo que justifica la expedición de una ley general para la agricultura y el desarrollo rural no es un prurito de simple innovación, sino la urgencia de superar el desajuste actual entre la legislación y las nuevas tendencias nacionales e internacionales, eliminar o, cuando menos, disminuir la dispersión legislativa existente y dotar al Estado y al sector de unas instituciones públicas y privadas acordes con los procesos de modernización, apertura y globalización propios de las economías contemporáneas e idóneos para la evolución futura de esos mismos procesos.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anexos

 


 

X.            Anexo 1: Ayuda memoria de la consulta a expertos en Educación

CONSIDERACIONES BASICAS

1.       La educación básica es la prioridad del sistema educativo. En este nivel se determinan las capacidades básicas de las personas para el aprendizaje. Además, la escuela básica constituye un mecanismo que promueve valores y comportamientos favorables a la cooperación, la solidaridad y la democracia en las comunidades.

 

1.       El desarrollo educativo supera la capacidad del Estado, aunque implica su compromiso fundamental, y demanda de una alianza estratégica entre Estado y organizaciones de la sociedad civil.

 

1.       Los resultados en calidad y cobertura no pueden quedar en manos exclusivas del sector educativo. Implica la coordinación con los demás sectores del Estado (salud, infraestructura, comunicaciones, medio ambiente, agricultura, entre otros) y de la sociedad (gremios, ONG, organizaciones comunitarias, etc).

 

1.       El desarrollo y la efectividad de la política educativa en el sector rural requiere del compromiso de diversos actores y sectores de la sociedad, así como de mecanismos de gestión local para que los municipios, las comunidades, los gremios de la producción y otros sectores como salud, medio ambiente, comunicaciones, cultura y agricultura, cualifiquen y se apropien de las innovaciones en tecnologías educativas.

 

1.       La educación básica debe ser única y universal en su concepción pero flexible en la forma de operar, lo que supone el desarrollo de estrategias y tecnologías de oferta educativa que se adapten a las circunstancias y particularidades locales y de las comunidades rurales.

 

1.       El objetivo principal de la política educativa en el sector rural es lograr la cobertura universal de la educación básica un plazo no mayor a 10 años y mejorar la calidad de la educación, en el sentido de promover las capacidades de aprendizaje.

 

DIAGNOSTICO

 

1.       El país logró, hasta los primeros años de la década de los noventa, avances significativos en cobertura de la educación básica primaria, especialmente en las zonas urbanas y en algunas zonas rurales. Sin embargo, los problemas persisten en calidad, la cual incluso ha sufrido un relativo deterioro en el nivel de primaria del sector público.

 

1.       Los avances en cobertura y calidad en el sector rural se deben principalmente a innovaciones tecnológicas en la oferta, en las cuales Colombia ha tenido una posición innovadora muy reconocida a nivel internacional, como es el caso de Escuela Nueva.

 

1.       Los déficits más notorios están en el nivel de educación básica secundaria (quinto a noveno grado). En este nivel es necesario producir innovaciones en tecnología y gestión educativa que reduzca los costos, tanto de la oferta como de acceso (quizás, mediante el desarrollo y el mejoramiento de los sistemas desescolarizados, la educación a distancia, etc).

 

1.       Se considera que el déficit de oferta de cupos escolares en el sector rural alcanza cerca de 3.5 millones de cupos.

 

1.       En formación de competencias laborales y capacitación para el trabajo las deficiencias son más agudas en el sector rural. Es necesario estrechar los vínculos de comunicación y promover la cooperación entre el sector educativo, el sector productivo, las empresas y las demás instancias del Estado. Esto implica desarrollar incentivos adecuados.

 

1.       Existe una Ley General de Educación, lo que implica pensar muy bien cuál es el campo de acción que le debe corresponder a la Ley General Rural en el tema educativo, para no entrar en conflicto de competencias y confundir la política. Esta última Ley debe ocuparse del desarrollo de instrumentos y mecanismos que complementen la política educativa y la hagan más efectiva en el medio rural.

