ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios causados a predio, con ocasión de la fumigación con glifosato

 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Responde por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas/DAÑOANTIJURÍDICO-Concepto o definición

 

El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL-Se generó un daño anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos

 

El Tribunal Administrativo del Córdoba consideró que los hechos objeto de controversia debían ser analizarse bajo el régimen de responsabilidad por daño especial, enmarcación que es compartida por el Ministerio Público, por ajustarse a los lineamientos que sobre el particular ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Los hechos objeto de demanda permiten considerar que el actor sufrió un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad frente a las cargas públicas, o a la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado.

El Ministerio Público comparte la decisión de responsabilizar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia por los hechos objeto de demanda, pues pese a que se desarrollaba una actuación legitima amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, el daño generado fue anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos y, en tal sentido, resulta indemnizable conforme a los dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Con fundamento en lo anterior, esta Delegada respetuosamente solicitará la confirmación de la sentencia de primera instancia, en el entendido de que la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia debe ser responsabilizada por los hechos objeto de demanda, al haberse demostrado que generó un daño anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos, que resulta reparable conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, bajo el régimen de responsabilidad por daño especial.

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado

 

 

 

 

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

 

 

Bogotá,  29 de noviembre de 2011

 

 

Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E.                    S.                    D.

 

 

Referencia:               Concepto 11 – 253

Acción:                      Reparación Directa

Radicado:                 230012331000200800107 01 (41467)

Actor:                         Eduardo Diomedez Sánchez y otra

Demandado:           Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

 

Honorable Señora Consejera:

 

Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los  recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

 

I.        ANTECEDENTES

 

Demanda

 

En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, el señor EDUARDO DIOMEDEZ SÁNCHEZ VARGAS y la señora STELLA MARÍA SANCHEZ MENDOZA, presentaron demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, con el objeto de que fueran declaradas administrativamente responsables de los daños materiales y morales causados con la fumigación con glifosato de la finca la Tranquilidad de propiedad del demandante y, en consecuencia, se condenara al pago de los perjuicios ocasionados por tales hechos.

 

Contestación

 

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

 

Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que eran meras apreciaciones subjetivas, y por no estructurarse los presupuestos para responsabilizar administrativamente a la entidad, ya que su actuación no dio origen al perjuicio cuyo resarcimiento se reclamaba.

 

Afirmó no constarle los hechos de la demanda ateniéndose a los que resultaren probados en el proceso, y propuso la excepción falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño.

 

Sentencia de primera instancia

 

Mediante sentencia del 17 de marzo de 2011 el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró no probada la excepción falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, declaró administrativa y patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de los daños causados en la finca  La Tranquilidad” de propiedad del demandante, y la condenó al pago de $92.625.000 por concepto de perjuicios materiales.

 

De la prueba documental y testimonial arrimada al proceso, el A quo concluyó que existió un daño antijurídico representado en la destrucción de los cultivos lícitos que desarrollaba en su predio el demandante y frente al título de imputación por el que debía regirse la controversia, consideró que debía ser el daño especial, ya que suponía la indemnización de un daño causado por el Estado en una actuación legítima que rompía el equilibrio frente a las cargas públicas.

 

Encontró que como la erradicación de cultivos ilícitos adelantada por el gobierno nacional era una política pública amparada por normas superiores que pretendían velar por la salud de la población, la preservación y el equilibrio el ecosistema, y la supresión de los ingresos de los grupos subversivos que operaban en el país, era una actividad lícita, que no podía endilgarse a título de falla en la prestación del servicio, en razón de la licitud de su actuación.

 

Señaló que el nexo causal se encontraba demostrado con la existencia del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, la certificación de haber realizado la aspersión, la constatación del daño ocasionado, y por no existir una causal exonerativa de responsabilidad que permitiera que la entidad fuera exculpada.

 

En cuanto al valor de los perjuicios materiales, se reconoció $23.475.000 por los daños ocasionados al cultivo de yuca, $32.850.000 por el cultivo de arroz, y $36.300.000 para el cultivo de maíz, valores que ascendieron a un total de $92.625.000, por los conceptos de daño emergente y el lucro cesante.

 

Frente a la indemnización por los árboles frutales el A quo negó su reconocimiento, pues al desconocer el estado de las plantaciones y sus ciclos productivos, no era posible determinar la producción de las especies aludidas.

 

Frente a los árboles maderable cuya indemnización se solicitó en la demanda, tampoco se reconoció indemnización alguna por no existir constancia de su existencia en la inspección realizada por la UMATA en la época de los hechos, y como quiera que el peritazgo fue realizado tres años después, dicha prueba carece de inmediatez, y tampoco demuestra la cantidad de árboles maderables existentes ni la extensión cultivada.

