Beatriz Londoño Toro et al.: “Perspectivas del Derecho Ambiental” ,

 

 

La judicialización del conflicto –las tutelas

 

La primera decisión judicial que aborda el tema de las fumigaciones es la Sentencia SU-67 de 1993 proferida pro la Corte Constitucional.

 

En esta sentencia se examinan, entre otros, dos problemas juridicos importantes i) ¿Es el derecho a un ambiente sano un derecho fundamental o un derecho colectivo?  ii) ¿Procede la acción de tutela para garantizar el ambiente sano en el caso de fumigación con glifosato autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes?

 

El caso fue presentado por el Señor Gerardo Ardila, dirigente de le Alaianza Democrátivca M.19. recien iniciada en  la vida civil, quien dirigió su acción contra  "la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes consistente en la orden de utilizar defoliantes prohibidos, en especial de fumigar con glifosato los cultivos de amapola.” El actor pidio que se ordenara la suspensión inmediata de las fumigaciones  con aquel producto.

 

En la decisón actuaron como ponentes los doctores Ciro Angarita y Fabio Morón quienes representaban dos posiciones contrarias ne materia de proteccion ambiental y acciones de tutela.

 

Luego de múltiples y difíciles debates internos en la Corte, la decisión confirma el fallo del juez de primera instancia (Juez 79 de Instrucción Criminal de Bogotá) que declaró improcedente la tutela por no encontrarse vulneración a derechos fundamentales y por no proceder para la protección de derechos colectivos. Adopta unos principios y criterios para la protección de medio ambiente que siguen siendo de enorme valor en las acciones públicas.

 

En el caso existe un salvamento parcial de voto por unificación ambigua, que fue firmado por el dr. Ciro Angarita en el cuals e expresa que el fallo es “desequilibrado y exhiba un sesgo que ha llevado a la opinión pública a interpretarlo apresuradamente como aprobatorio del uso del glifosato."

 

Diez años después e igualmente en un sentencia de unificación, la Corte Constitucional vuelve  a pronunciarse sobre el tema de la fumigación con glifosato pero en este caso se trataba de la protección de grupos étnicos (Sentencia SU-383 de 2003).

 

El problema que se aborda es ¿?Debe consultarse previamente a los grupos étnicos cuando se va a realizar un programa de erradicación aérea que afecte sus territorios?

 

Esta accion de tutela fue instaurada por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC contra la Presidencia de la Republica y otros y fue Magistrado ponente  el dr. Alavaro Tafur Galvis.

 

LA Corte Contitucional en esa sentencia ordena tutelar el derecho de los pueblos demamndanes a la diversidad etnica y cultural, a la participacióny al libre desarrollo de la personalidad: odena igualmente consultar de manera efectiva y eficiente a los Pueblos Indígenas  y Triblaes de la Amazonía colombiana  sobre las decisiones atinentes alo PECIG que las entidades mencionadas realizan en sus territorios. En relación con la solicitud de suspensión de las fumigaciones en todo el territorio colombiano,  señala que el instrumento adecuado es la acción popular y que en ese momento se encuentra en curso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que tiene dicho objeto.

 

(Beatriz Toro es la actual Vice ministra de Salud del Gobierno Santos )   

 

extracto tomado a junio 2011  de: Google books

 

Otro bilbio:  Beatriz Toro: “Eficacia de las acciones constitucionales en la defensa de derechos colectivos”, Editora Academica,