NOTA MamaCoca:  Ley Proyecto de Ley No.- 183/12 radicada l 23 de febrero 2012

 A favor de la despenalización de los cultivos podemos presentar los siguientes motivos y argumentos:

 

1.                Realizar un acto de justicia social reconociendo que hay un sector de campesinos empujado al cultivo de plantas proscritas por el abandono oficial, la carencia de vías de comunicación; falta de crédito; informalidad de la propiedad rural y por necesidad de sobrevivir.

            Según el estudio de la PNUD “Colombia rural, razones para la esperanza, 2011”, el 32% de los colombianos son pobladores rurales. La población rural está conformada por campesinos pobres en su mayor parte pero también por mineros, pescadores y la mano de obra flotante que sirve de recolectores y raspachines. El campo, del que vivimos y nos nutrimos todos los colombianos, es donde se sufre la mayor inequidad y pobreza del país. La pobreza en el campo responde a la deuda social y política del Estado y la sociedad colombiana con el sector rural, a una alta concentración de la tierra con la pérdida de millones de hectáreas de producción agrícola que no ha hecho más que agudizarse desde los años 1990. El Auto 218 de 2006 de la Corte Constitucional señala que otras situaciones enlazadas con la monopolización de tierras se relacionan con la participación de las guerrillas en el narcotráfico y con actuaciones de organismos estatales en operaciones militares y de fumigaciones aéreas. La usurpación de tierras se vincula asimismo a prácticas de lavado de activos y a fines rentísticos.[1] Es así que, de las 21,5 millones de hectáreas aptas para usos agrícolas, el país sólo dedica unas 5 millones de hectáreas el (22,7 %) a cultivos agrícolas mientras que  6 millones de has. se dedican a la minería y unas 38 millones de hectáreas (de una plataforma continental de 115 millones de has y sólo 20 millones aptas para ganadería) son utilizadas para ganadería extensiva y sin vocación ganadera. [2]     

            Contra estas 38 millones de tierras ganaderas (concentradas principalmente en manos del narcotráfico que ha comprado entre el 3% y 7%, según la fuente, del territorio nacional el los últimos 20 años y que no usa sus propias tierras para el cultivo de coca), unas 62,000 mil hectáreas están cultivadas en coca en lotes de un tamaño promedio de a 0,58 has; cultivadas en un número no censado de hectáreas de cánnabis; y en 341 hectáreas de amapola (el 0,1% de la producción mundial de heroína) [cifras DNE/UNODC del 2010]. Las única cifras existentes sobre el número de cultivadores de coca datan del 2005 y señalan que 86,000 has de coca están cultivadas por unos 340,000 habitantes del campo o sea unas 68,0000 familias. Los aproximadamente 11 millones de campesinos colombianos comprenden el 70% de los propietarios de la tierra y sólo poseen el 5% de área cultivable en el país. La PNUD afirma que el 52% de la gran propiedad está en manso del 1,5% de propietarios. Gran parte del campesinado es pobre, sin tierra o, en el mejor de los casos, sin títulos de propiedad real sobre la tierra que trabajan. Se afirma que más del 40% de los predios rurales no tienen títulos registrados y, según el Seminario Internacional de Formalización del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, “la informalidad contribuye a la usurpación, al desplazamiento forzado, al testaferrato y a la violación de los derechos humanos, así como a la propagación de los cultivos ilícitos y del narcotráfico”.[3] Si como dice el informe, la formalización implica salvar obstáculos legales, la descriminalización de los cultivadores de coca, amapola y marihuana de sus condiciones de extrema pobreza es uno de estos obstáculos y la propuesta del Gobierno Santos de formalizar la tenencia de estas tierras debería incorporar la necesidad de comenzar a desmantelar el narcotráfico impidiendo que siga incorporando a estos campesinos.  Si no por reforma agraria y derecho de acceso a la tierra entonces, de no tomar medidas preventivas, tarde o temprano el Estado colombiano se verá abocado a indemnizar seriamente (sin rodeos legales) posiblemente bajo una Ley de Víctimas del Narcotráfico por el desplazamiento y daños a la salud, a cultivos de pancoger y deterioro ambiental ocasionado por las fumigaciones,  y por procesos inmorales de concentración de la tierra.

