PROYECTO DE LEY NUMERO 31 DE 2005 SENADO

por medio de la cual se implementa el uso de métodos naturales para la erradicación de cultivos ilícitos.

 

PROYECTO DE LEY NUMERO 31 DE 2005 SENADO

Martes, 6 de septiembre de 2005

 

PROYECTO DE LEY NUMERO 31 DE 2005 SENADO por medio de la cual se implementa el uso de métodos naturales para la erradicación de cultivos ilícitos.

El Congreso de la República, en uso de las facultades conferidas por el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. La destrucción de los cul tivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, se hará mediante la utilización de métodos naturales alternativos que no conlleven efectos nocivos para la salud de la población y velen por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.

Parágrafo. Por métodos naturales alternativos, se entiende aquellos que no contemplen la utilización de químicos que pongan en riesgo la salud y el ecosistema.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Carlos Moreno de Caro, Senador de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS Aspectos generales Colombia, durante los últimos años, ha realizado ingentes esfuerzos, con un alto costo económico y humano, para erradicar los cultivos ilícitos: En efecto, entre 1994 y 2004, según datos de la Auditoría Ambiental de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de la Policía Antinarcóticos, de las Fuerzas Militares y el DAS, se erradicaron 52.133 hectáreas de amapola y 781.181 hectáreas de coca.

En lo que respecta a los cultivos de amapola, de la cifra citada anteriormente, mediante la fumigación aérea fueron erradicadas 46.916 hectáreas y solo 5.217 manualmente. La misma situación se observa en los cultivos de coca: La fumigación aérea permitió erradicar 749.263 hectáreas y manualmente solo 31.918 hectáreas.

Lo anterior quiere decir que el Gobierno Nacional ha privilegiado la aspersión aérea, sobre todas las posibilidades científicas existentes, causando controversias de todo tipo, no solo a nivel interno, sino allende las fronteras.

En efecto, comunidades enteras se han manifestado en contra de la aspersión aérea por sus efectos sobre la salud humana y el ecosistema. De la misma manera, algunos países limítrofes han hecho sentir su inconformidad sobre esa situación, tal como ha sucedido con las autoridades ecuatorianas durante los últimos días.

Una de las alternativas para erradicar el cultivo de la coca, es la utilización de la mariposa "comecoca", insecto conocido científicamente como Eloria Noyesi. Según Alberto Gómez, presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos, "la aspersión aérea con glifosato no es efectiva y daña el entorno", por lo cual le propuso al Ministerio del Interior "trasladar las crisálidas de la mariposa para generar una sobrepoblación artificial" ya que se ha comprobado científicamente que ellas "solo consumen hojas de coca"1.

De acuerdo con los estudios científicos realizados hasta la fecha, la Eloria Noyesi es la única especie de mariposa que crece, vive y se alimenta de las hojas de coca. Es la responsable "de la eliminación de los cultivos de coca adyacentes al río Igaparaná, Bolivia, a comienzos de los 80 y la protagonista de una propuesta de la Universidad Nacional en los 90¿ desechada por el Gobierno de aquel entonces"2.

Pues bien, según Alberto Gómez, "la propuesta era la misma de ahora: Cambiar los métodos de f umigación de la hoja de coca con glifosato por unos más naturales y, por lo mismo, mucho más saludables"3. Pero los estudios realizados por Gómez y varios entomólogos han llegado hasta descubrir que "había aproximadamente 250 especies de plagas que podían acabar con la coca y la amapola"4. ¿Por qué no intentarlo?

El Presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos ha indicado "que su propuesta es la de cambiar los métodos de fumigación de la hoja de coca con glifosato por unos más naturales y saludables para plantas, animales y humanos"5 lo cual ha generado un gran entusiasmo entre la comunidad de entomólogos colombianos. Además, considera Gómez, "que el uso de los insectos, más la erradicación manual de las plantas de coca, logrará acabar con las plantaciones ilegales a un precio mucho más económico"6 ya que "el glifosato daña el entorno natural pero las plantas de coca vuelven a renacer"7.

Sustento jurídico del proyecto de ley Este proyecto de ley tiene sustento constitucional y legal. En efecto, la Constitución Política de Colombia contempla los siguientes aspectos relacionados con el tema en discusión: DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES. El artículo 8º establece como obligación del Estado¿ "proteger las riquezas... naturales de la Nación".