 

Tampoco se reconoció indemnización por concepto de perjuicios morales, arguyendo que cuando se reclaman daños a bienes muebles o inmuebles dicho perjuicio no podía presumirse, y al no existir prueba alguna de su padecimiento, se negó el pago por dicho concepto.

 

 APELACIÓN

 

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

 

Solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, y se opuso a los argumentos expuestos en dicha providencia, ya que en su consideración no existía antecedente alguno que señalara la responsabilidad de la Policía Nacional por los daños que pudo haber sufrido el predio rural “La Tranquilidad”, al no haberse demostrado que las fumigaciones hubiesen sido realizadas en dicho predio.

 

Agregó que en caso de confirmarse la condena impuesta, se revisara el monto de los perjuicios reconocidos en la sentencia, porque en su consideración se habrían tornado en excesivos.

 

Demandante

 

Censuró que pese a existir prueba testimonial, documental y pericial, el Tribunal hubiera negado la indemnización de los árboles maderables y frutales, ya que el demandante también vivía de la explotación de los mismos, y que para tal efecto contaba con la respectiva licencia ambiental expedida por la CVS.

 

II.      CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

1.      Problemas Jurídicos

 

·        ¿Existe responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados al predio denominado “La Tranquilidad”, con ocasión de la fumigación con glifosato que fue realizada en predios contiguos a dicho terreno?

 

·        ¿La tasación de perjuicios contenida en la sentencia responde a los daños acreditados en el expediente?

 

2.      Análisis Jurídico

 

El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

 

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

 

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. 

 

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.

 

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado  ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

 

El Tribunal Administrativo del Córdoba consideró que los hechos objeto de controversia debían ser analizarse bajo el régimen de responsabilidad por daño especial, enmarcación que es compartida por el Ministerio Público, por ajustarse a los lineamientos que sobre el particular ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

 

En sentencia del 11 de febrero de 2009 el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez, radicación No. 63001-23-31-000-1998-00622-00(16980), se dejó sentado:

 

“(…)

 

En otras oportunidades la Sala ha estudiado el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en que se reclama la indemnización por los perjuicios causados con el ejercicio de una actividad lícita de la Administración bajo el denominado régimen por daño especial. Sobre este asunto la jurisprudencia ha señalado:

 

 

“7. Responsabilidad por daño especial.

 

“Más, surge de la jurisprudencia compendiada, que, aún la actividad estatal absolutamente legitima, tanto por la existencia y extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento determina­do legalmente, puede dar lugar a la indemnización del daño causado al administrado, que es lo que se conoce como responsabilidad sin falta. ­

                                      ­

“Lo anterior importa que tal tipo de responsabilidad excluye, la derivada de la ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio o de la administración y lógicamente, con mayor razón, la derivada de las vías de hecho.         

 

Responde el Estado, a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando el obrar de tal modo, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño es­pecial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o a la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado.

“Surge pues, de la esquemática exposición hecha, que la pretensión indemnizatoria por daño especial, excluye cualquier otra pretensión con idéntico fin, propuesta con base en la ilegalidad del acto o de la operación o el hecho administrativo, la falla o falta del servicio y la derivada de la arbitrariedad administrativa o "vías de hecho".

 

“Con cualquiera de ellas resulta incompatible, no por el petitum posiblemente idéntico en todas ellas, sino por la causa petendi, que re­sulta distinta y contraria como quiera que se habla de la responsabili­dad por equidad, sin falta u objetiva, frente a las otras fuentes de la responsabilidad estatal, y por lo mismo, no son acumulables.

 

“En efecto, causa para pedir en el Contencioso Subjetivo o anulación de plena jurisdicción es la ilegalidad del acto, en la del daño especial, la absoluta legalidad de la actuación administrativa, en la responsabilidad por falla o falta, la afirmación de ésta, mientras que en la res­ponsabilidad por daño especial, la afirmación causal es la contraria, la regularidad, oportunidad, legalidad y eficiencia de la actuación es­tatal en la pretensión indemnizatoria por las vías de hecho la causa para pedir es la arbitrariedad, la ausencia de derecho o de procedimien­to en la administración, es decir, todo lo contrario de lo que debe apa­recer acreditado para la prosperidad de la indemnización por daño es­pecial” [1].

 

 

Se trata entonces de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible a la Administración, sino el ejercicio de actividades legítimas que pueden causar daños a los administrados quienes, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados.

 

La procedencia del régimen de responsabilidad por daño especial se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos[2]:

 

“1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legitima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar determinados administrados.