            Cotejando las cifras oficiales, una hectárea de cultivos declarados ilícitos serviría de sustento a más de una familia campesina. Para el 2010 se calcula que una hectárea en varias cosechas produce unos 5,000 kg/ha/año de hoja y el kilo de hoja se vende a aproximadamente COP$2,500 (con diferencias por variedad y región). Según estos cálculos, una hectárea de coca produce COP$12,500,000 al año de lo que se tendrían que descontar los costos de insumos (semilla, agroquímicos, costos de recolección de la cosecha y otros) y considerar que los riesgos de seguridad son enormes en el caso de estos cultivos y las pérdidas de cosechas suelen ser superiores a un 50%. El proyecto piloto de la DNE/UNODC del 2004 en el Guaviare estima que “En síntesis, los costos para el establecimiento de una hectárea de coca en el Guaviare estarían alrededor de $ 3.800.000 (US$ 1.520), el 60% corresponde a mano de obra, el 6% a los agroquímicos y el 34% corresponde a transporte, compra de estacas y elementos. Los costos para el mantenimiento de una hectárea de coca estarían alrededor de $ 5.700.000 (US$ 2.280), los cuales se distribuyen en forma proporcional entre mano de obra y agroquímicos.[4] Las cifras de la clandestinidad son difíciles de cotejar y se contradicen de un informe a otro; en lo que sí coinciden es en la pobreza y abandono de las que son víctima los cultivadores. El informe del 2010 de la DNE/UNODC afirma que “las familias que cultivan coca no pueden mejorar su condición económica sobre la base del cultivo de coca, teniendo en cuenta que los cultivos de coca no son rentables para el productor primario (el ingreso per capita para los que cultivan coca se estima en un dólar diario). Por lo tanto el postulado de rentabilidad de la coca debe ser revaluado”.[5]

            Estos datos no sólo revelan la mínima rentabilidad del cultivo de coca y la injusticia de la que son víctima los campesinos cultivadores sino que ratifica la necesidad de sacar estos cultivos de la clandestinidad para poder proceder a medir la realidad del fenómeno; aplicar medidas realmente efectivas para limitar la expansión del sometimiento de los pobladores del campo por parte de los grupos armados ilegales; y volver a enfocar a los verdaderos narcotraficantes y desmantelar su negocio. Los estudios de la DNE/UNODC (y todos los estudios especializados en general) aseveran que la pobreza es uno de los factores que estimula el problema del cultivo y afirma la UNODC que, “En la mayoría de los casos, la siembra de cultivos ilícitos no representa un incremento en los ingresos de los campesinos sino un mejoramiento de sus medios básicos de supervivencia. Los cultivadores de coca están lejos de ser los principales beneficiarios de los grandes ingresos que genera este negocio”.[6]

            Al eje de los cultivos campesinos (cocaleros y no cocaleros) está la búsqueda de subsistencia y el campesino cultiva el producto para el cual tenga si no mayores ganancias por lo menos mayores garantías de compra que, ante las deficiencias estructurales, criminalización y altos márgenes de ganancias para el traficante que esta criminalización generan, resulta ser la coca, amapola y cánnabis. Es gracias a las ventajas de la ilegalidad de los cultivos para los comerciantes narcotraficantes que la dinámica ha sido desde sus inicios la de la imposición por parte de los diversos grupos armados ilegales al campesino, con plomo o plata, del cultivo de plantas proscritas.  De tal forma, la articulación de estos cultivos a una dinámica económica identificada como ilícita y la explotación del campesinado por parte del narcotráfico paramilitar e insurgente ha contribuido a la incorporación de un creciente número de campesinos a una cultura de la ilegalidad en tanto que, la criminalización del campesinado por parte del Estado colombiano ha contribuido a reforzar la percepción interna e internacional de culpabilidad de Colombia limitando así las posibilidades de Colombia de exigir que, frente a un fenómeno cuyo manejo depende de consideraciones internacionales, se asuma la corresponsabilidad que corresponde a cuenta de la demanda por país según su grado de consumo de todas las drogas.