 

1.       La tecnología de Escuela Nueva constituye un tipo de solución adecuada al medio rural. Reduce los costos de oferta, pues minimiza requerimientos de maestros e infraestructura, por atención multigrados, al tiempo que mejora la calidad por los métodos y medios interactivos de enseñanza y aprendizaje. Los problemas han estado en la implementación, sobre todo en la fase de “ir a escala” cuando se quiso universalizar el enfoque a todas las escuelas rurales.

 

1.       Los esfuerzos más significativos para impulsar el desarrollo educativo en el medio rural se han centrado en la oferta, particularmente en el desarrollo y la innovación en estrategias y tecnologías educativas (ejemplo, Escuela Nueva). Estos avances han permitido mejorar cobertura y hasta lograron mejorar la calidad, pero sus alcances han sido limitados por problemas de recursos y de orden institucional (los incentivos y los mecanismos de asignación de plazas favorecen la localización de los maestros más calificados en los centros urbanos, no en las zonas rurales).

 

1.       Los costos de acceso a la educación discriminan contra la población rural. El hecho es que los costos explícitos y los de oportunidad que enfrentan las familias y los niños y niñas rurales pobres por asistir a la escuela son mucho mayores a los que enfrentan las familias y los niños y niñas pobres que residen en los centros urbanos. En las zonas rurales los menores de edad cumplen funciones productivas indispensables para la supervivencia del grupo familiar, las cuales no son tan esenciales en los centros urbanos.

 

1.       Con el fin de eliminar la discriminación educativa por costos de acceso, es necesario complementar los avances en las estrategias y tecnologías de oferta con estrategias y tecnologías que reduzcan el costo privado de acceso a la educación básica primaria para la población pobre del medio rural. Esto es, fortalecer la demanda efectiva de servicios educativos básicos por parte de la población rural.

 

ENFOQUE DE LA LEY

 

1.       El Estado debe garantizar cobertura universal de la educación básica en el medio rural en un plazo de 10 años. Además, mejorar la calidad y la pertinencia del currículo educativo, como principal factor para nivelar oportunidades y calidad de vida con otros sectores de la población.

 

1.       La formulación de las políticas educativas debe ser una responsabilidad del orden nacional; la coordinación debe ser responsabilidad del orden regional, y la ejecución de los programas y proyectos debe estar descentralizada.

 

1.       Se reconoce que es muy importante y pertinente que una Ley General Rural desarrolle un articulado en materia de educación básica, así como en formación de competencias técnicas y capacitación para el trabajo. Dicho articulado debe tener un carácter complementario con las disposiciones y la legislación específica del sector educativo, con el fin de garantizar la efectividad de la política en el sector rural.

 

1.       En este sentido, el proyecto de Ley debe enfocarse en los siguientes temas:

 

a)      Promoción e incentivo a la demanda efectiva de servicios educativos por parte de la población rural;

 

i.                     Abaratando costos de acceso por medio de tecnologías e instrumentos educativos que reconozcan las particularidades de la población rural, y aumenten la eficiencia de la oferta;

 

i.                     Ofreciendo subsidios a las familias e incentivos para compensar costos de oportunidad por la asistencia escolar; y

 

i.                     Incentivando la participación del sector privado en la oferta de servicios de educación básica, media y técnica (formal e informal) en el medio rural, mediante deducciones de impuestos y contratos de desarrollo territorial.

 

a)      Promoción y fomento de formación en competencias técnicas y capacitación laboral pertinentes al desarrollo rural, mediante:

 

i.                     Incentivos a la acción colectiva y la parafiscalidad para desarrollo educativo en el medio rural;

 

i.                     La descentralización del control y la gestión del SENA;

 

a)      Incentivos para fomentar el compromiso empresarial con la capacitación técnica y laboral; y

 

a)      Ajustes institucionales orientados a mejorar la interacción de la universidad con la realidad productiva y económica de la producción agrícola y el medio rural.