ATENCION DE LA SALUD Y EL SANEAMIENTO AMBIENTAL. El artículo 49 determina que "la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado".

PRODUCCION DE ALIMENTOS. El artículo 65 prescribe que "la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado".

AMBIENTE SANO. El artículo 79 contempla que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica¿".

Igualmente, el artículo 80 considera que "el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución".

La descripción de los anteriores artículos de la Constitución se hace para resaltar que hoy en día se hace todo lo contrario: Fumigar con glifosato atenta contra todos los derechos anteriormente mencionados, ya que acaba el ecosistema, tiene efectos nocivos sobre la salud, obliga a las comunidades a desplazarse, etc.

Marco institucional y legal vigente en materia de estupefacientes El marco institucional está conformado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y los Consejos Seccionales de Estupefacientes conforman el marco institucional en materia de estupefacientes.

La Ley 30 de 1986 estableció el procedimiento a seguir para la destrucción de plantaciones ilícitas y dispuso lo siguiente: Artículo 77. Las autoridades de policía judicial a que se refieren los artículos 285, 287 del Código de Procedimiento Penal8 [40], destruirán las plantaciones de marihuana, cocaína, adormidera, y demás plantas de las cuales puede producirse droga que produzca dependencia, existentes en el territorio nacional, mediante el siguiente procedimiento: a) Se identificará pericialmente la plantación con el empleo de la técnica adecuada; b) Se identificará el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la plantación; c) Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor del terreno y del tenedor lo mismo que de los cultivadores, trabajadores y demás personas presentes en el lugar en el momento de la incautación, y d) Se tomarán muestras suficientes de las plantas, para las correspondientes peritaciones.

Todos estos datos y cualquiera otro de interés para los fines de la investigación se harán constar en un acta que suscriban los funcionarios que en ella hayan intervenido y el propietario, poseedor, tenedor o cultivador del predio, o, en defecto de estos, cualquier persona que haya sido encontrada dentro del mismo. En esta diligencia intervendrá, en lo posible, un agente del Ministerio Público.

Suscrita el acta, se destruirá la plantación mediante el empleo del procedimiento científico adecuado; el acta y la peritación, junto con el informe respectivo y las personas que hayan sido aprehendidas, serán enviadas al juez instructor en la forma y términos señalados por los artículos 290 y 303 del Código de Procedimiento Penal.

La destrucción de la plantación también podrá ser ordenada y presenciada por el juez instructor.

Igualmente, contempló en el artículo 89 que "adscrito al Ministerio de Justicia, funcionará el Consejo Nacional de Estupefacientes, asignándole, a través del artículo 91, las siguientes funciones: a) Formular, para su adopción por el Gobierno Nacional, las políticas y los planes y programas que las entidades públicas y privadas deben adelantar para la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas que producen dependencia. Igualmente, el consejo propondrá medidas para el control del uso ilícito de tales drogas; b) Conforme al ordinal anterior, señalar a los distintos organismos oficiales las campañas y acciones específicas que cada uno de ellos debe adelantar; c) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno la expedición de las que fueren de competencia de este; d) Supervisar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupan de la prevención e investigación científica y de policía judicial, control y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia; e) Mantener contactos con gobiernos extranjeros y entidades internacionales en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción del gobierno colombiano con la de otros Estados, y de obtener la asistencia que fuera del caso; f) Disponer, de acuerdo con los indicios graves que posea, proveniente de los organismos de inteligencia, sobre actividades de personas, aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres y uso de aeródromos o pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales o terrestres, vinculados al tráfico de estupefacientes, la suspensión de las licencias para personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre, certificados y permisos de operación. Para tal efecto, impartirá a las autoridades correspondientes las instrucciones a que haya lugar, y g) Disponer la destrucción de los cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.

Artículo 92. Las resoluciones que dicte el consejo para el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior son de obligatorio cumplimiento.

Es claro que la ley obliga a la destrucción de los cultivos ilícitos, pero utilizando los medios más adecuados, con el fin de garantizar la salud y preservar el ecosistema. Mediante el procedimiento actual, lo anterior no se cumple cabalmente, razón de más para presentar el presente proyecto de ley.

Carlos Moreno de Caro, Senador de la República

 

 

 

 


QUE SE PIENSEN LAS INDEMNIZACIONES

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