            La lucha contra la droga se arraigó a comienzos del s. xx aduciendo la victimización del consumidor. Si bien la inclusión del cultivo de plantas a drogas ilícitas bajo la rubrica de tráfico data de la Convención de 1961, no es sino hasta finales de los años 1980 que con la doctrina Bush se configura el desvío de la lucha antinarcóticos hacia la “reducción de la oferta en la fuente” y el desliz de esta guerra de la droga hacia la lucha contrainsurgente. Así Colombia se somete experimentalmente desde 1978 y oficialmente desde 1984 a la medida de fumigaciones y es el único país en el mundo que aplica guerra química contra los cultivos ilícitos y lleva casi 35 años fumigando a sus gentes sin resultados que permitan afirmar que esta estrategia ha sido exitosa ni estudios científicos y ambientales que evalúen el costo ambiental y sanitario para el país de esta modalidad de criminalización de los cultivos.  Que nos expliquen estos logros y el costo/beneficio cuando, como por ejemplo en el 2009 se estima el cultivo de coca en 73,000 has y, después de fumigar 104,771 has. y tras la erradicación manual de 43,690 has, se estima que en Colombia quedan 62,000 has de coca en diciembre del 2010. Es decir que para una reducción de 11,000 has. se fumigaron 105,000, se perdieron cientos de miles de has de cultivos de pancoger, se desplazaron miles de campesinos y tuvieron que morir y quedar mutilados un gran número de jóvenes campesinos y soldados colombianos (32 muertos y 168 heridos desde que se inició el programa en el 2005) y que, como sabemos, esta coca se trasladó a otros países y el consumo de drogas sigue.

            La erradicación manual forzada la ejercen cerca de tres mil campesinos pobres que están agrupados en 132 Grupos Móviles de Erradicación, a lo que se suman los soldados, también de entre los pobres, encargados de vigilar las labores de erradicación, gastos de equipos y glifosato con el que fumiga manualmente una vez erradicada la coca. Este programa ya ha sido objeto de demandas de indemnización, se considera violatorio del Derecho Internacional Humanitario  y se estima que este tipo de erradicación forzada le costaría a Colombia más de US$1.500 millones entre el 2010 y el 2013.  Por su parte, las fumigaciones aéreas, bien aprovechadas por los cultivadores, tienen la particularidad de abonar la coca y dejar las tierras fumigadas en estado apto primordialmente al cultivo de organismos genéticamente modificados por el alto contenido de glifosato tanto de la tierra como de los OGM, ambos por cierto de producción de la Monsanto. El negocio es redondo, pero no para Colombia.

            La tendencia a criminalizar al campesino en Colombia se agrava si consideramos el desconocimiento no sólo del alcance del fenómeno de la coca sino de de las raíces del mismo. Las cifras sobre la extensión de los cultivos declarados ilícitos son poco fiables pues la clandestinidad, el dinamismo de los cultivos y las condiciones climáticas nubladas inherentes al territorio colombiano dificultan la lectura satelital. De tal forma, el fenómeno se enfoca con cifras especulativas lo que condena al fracaso las medidas para impedir que lo que erradica en Colombia sea poco y que se traslade a Perú y Bolivia y otros países en los que potencialmente se puede cultivar y procesar la coca. Lo que inicialmente condenó de plano todo cultivo de coca y cánnabis en Colombia (cuando se estima en 1952 la existencia de 767 hectáreas de coca) fue el desconocimiento ignorante de las virtudes de la coca sana y la existencia de la coca tradicional en el territorio colombiano cuando, en realidad, hasta bien entrado el s. xx, tanto las comunidades negras, campesinas e indígenas en varias regiones del país aún cultivaban y usaban la coca y cánnabis como alimento, medicamento y en su ritualidad. En toda justicia, Colombia debería aprovechar la coyuntura actual para descriminalizar a sus pequeños cultivadores, medir la extensión real del cultivo de coca, amapola y marihuana campesina y buscar alternativas que no desangren el erario y al país para controlar de forma productiva los cultivos de estas plantas y sacarlos de manos del narcotráfico. Esto en armonía con el proceso de revisión (con tendencias sanitarias y en aras de desmantelar el narcotráfico) de la criminalización de las otras víctimas del narcotráfico: los consumidores.

            La fórmula de atacarse al campo colombiano no es la respuesta al dilema de las drogas. Por el contrario, persistir en la criminalización del campesino cultivador es negar la reconfiguración que se ha venido operando en el fenómeno del narcotráfico y condenar la lucha antinarcótico al fracaso al permitir que los agentes sociales directos, y con frecuencia desde el mismo Estado y sus instituciones, desvíen la lucha antinarcóticos hacia sus víctimas en el campo. Una cosa es aplicar la extinción de dominio a tierras compradas con dineros del narcotráfico (Ley 793 del 2002 sobre bienes de procedencia ilícita que se enfrenta a un sinfín de obstáculos de poder) otra muy distinta es la ley que aplica desde el 2004 la extinción de dominio a los pequeños cultivadores de coca y amapola, sobre todo si la medida de la UNODC para el 2010 de cultivo en lotes promedio de 0,58 has. es acertada. La inversión de Colombia en la reducción de los cultivos se eleva al 65% de los fondos antinarcóticos, más del doble de lo que se invierte en la lucha por desmantelar las redes del narcotráfico. El Estado se invierte principalmente en atacarse a estos campesinos que son las primeras víctimas de la contrareforma agraria impulsada por el narcotráfico y su fenómeno concomitante, el paramilitarismo y su inserción exitosa en la esfera política regional y nacional. Las formas de poder y dominación tienen sus raíces en la posesión de la tierra, el sometimiento del campesino pobre al cultivo de estas plantas por parte de las FARC y los narcotraficantes también encuentra sus raíces en la lucha por el poder; lucha en el que el campesino cultivador no es mas que un simple peón.  Una respuesta coherente de parte del Congreso revelaría la representatividad del mismo.