 

a)      A través de métodos que combinen transferencia de tecnología con educación pos - escolar

 

a)      Ajuste de los incentivos de localización de los docentes calificados, mediante compensaciones (pecuniarias y no pecuniarias) por desempeño en las zonas rurales.
 

XI.        Anexo 2: Ayuda Memoria del Taller y la Consulta sobre Ciencia y Tecnología Agropecuaria

 

diagnostico

 

1.       En el sector agropecuario hay una importante tradición en investigación y desarrollo tecnológico gracias a la existencia de numerosos centros públicos y privados que realizan actividades de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria.

 

1.       Sin embargo, esa infraestructura no opera como un “sistema”, por falta de coordinación entre sus niveles funcionales y sus componentes operativos.

 

1.       Uno de los desarrollos más importantes está representado en los llamados CENIS, que son centros de investigación tecnológica sostenidos por fondos gremiales (parafiscales o voluntarios).

 

1.       También se destaca la participación de Colombia en el Sistema Internacional de Centros de Investigación Agrícola (CGIAR), y la presencia muy significativa del CIAT. Colombia es miembro aportante en este sistema internacional y ha ganado una importante posición de liderazgo a favor de una mayor apropiación del sistema por parte de los países en vía de desarrollo.

 

1.       En cuanto a la financiación, se destaca la existencia de diversas y múltiples fuentes de financiación, pero que también actúan en forma descoordinada, lo cual agrega desorganización y afecta el uso eficiente de los recursos disponibles. Uno de los casos más significativos es el SENA, cuyos recursos son cuantiosos pero sobre los cuales la política sectorial de ciencia y tecnología no tiene posibilidad o capacidad de orientar ni controlar.

 

1.       En transferencia de tecnología también se registra multiplicidad de fuentes de financiamiento y de operadores (públicos, privados y ONG). Lo anterior se traduce en una falta de control social sobre los recursos asignados a ciencia y tecnología agropecuaria: no se sabe si los “clientes” están satisfechos y mucho menos si los recursos están siendo manejados en forma eficiente. Esta situación amenaza la legitimidad y el respaldo social a una adecuada asignación de recursos al sistema, que se ha venido reflejando en una progresiva disminución de las asignaciones presupuestales de la Nación.

 

1.       Colombia ha desarrollado un marco legal que ha estimulado el desarrollo del sistema involucrando al sector privado en la gestión del sistema público de ciencia y tecnología agropecuaria. Se destacan el surgimiento de Corporaciones Mixtas (Corpoica, CCI, otras) y la amplia utilización de la figura de Convenios Especiales de Cooperación entre estas entidades y el Estado para ejecutar actividades de ciencia y tecnología agropecuaria.

 

1.       No obstante, hay problemas que surgen por desconocimiento o diferencias de interpretación de normas en cuanto a alcances, características legales y prerrogativas de los convenios de cooperación con las corporaciones mixtas. Las interpretaciones acogidas por la Contraloría han conducido a una pérdida de flexibilidad operativa y financiera, al tiempo que se ha debilitado el compromiso público con el financiamiento de las actividades que estas realizan.

 

1.       Es necesario aclarar las disposiciones legales que rigen las relaciones entre el Estado y las CM y delimitar el carácter y los alcances de la intervención de los organismos de control en la mismas.

 

1.       Frente a la necesidad de mejorar la coordinación del sector público para el desarrollo tecnológico agropecuario ¿es necesario eliminar de la misión del ICA la función de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria.? Precisar su misión y función en sanidad agropecuaria.

 

1.       A pesar de al menos dos sentencias de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de los aportes del Estado al patrimonio de las Corporaciones Mixtas de Ciencia y Tecnología, persiste ambigüedad y criterios divergentes entre diversas instancias del Estado acerca del carácter y la naturaleza jurídica de dichos aportes. Esto se traduce en la forma como los organismos de control intervienen en las Corporaciones Mixtas, y genera rigideces al sistema de contratación entre el Estado y las Corporaciones Mixtas.