 

“Significa lo anterior que el quebrantamiento de la igualdad frente a las cargas públicas imponga a ciertos administrados un mayor sacrificio al que normalmente debe soportar los asociados en general.

 

“2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.

 

“3.- Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.

 

“Lo dicho permite establecer que este régimen de responsabilidad excluye la ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio de la administración y también la derivada de las vías o actuaciones de hecho.

 

“En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios …”

 

(…)”

 

Caso concreto

 

La parte actora señaló que desde hacía 30 años era propietaria del predio rural denominado finca “La Tranquilidad”, ubicado en el municipio de Tierra – Córdoba, el cual venía poseyendo tranquila y pacíficamente, destinándolo para vivienda, y la explotación económica de los cultivos de yuca, maíz, arrendamiento de pasto, pequeña actividad ganadera, y maderables en plena actividad productiva.

 

Señaló que el día 3 de septiembre de 2006 se presentó una fumigación o aspersión con glifosato sobre la totalidad de la finca de su propiedad, la cual destruyó la vegetación, los cultivos de maíz, yuca, arroz, los maderables para aserrar (300 rastras de madera), las reservas maderables jóvenes y los frutales de toda la finca, perjuicios que estimó $931.175.000.

 

Agregó que los daños ocasionados fueron constatados el 16 de noviembre de 2006 por la doctora Yojana Yépez Negrete, funcionaria de la UMATA del municipio de Tierra Alta, quien dejó constancia de ello en el “formato de verificación preliminar de la información por parte de los funcionarios del ICA y/o UMATA”.

 

También se indicó que por los hechos objeto de demanda, la parte actora pasó a engrosar la lista de desplazados de este país, ya que sin una tierra que cultivar, tuvieron que irse a vivir en un barrio marginal estrato uno de la ciudad de Montería.

 

La titularidad del predio objeto del daño se acreditó con la resolución No. 555 de 1986, por medio del cual el Instituto Colombiano para la Reforma adjudicó el terreno baldío denominado “La Tranquilidad” al señor EDUARDO DIOMEDEZ SÁNCHEZ VARGAS, al igual que con el certificado de tradición y libertad del folio con matrícula inmobiliaria No. 140-32181, en el que consta que el citado predio fue adquirido por adjudicación de baldíos que hiciera el INCORA.

 

También se encuentra acreditado que el 4 de septiembre de 2006 se realizaron aspersiones con glifosato en predios aledaños a la finca “La Tranquilidad, hecho del que dan cuenta los oficios de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de fechas 26 de febrero de 2007 y 20 de agosto de 2009,  al igual que el emitido por Área de Erradicación de Antinarcóticos del 29 de mayo de 2009 (folio 123, 256 y siguientes - cuaderno 1).

 

En el oficio suscrito por el Coordinador Grupo de Aspersión ARECI  (folio 123), se indicó que con base en la queja presentada por el actor, la Personería Municipal de Tierra Alta reportó como coordenadas del predio del señor  EDUARDO DIOMEDES SANCHEZ VARGAS, las – “N 07° 51´ 48” W 076° 13´ 49” – las cuales, al ser confrontadas con las que según la Policía Nacional de Colombia recibió la aspersión (folio 263 - cuaderno), puede apoyarse la tesis del A quo de considerar que por tratarse de predios contiguos, la volatilidad de los químicos utilizados y el efecto de los vientos, el predio del actor resultó afectado con el glifosato.

 

Se recibió el testimonio de los señores VICTOR EMILIO SALAZAR VÉLEZ, DIEGO JOSÉ ESPITIA SÁEZ, TOMAS ALBERTO LOZANO VILLEGAS y JULIO MILQUIADES SÁEZ GÓMEZ, versiones con las cuales se corrobora la realización de las aspersiones con glifosato, y que con ellas los árboles frutales, los pastos y los maderables se marchitaron y quedaron destruidos.

 

Los testigos también dieron cuenta de la existencia de los cultivos de maíz, yuca, arroz, y de que el actor derivaba su sustento de la explotación comercial de su predio.

 

En cuanto a la existencia del daño se cuenta con la versión oficial de la señora YOJANA YEPES N. (funcionaria de la UMATA), quien en el “formulario de verificación preliminar de la información por parte de funcionarios del ICA y/o UMATA”, relacionó los daños encontrados en el predio de propiedad del señor EDUARDO DIOMEDEZ SÁNCHEZ VARGAS, al igual que con el dictamen pericial rendido por el Agrónomo que ofició como perito, quién del mismo modo, relacionó y tasó el valor al que ascendieron los mismos.