            A pesar de las inconsistencias (efecto principalmente de la clandestinidad) citamos el primer informe de campo de la DNE/UNODC para poder calcular el número de colombianos actualmente dedicados por la pobreza al cultivo y cosecha de la coca, amapola y marihuana. Este estudio novedoso realizado en el 2005 sobre el rendimiento de la coca enfocó por primera vez la situación de los cultivadores a través de la entrevista con 1389 campesinos. En ese momento se estimó que, para un total de 86,000 has, 68,000 familias campesinas se dedicaban al cultivo de coca en lotes de un promedio de 1,25 has. El rendimiento de hoja se estimó en 6,300 kg/ha/año. Estimó el estudio que los precios para la hoja de coca en Colombia oscilaban entre USD $0.4/Kg y US $ 1.8/Kg.; precios mucho más bajos que en Perú y Bolivia (países en los que se reconoce la coca legal). Se estimaron los ingresos anuales de estas 340,000 personas a USD $2,500 per capita (antes de descontar los insumos para el cultivo), suma por debajo del ingreso promedio nacional que, según el DANE, era de USD $2,700 en el 2004. El informe sostiene que el ingreso bruto anual por familia es del USD $12,300. El mercado global de la cocaína mueve unos US $71 mil millones anuales de los cuales la hoja colombiana representa USD $153 millones, la pasta USD $224 millones y la base USD $467 millones para un total de USD $843 millones, lo que equivale a o.7% del PIB nacional y 6% del PIB del sector agrícola. [7]

            Comparativamente, el café representaba en el 2005 un 13,5% del PIB agrícola y su cultivo asociaba a cerca de medio millón de familias cultivadoras, la mayoría pequeñas productoras.  Con base en estos estimativos del 2005, podemos especular (como con todo lo relacionado con la estadísticas de este fenómeno en el que se aplica una especie de “ley de grandes cifras”) que, si en el 2010 hay 62,000 has de coca en lotes promedio de 0.58 has. y que el empobrecimiento, despojo y desplazamiento en el campo no ha hecho más que agravarse, actualmente puede haber más de 100,000 familias campesinas que dependen de la coca para una mera subsistencia. Sostiene este informe que los 4 a 5 raspachines que trabajan dos días por cosecha reciben $40,000 (que incluye la alimentación) por jornal y el promedio de cosecha es de 63 días para cosechar el equivalente de 5,7 cosechas al año. Comparado con los riesgos de cosecha de lo ilícito, un trabajador rural devenga entre $7,000 diarios en algunas regiones hasta $30,000 el jornal. Esto nos sitúa en el rango de _ _  raspachines articulados al cultivo de coca.

            Remontándonos a los primeros trabajos en Colombia a fin de poder sacar algún estimativo de las dimensiones actuales del cultivo de cánabis sobre el que actualmente sólo existen datos de decomisos, aunque los informes oficiales estiman que, en 1997, existían en el país 5000 has de cánabis en el país, tenemos que según una investigación adelantada por dos estudiantes de la Universidad del Magdalena ( cuyas cifras no coinciden de las de la ANIF 1978) de acuerdo con este estudio, para 1977 la cosecha de la Santa Marta Golden fue de 24.000 toneladas, el área sembrada 60.000 hectáreas y unas 90.000 personas dedicadas a la atención de los cultivos. Las mismas autoras encontraron que en sólo cinco años (entre 1973 y 1978) en los departamentos de La Guajira y Magdalena se habían dictado resoluciones de titulación correspondiente a más de 153.000 hectáreas, la mayoría ubicadas en la Sierra Nevada. Por su parte ANIF encontró que de las 300.000 hectáreas de área potencial aptas para el establecimiento de cultivos de marihuana, sólo 19.000 hectáreas estaban sembradas con la hierba.[8], Según la ANIF, a finales de los años 1970 en Colombia existían 30,000 has de cánabis que producían 15,000 toneladas de marihuana.[9] De tal forma si en el 2010 se incautan 165 toneladas métricas de las calculadas 330 tm de cocaína que se producen en el país, la incautación de 255 tm de marihuana señalaría que posiblemente la producción de marihuana es de 500 tm con lo que correspondería a unas 1,000 has de cultivo de cánabis a razón de 1.5 personas por ha., tenemos que actualmente unas 1,500 personas estarían involucradas en el cultivo de cánabis. Para la amapola podemos hacer una especulación similar de que, para las estimadas 341 has, habría unos 500 campesinos involucrados en el cultivo.