 

1.       En cuanto a la identificación de los determinantes fundamentales de la capacidad y efectividad del sistema nacional de ciencia y tecnología agropecuaria, se destacan los siguientes elementos:

a)      El enfoque del SNCTA debe dar alta prioridad al desarrollo de la agricultura tropical y a la caracterización y evaluación de la biodiversidad con una perspectiva de demanda.

b)      Es esencial contar con una política clara de desarrollo del capital humano de alta calificación y competencia científica.

c)      Es necesario acometer inversiones de actualización de los medios y la infraestructura para la investigación científica y tecnológica.

d)      El sistema nacional debe desarrollar la efectividad de sus vínculos y su articulación con el sistema internacional de investigación agropecuaria.

e)      Es preciso definir una estrategia de financiamiento del SNCTA que minimice su inestabilidad e incertidumbre. Esto es necesario para que el sistema no discrimine contra el desarrollo estratégico y las actividades que revelan su rendimiento a largo plazo.

f)       El arreglo institucional del sistema debe incentivar la cooperación y la coordinación entre los componentes del sistema.

 

1.       En buena parte, los problemas de financiamiento que afectan a las organizaciones y centros de investigación y desarrollo tecnológico, especialmente a las Corporaciones Mixtas, se originan en sus limitaciones para financiar sus costos de funcionamiento básico. Las reglas de contratación de las fuentes estatales que financian investigación científica y tecnológica no consideran financiables los costos fijos (investigadores de planta, personal administrativo y mantenimiento de la infraestructura) de los centros, sino sólo los costos incrementales de los proyectos. Con excepción de Corpoica y los centros de investigación de gremios que disponen de fondos parafiscales, el SNCTA no tiene acceso a fondos para financiar una estructura básica, por lo que se ven forzados a desarrollar sus actividades en forma discontinua y dispersa, minimizando sus costos y planta fijos. Aún Corpoica tiene pocas posibilidades de programación estratégica debido a la incertidumbre para lograr el financiamiento de sus costos fijos. Así, las actividades de corto plazo tienden a imponerse sobre las de largo plazo.

 

1.       Lo anterior impide a los centros de investigación el desarrollo de líneas y programas de investigación de alcance estratégico y la consolidación de masas críticas de investigadores con capacidad para crear conocimientos y tecnologías que puedan aprovechar las oportunidades y fortalezas que tiene el país, resolver los problemas y transformar la realidad. Frente a esta problemática conviene examinar la conveniencia de que la contratación pública en materia de ciencia y tecnología agropecuaria privilegie el desarrollo de programas y proyectos de mediano plazo con base en compromisos plurianuales. Los contratos de investigación y desarrollo tecnológico deberían definir compromisos programáticos de mediano y largo plazo por parte de los centros y garantías de financiamiento también a mediano y largo plazo por parte del Estado.

 

1.       Dado que el producto de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario tienen un alto contenido de bienes públicos, en el Estado recae una responsabilidad esencial para asegurar la suficiente asignación de recursos hacia dichas actividades. Sin embargo, como no todos los bienes producidos por la investigación tecnológica son bienes públicos, es necesario definir criterios para distinguir y delimitar las responsabilidades públicas, corporativas y privadas frente al desarrollo tecnológico. Los fondos parafiscales representan un buen instrumento para comprometer al sector privado con el desarrollo y la innovación tecnológica, pero deben incluir a todos los agentes de las cadenas productivas y, quizás, definir la asignación de un porcentaje mínimo de sus recursos para actividades de innovación y desarrollo tecnológico de la cadena.