 

Basado en los anteriores elementos de prueba, el Tribunal Administrativo de Córdoba, además de reconocer la existencia del daño y su imputabilidad a la actuación de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, declaró la responsabilidad administrativa de la entidad, y la condenó al pago de los perjuicios ocasionados por la aspersión con glifosato en los predios contiguos al de propiedad del actor.

 

Los hechos objeto de demanda permiten considerar que el actor sufrió un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad frente a las cargas públicas, o a la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado.

 

Para el Ministerio Público es claro que si las fumigaciones o aspersiones con glifosato no fueron realizados directamente en el terreno de propiedad del actor, si alcanzaron a afectarlo, pues por tratarse de una actividad ejecutada desde el aire (aviones y helicóptero), puede inferirse que los efectos del químico llegaron a las plantaciones del señor EDUARDO DIOMEDEZ SÁNCHEZ, tal como se corroboró en el “formulario de verificación preliminar de la información por parte de funcionarios del ICA y/o UMATA” suscrito por la funcionaria YOJANA YEPES N.) daño que no estaba obligado a soportar el actor, pues no se demostró que se dedicara su predio al cultivo de plantaciones aptas para la producción y el procesamiento de estupefacientes.

 

El Ministerio Público comparte la decisión de responsabilizar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia por los hechos objeto de demanda, pues pese a que se desarrollaba una actuación legitima amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, el daño generado fue anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos y, en tal sentido, resulta indemnizable conforme a los dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

 

 

Tasación de perjuicios

 

Teniendo como presupuesto el contenido del “formulario de verificación preliminar de la información por parte de funcionarios del ICA y/o UMATA”, suscrito por la funcionaria YOJANA YEPES N., al igual que el dictamen pericial  rendido por el Ingeniero Agrónomo designado para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Córdoba condenó por perjuicios materiales al pago de $23.475.000 por los daños ocasionados al cultivo de yuca, $32.850.000 por el cultivo de arroz, y $36.300.000 para el cultivo de maíz, valores que ascendieron a un total de $92.625.000, que comprendían daño emergente y el lucro cesante.

 

Frente al monto de dicho reconocimiento, encuentra la Delegada que fue tasado con mesura, ya que para cada uno de los cultivos y productos afectados con la fumigación, se tuvo en cuenta la inversión realizada,  el costo de los jornales para dicha actividad (daño emergente), al igual que el valor de la venta dejada de realizar respecto de cada producto cultivado en el terreno (lucro cesante), montos que responden a una indemnización que se estima ajustada a la equidad y a los perjuicios sufridos por la parte actora.

 

La impugnación del fallo de primera instancia censuró que no se hubiese condenado al pago de los daños ocasionados a los árboles maderables y frutales, ya que en su consideración la prueba testimonial, documental y pericial, daban cuenta de su explotación, y que pata tal efecto se contaba con la respectiva licencia ambiental expedida por la CVS.

 

A diferencia de los perjuicios reconocidos en la sentencia, la verificación de los daños realizada por la funcionaria de la UMATA que reposa en el expediente, no dio cuenta del estado en el que quedaron los árboles frutales presuntamente afectados con la aspersión, del estado y fecha estimada de la cosecha, y tampoco mencionó la existencia de los maderables cuya reparación pretende el actor.

 

El dictamen del perito tampoco aportó elementos frente a la extensión de los cultivos de árboles maderables, pues además de haberse realizado tres años después de ocurridos los hechos, tampoco describe su cantidad ni  la extensión cultivada.

 

Conforme a lo anterior, encuentra la Delegada que tanto los perjuicios reconocidos como los negados en la sentencia, responden a los elementos de prueba aportados y practicados en el proceso, razón por la que se consideran debidamente tasados.

 

CONCEPTO

 

Con fundamento en lo anterior, esta Delegada respetuosamente solicitará la confirmación de la sentencia de primera instancia, en el entendido de que la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia debe ser responsabilizada por los hechos objeto de demanda, al haberse demostrado que generó un daño anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos, que resulta reparable conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, bajo el régimen de responsabilidad por daño especial.

 

De la señora Consejera,

 

 

ISNARDO JAIMES JAIMES

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado



 

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 1482. Sentencia del 28 de octubre de 1976. M.P.: Jorge Valencia Arango. Las consideraciones expuestas en esa providencia fueron reiteradas por la Sala en sentencia del 13 de diciembre de 2005, expediente 24.671, M.P.: Dr. Alier Hernández Enríquez.

 

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 10392. Sentencia del 25 de septiembre de 1997. M.P. Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros. Las consideraciones expuestas en esa providencia fueron reiteradas por la Sala en sentencia del 13 de diciembre de 2005, expediente 24.671, M.P.: Dr. Alier Hernández Enríquez.

 

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