            Comparativamente, la producción de cánabis en USA, el principal producto agrícola del país por un valor de 35 mil millones de dólares y 29 millones de usuarios, es de más de 10,000 toneladas métricas y eso con la erradicación de más de 4 millones de matas al año. La productividad de la mata de cánabis se estima en 200 gramos (aproximadamente 7 onzas) para un cultivo al aire libre y de 100 gramos (aproximadamente 3.5 onzas) para una planta de invernadero. La policía sostiene que el rendimiento es de 1 libra de marihuana por mata de cánabis.[10] Si trabajamos con estas cifras que, al igual que todo lo relativo a la clandestinidad y droga es al cálculo, tenemos que en Colombia puede haber unas 110,000 familias campesinos involucradas en el cultivo de plantas a drogas y, que a diferencia de los Estados Unidos donde en más de 10 estados el consumo se encuentra despenalizado y la marihuana medicinal se posiciona, en Colombia estos cultivadores son sometidos por las armas, la militarización, perseguidos por el Estado, desplazados y fumigados a nombre de las víctimas del consumo mientras la coca tradicional y sana se ve por ley circunscrita a los territorios indígenas y los cultivos de amapola prosperan gracias a la clandestinidad y rentabilidad de la ilegalidad. La amapola, al igual que la coca y el cánabis, también es una planta tradicional con la que se preparan alimentos y medicinas; usos medicinales y saborizantes de las plantas condenadas reconocidos por las convenciones internacionales. Otra es que la coca y amapola no sean plantas cultivadas en países como Estados Unidos y el continente europeo por lo que su ritmo de expansión de consumo natural y pasos de legalización son mucho más controlados. El consumo de marihuana es legal de facto en esas latitudes y el autocultivo de marihuana ya es legal en países como Suiza, entre otras. C0lombia está demorada en asumir el reto que le impone su posición de país que ha liderado y se ha sacrificado valientemente en esta lucha y con la bandera de cambio recientemente asumida por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

            Los cálculos anteriores se tienen que hacer, entre otras, por los costos que implica para el Estado la criminalización y programas específicos para cocaleros y las desventajas de los mismos en el caso de los campesinos no cocaleros.  La única forma de ejercer un control sobre estos cultivos es conociendo realmente el fenómeno a través de estudios de campo pertinentes y precisos sobre el tema y, muy especialmente, alternativas legales para estas plantas. El estudio que actualmente está llevando a cabo el  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para establecer el genotipo de la coca en Colombia deberá ser puesto a este servicio productivo y  no con fines de nuevos proyectos de erradicación experimentales de alto riesgo y costo sanitario, ambiental, social y comercial para Colombia y sus campesinos. Los cultivadores son víctimas del conflicto armado y del narcotráfico. El campesino cultivador de coca, marihuana y amapola esta en la ilegalidad porque el sistema discriminatorio así lo quiso y, de tal forma, debería poder gozar de una descriminalización (así sea bajo un marco de justicia transicional) bajo el Principio de Oportunidad y/o Principio de Diferenciación Positiva en reconocimiento de lo que en realidad es: víctima y no beneficiario del negocio del narcotráfico.

 

MMMoreno

junio 2012



[1] http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Yamile_Salinas_Tenencia_de_la_tierra_y_conflicto_2007.pdf

 

[2] http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf

 

[3] http://www.minagricultura.gov.co/archivos/discurso_ministro_de_agricultura_07_03_11.pdf

 

[4] http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/proyectopiloto.pdf

 

[5] http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-cocasurvey2010_es.pdf

 

[6] http://www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_es.pdf

 

[7] http://www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_2005_eng.pd

[8] http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER01-CAFECARIBE.pdf

[9] http://www.mamacoca.org/Imagenes/ANIF_Cuadro_produccion_comercio_marihuana_Colombia_1980.bmp

[10] http://www.drugscience.org/Archive/bcr2/MJCropReport_2006.pdf