 

1.       Los recursos del Estado deben dirigirse principalmente al desarrollo de los componentes tecnológicos que son bienes públicos (investigación básica y aplicada no apropiable) así como de aquellos en los que hay fallas de mercado (p.e., economías campesinas) o generan grandes externalidades (p.e., tecnologías ambientales). La reglamentación de uso de los recursos parafiscales debe ser una prioridad para garantizar recursos hacia la investigación aplicada de interés de las cadenas específicas. La inversión privada en innovación y desarrollo tecnológico puede ser estimulada mediante incentivos fiscales y esquemas contingentes de financiamiento y crédito (fondos de capital de riesgo, por ejemplo).

 

1.       En materia de transferencia de tecnología y extensión agrícola es necesario revisar las condiciones bajo las cuales funciona el sistema de Umatas. En particular, habría que diseñar mecanismos que desplacen el control desde la esfera política hacia la esfera de los usuarios, pero cuidando que el nuevo arreglo de incentivos no genere una mayor pérdida de interés de las entidades territoriales en el cumplimiento de las responsabilidades y funciones de asistencia técnica a pequeños productores campesinos.

 

1.       En relación con el patrimonio público representado en tierras e infraestructura que posee el Estado en cabeza del ICA, ¿conviene definir su destinación a un fondo dotal para financiar la investigación agropecuaria? La actual situación genera una inflexibilidad que aumenta la ineficiencia de uso de los recursos: hay exceso de recursos representados en una clase de activos (tierra) que ya no son necesarios, y escasez de otros indispensables (recursos humanos de alta cualificación, laboratorios, equipos, etc). El fondo dotal podría especializarse en financiar exclusivamente activos fijos y capital humano para la investigación tecnológica con base en un presupuesto de ingresos por rendimientos financieros.

 

CONCLUSIONES y recomendaciones

 

1.       Los objetivos de la política nacional de ciencia y tecnología agropecuaria son:

a)      Elevar la competitividad de la agricultura colombiana;

b)      Facilitar el acceso de los productores a los avances científicos y tecnológicos;

c)      Modernización del aparato productivo;

d)      Procurar la mayor equidad social;

e)      Procurar la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente;

f)       Propiciar el control social mediante la participación de los agricultores en las decisiones de asignación de los recursos; y

g)      Ordenar el sistema nacional de CyT

 

1.       La política nacional para el desarrollo científico y tecnológico agropecuario se debe componer de tres estrategias:

a)      Fomento de la inversión privada en el desarrollo tecnológico agropecuario;

b)      Promoción de la cooperación y la coordinación entre el sector privado y el Estado en el financiamiento y la gestión del desarrollo científico y tecnológico agropecuario; y

c)      Consolidación del compromiso del Estado con la dirección y el financiamiento de la oferta de bienes públicos científicos y tecnológicos y de tecnologías aplicadas de interés social.

 

1.       El sistema de Corporaciones Mixtas, las universidades, el Sena y la promoción de Centros de Investigación Tecnológica por cadena productiva deben constituirse en la estructura operativa básica de la política nacional de investigación y desarrollo científico y tecnológico agropecuario. El proyecto de Ley, en su articulado, debe confirmar y reforzar esa concepción de la política.

 

1.       Es necesario crear un Fondo Nacional de Investigación para la Agricultura adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como una cuenta, cuyas fuentes de recursos son presupuesto nacional, venta de activos, rendimientos, Sena, etc.

 

1.       La estructura de financiamiento del SNCTA podría tener tres fuentes:

 

a)      Créditos contingentes (joint ventures) al sector privado para fomentar la inversión privada en investigación e innovación en tecnologías apropiables;

b)      Fondos parafiscales, como fuente para financiar la investigación tecnológica de interés de la respectiva cadena productiva y cubrir los costos básicos del funcionamiento de sus correspondientes Centros de Investigación;

c)      Los aportes del presupuesto nacional; y

d)      El producto de venta o explotación de los activos destinados a investigación y transferencia de tecnología agropecuaria que posee el Instituto Colombiano Agropecuario y los activos de las entidades del sector agropecuario que se encuentre en liquidación.

e)      Un porcentaje de los recursos del presupuesto anual del SENA.

 

1.       El financiamiento de las CM debe contar con un esquema que permita mantener una estructura básica de las CM estable y operativa a mediano plazo. Dicho esquema podría contar con los siguientes mecanismos para garantizar la financiación:

 

a)      Constitución de un Fondo Nacional de Investigación Agropecuaria con dos cuentas: una para financiar, mediante aportes, el funcionamiento básico de las corporaciones mixtas y otra para financiamiento competitivo.

b)      El fondo se nutre de presupuesto nacional, la realización de activos actuales y la participación en los derechos de propiedad sobre la generación de tecnología y la venta de productos tecnológicos generados con la financiación total o parcial del Fondo. La generación de productos tecnológicos en uso debe ser uno de los criterios para la asignación de recursos para financiar funcionamiento básico de las CM.

c)      El Fondo se podría administrar mediante una fiducia mercantil y con la dirección de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, con capacidad técnica (secretaría técnica) para asignación, seguimiento y evaluación de impacto.

 

1.       El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria deberá ser el órgano rector de la política nacional de ciencia y tecnología agropecuaria y desarrollar sus políticas con base en programas estratégicos y de mediano plazo (quinquenales) con metas y objetivos claros. El Ministerio de Agricultura ejercerá la presidencia del Consejo.

 

1.       El Consejo, en virtud de su función como asignador de los recursos de la Nación a la investigación científica y tecnológica agropecuaria, tendrá la capacidad para promover la orientación de la agenda de las CM en función de los objetivos de la política nacional de ciencia y tecnología.

 

1.       La Ley debe afianzar la institucionalidad: crear los mecanismos que promuevan la coordinación entre los integrantes del sistema de ciencia y tecnología agropecuaria. El Consejo Nacional debe ser parte del Sistema de Colciancias, pero la cuenta la debe manejar el Ministerio.
Anexo 3: Ayuda memoria del Taller y Consulta sobre Recursos Naturales y Biodiversidad

 

Aspectos generales

 

1.       Los elementos básicos relacionados con recursos naturales y medio ambiente se encuentran compendiados en la Ley 99, o Código de los Recursos Naturales.

 

1.       Se encuentra haciendo trámite en el Congreso una Ley de Ordenamiento Territorial.

 

1.       Hay problemas que se manifiestan en conflictos de responsabilidad y competencia sobre los recursos naturales que se derivan de los planes de ordenamiento territorial de los municipios frente a las políticas y organismos responsables de los asuntos ambientales y de los recursos naturales.

 

1.       Lo anterior genera tensiones alrededor de la definición de competencias para determinar el “uso óptimo” de los recursos. El problema es definir los niveles de responsabilidad involucrados (qué funciones y responsabilidades deben ser definidas), determinar a quién corresponde cada responsabilidad y cuáles deben ser los criterios para ejercer las respectivas funciones. El proyecto de Ley General Rural debería abordar este tema.

 

1.       En otras palabras, qué aspectos relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad corresponden a definiciones de la Nación (a qué ámbitos administrativos), de los departamentos y de los municipios. Además, cuál es el ámbito de las decisiones y las responsabilidades privadas.

 

1.       El problema tiene varias dimensiones. Por una parte, ¿cómo hacer compatible lo social y lo privado en la asignación y uso eficiente de los recursos naturales y el medio ambiente? Por otra, en cuanto a competencias, ¿qué debe operar en forma descentralizada y qué en forma centralizada? Esta discusión debe ayudar a definir el campo de acción y definiciones de la Ley General Rural.

 

1.       Lo anterior se refleja en lo concerniente a las definiciones sobre restricciones de uso de la tierra. ¿Cuáles son factores que invocan la definición de restricciones de uso por parte de la Nación? ¿Cuáles las que corresponden a entidades territoriales?

 

1.       Es importante trabajar sobre los criterios para revertir la propiedad privada y recuperar la titularidad de Nación sobre determinados ecosistemas estratégicos. En otros “cerrar la frontera agrícola”, mediante señales claras que limiten la inversión pública y la provisión de servicios en esos territorios. Para aclarar estos puntos debemos examinar el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

 

1.       En relación con la población que ocupa parques nacionales y reservas naturales, ¿qué políticas se deben adoptar? Es necesario afrontar este problema, en el contexto de un país cuyo Estado ha perdido control institucional sobre esos territorios, lo que se traduce en inefectividad de las políticas ambientales oficiales en los mismos.

 

1.       El enfoque de la legislación ambiental se debe orientar a compensar las externalidades ambientales (positivas y negativas) de las actividades privadas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

 

Sobre Biodiversidad

 

1.       Es necesario evitar una visión “biologística” del concepto de biodiversidad y adoptar un enfoque “cultural”. Esto implica una visión con perspectiva de uso y beneficio social de la riqueza biológica. Este principio es aplicable incluso en temas como humedales, páramos, aguas y demás ecosistemas críticos. Lo importante es lograr un manejo que permita conservar los recursos de biodiversidad.

 

1.       Desde una perspectiva de viabilidad de una agricultura tropical y de las condiciones necesarias, una de las principales limitaciones radica en la falta de tecnología que sustente el uso eficiente de los recursos tropicales. Sin embargo, no se están realizando las actividades para desarrollar la capacidad de generación de esa tecnología. No tenemos ni estamos desarrollando un conocimiento adecuado de los recursos biológicos (macro y micro) que representan la riqueza en biodiversidad del territorio nacional. Es indispensable crear y desarrollar la capacidad de identificación, evaluación y valoración económica, social y ambiental de los recursos.

 

1.       Como estrategia para desarrollar el conocimiento y la valoración de la biodiversidad es necesario evaluar la conveniencia y definir las condiciones mínimas de aceptación de convenios de asociación o contratos de concesión de ecosistemas a empresas internacionales con alta capacidad científica y tecnológica. En este sentido sería importante evaluar también una estrategia de negociación basada en la definición de un marco común para los países de la región, o por ecosistemas comunes. En la actualidad esos contratos no son muy beneficiosos para los países que poseen los recursos, pues el mercado tiende a ser de “oferta ilimitada” de opciones para los que tienen los recursos suficientes para invertir en investigación orientada a identificar, evaluar y valorar los recursos biológicos. La escasez está en el lado de la capacidad financiera y la disposición a invertir con alto riesgo. En la Ley se podría incluir una redacción a manera de declaración de principios sobre la forma de negociar.

 

1.       Otra estrategia consiste en fortalecer la capacidad de decisión de los países biodiversos en el sistema internacional de investigación agrícola (CGIAR). Colombia ha logrado un buen liderazgo y posicionamiento en el sistema.

 

1.       La conservación de biodiversidad implica una estrategia de establecimiento de bancos de germoplasma in-situ en cambio de los tradicionales exsitu. Este tema se puede vincular con el de ecosistemas estratégicos y el de ordenamiento territorial.

 

1.       El marco institucional debe ser consistente con la necesidad de preservar el interés público frente a actividades “predatorias” de las actividades privadas, cuando estas tienen externalidades no compensadas. Un caso especial es el relativo al conocimiento tradicional como fuente de reconocimiento del “valor” y las “utilidades” de los recursos. Es necesario que el marco institucional proteja el derecho de las comunidades tradicionales a participar en los beneficios del aprovechamiento y el desarrollo comercial de los recursos naturales, reconociendo sus aportes a la caracterización de recursos y sus aplicaciones, entre otras. En este aspecto también hay que producir una declaración de principios que proteja el derecho de la nación y el de las comunidades tradicionales en esos casos.

 

CONCLUSIONES SOBRE LINEAMIENTOS Y ENFOQUE DE LA LEY

 

1.       El enfoque de la Ley General Rural en materias de medio ambiente y recursos naturales debe ser de carácter complementario de las normas y leyes generales respectivas. No pretende ser un capítulo de la legislación ambiental, ni sustituirla; sólo complementarla. No modifica el Código de Recursos Naturales ni la Ley 99.

 

1.       Los principios que guían la política ambiental vista desde la producción agrícola son: el de precaución, el de acción preventiva, el de corrección de externalidades en la fuente, el de retribución (en sus dos aspectos: “el que contamina paga” y “los servicios ambientales son valiosos y tienen precio”) y el de control social (mediante la definición de los mecanismos que la hagan efectiva, como la información, y la organización de los consumidores, etc).

 

1.       Hacer explícitos los mecanismos de financiación de los instrumentos que desarrollen los principios de la ley. El problema es combinar información, tecnología y normas internalicen costos ambientales.

 

Principio de precaución:

a)      Cerrar la frontera agrícola y hacer valer las zonas de reserva y parques nacionales;

b)      No ofrecer servicios sociales básicos fuera de la frontera;

c)      Criterios de exclusión para gasto público;

d)      Restablecer el servicio de guardabosques;

e)      Fomentar la investigación científica para identificar, evaluar y caracterizar los recursos naturales y la biodiversidad;

f)       Establecer bancos de germoplasma in-situ

Acción preventiva:

a)      Educación ambiental

b)      Información ambiental

c)      Penalización

d)      Tecnología amigable con el medio ambiente

e)      Señales tempranas

f)       Persuasión

g)      Control social y

h)      Organización comunitaria

i)        Incentivos y sanciones

Corrección

a)      Régimen de derechos y obligaciones

b)      Incentivos y sanciones

c)      Vigilancia y control social

Retribución

a)      Incentivos y sanciones

b)      Investigación para valorar recursos y medio ambiente

 

1.       Definir los límites de la frontera agrícola para la explotación agrícola. Eso no significa imposibilitar el aprovechamiento de todo el territorio, dentro de una definición de ordenamiento ambiental y territorial, así como la distribución de la población en el territorio.

 

1.       Especificar las funciones y responsabilidades del Estado: provisión de bienes públicos, regulación de externalidades incorporando los costos ambientales en los precios de mercado, cooperación y negociaciones internacionales, provisión de información, rendición de cuentas como mecanismo de control social.

 

1.       Diseñar una política de protección de derechos sociales sobre la biodiversidad y también de reconocimiento a las comunidades por aportes vinculantes mediante conocimiento y cultura tradicional, a través de regalías sobre la participación de la Nación en los contratos de explotación y de patente. Contratos de entidades territoriales o cabildos indígenas con empresas para la investigación científica orientada a aprovechamiento de la biodiversidad. La totalidad de las regalías a las comunidades involucradas.

 

 

 


 

[1] El índice de productividad relativa de la agricultura es la razón entre la productividad media de la población que depende de la agricultura y la productividad media de todo el país. A su vez, la primera es igual al PIB agrícola sobre la población agrícola, y la segunda el igual al PIB total sobre la población total.

[2] Para los efectos de la presente exposición de motivos, la agricultura se entiende como el conjunto de las acciones humanas que transforman el medio natural, a fin de hacerlo más especializado tanto para el crecimiento de las especies de vegetales y animales como para desarrollar los servicios ambientales que la humanidad valora para su bienestar. Estas acciones incluyen las de procesos industriales que son necesarias hasta obtener el producto útil para el consumo directo o industrial. Esta definición incluye las actividades tradicionalmente clasificadas como agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. El medio fundamental sobre el cual se desarrollan dichas actividades es la tierra y los recursos naturales asociados, y ello distingue a la agricultura de otras actividades productivas que realizan los seres humanos, como la industria manufacturera y el comercio.

 

[3] El medio rural constituye el espacio geográfico en el cual los seres humanos desarrollan las actividades agrícolas, dando lugar y forma a las instituciones sociales y a la cultura que conforman la sociedad rural.

 


QUE CESEN LAS FUMIGACIONES y se piensen las indemnizaciones 2007

 

 

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